La financiación de la política, esto es, del proceso político protagonizado por los partidos, es desde hace muchos años una cuestión problemática en las democracias occidentales. La profesionalización de la política, la transformación de las elecciones en grandes operaciones mediáticas y propagandísticas que conllevan enormes gastos, así como el mantenimiento por los partidos de miles de sedes y miles de empleados retribuidos, han dado lugar a unas exigencias de financiación que resultan incontenibles.

Esta financiación de los partidos es uno de los parámetros que configura el sistema político de un país, tan importante como la forma del Estado o el sistema electoral. En los últimos tiempos, en España ha desbordado toda medida razonable. Esto supone una verdadera barrera de entrada para nuevas fuerzas políticas. Entretanto el funcionamiento interno de los partidos existentes

Se concluye así que hay que limitar la financiación pública excesiva que hoy se otorga en España a los partidos políticos, en virtud de leyes aprobadas por ellos mismos, pues desencadena toda una serie de consecuencias absolutamente perversas sobre la vida política, desvirtuando profundamente la democracia. Y hay que cortar por lo sano si se quiere de verdad promover la regeneración de la democracia española.