Estamos ante un análisis excepcional del Proyecto de Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo —“del aborto”—, el más debatido de nuestra democracia. Absolutamente riguroso, el estudio ha sabido mantenerse al margen de apasionamientos de uno u otro signo, en el que se suele caer en esta materia.

El Proyecto de Ley revela una preocupante suma de construcciones de técnica muy deficiente, incompatibles con la seguridad y la certeza jurídicas. Demuestra que el Proyecto de Ley contiene previsiones notoriamente alejadas de la doctrina del Tribunal Constitucional en materia de derecho a la vida. Prueba la inconstitucionalidad del sistema de plazos —eje del Proyecto— y de la pretensión de diseñar un supuesto derecho al aborto. Asimismo, aborda una cuestión poco estudiada: la incorrección jurídica de conceptuar el aborto como una prestación sanitaria, en los supuestos de simple petición de la embarazada y cuando su salud no se halla comprometida.

Cuando se enarbola la bandera de la solidaridad, la desprotección de los más débiles hasta su extinción, sólo ha abierto una brecha insalvable entre la clase política que la promueve y la sociedad que la rechaza.