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La Ley no se aplica por consenso. Se aplica porque es la Ley

La evolución de las relaciones de nuestras comunidades autónomas, en particular las más nacionalistas, con el Gobierno de la Nación (hay que resucitar este concepto aunque algunos se empeñen reiteradamente en enterrarlo), nos ha conducido a un empeoramiento progresivo que está poniendo en riesgo no sólo la unidad de España, sino nuestro propio futuro como país. Conviene, en consecuencia, preguntarse qué es lo que ha pasado y, sobre todo, por qué.

Un Estado de derecho se caracteriza fundamentalmente porque tiene un cuerpo legal que deben respetar todos sus ciudadanos, a los que se obliga a hacerlo sancionándolos con efectividad, contundencia y rapidez si no lo hacen. Si, además, el cuerpo legal ha sido elaborado por un Parlamento elegido democráticamente, según normas internacionalmente aceptadas, nos encontramos ante un auténtico Estado democrático de derecho.

¿En su relación con ciertas comunidades autónomas ha impuesto siempre el Gobierno de España las normas legales vigentes? La respuesta tiene que ser negativa y ha sido así fundamentalmente por dos motivos. El primero, dicho de una manera muy clara aunque políticamente incorrecta, es porque algunas cesiones de competencias que bordeaban la legalidad se hacían para comprar votos necesarios para alcanzar o mantenerse en el poder.

El segundo motivo ha sido el de pensar que un adecuado ‘reblandecimiento’ en la aplicación de la Ley iba a conseguir un paralelo reblandecimiento de la rebelde actitud de la autonomía nacionalista de turno.

La primera actitud se califica por sí misma: bordear la Ley (bordear es un término muy amable) para tales finalidades es pura y simplemente una indignidad, aunque por desgracia se haya hecho en bastantes ocasiones.

La segunda actitud es un grave error, por no decir una estupidez. Históricamente no hay un solo ejemplo de que con concesiones a los partidos nacionalistas se haya conseguido aplacar su permanente reclamación de más autogobierno, y eso simplemente porque su existencia como partidos está íntimamente ligada a su permanente reivindicación.

El actual y gravísimo conflicto con la autonomía catalana ha puesto de manifiesto un problema más, que retarda y parece que impide la correcta aplicación de la Ley: el consenso entre las fuerzas políticas. Resulta ahora que, para aplicar la Ley, el Gobierno de la Nación necesita del consenso de los partidos políticos constitucionalistas. Es decir, que quienes juraron o prometieron respetar y aplicar las leyes, antes de hacerlo se tienen que poner de acuerdo al respecto y, si no lo hacen, no se las aplican a aquellos que con absoluta deslealtad las vulneran (recuerdan aquella inexplicable dejación al aceptar el voto “por imperativo legal”).

Siempre me ha llamado poderosamente la atención el enorme respeto a la Ley que tienen los ciudadanos de las democracias más antiguas y más consolidadas, pero todavía me ha impresionado más la contundencia y la rapidez con la que reaccionan cuando ésta se vulnera, y mucho más, si cabe, si la vulneración puede afectar a los principios constitucionales.

Nuestros políticos hablan mucho de lo que van a hacer, pero a la hora de la verdad, y sobre todo si los temas son conflictivos y temen que les puedan hacer perder votos, hacen muy poco. La razón de la debilidad de nuestra democracia es la falta de valor de nuestros líderes políticos, para los que los votos se han convertido en la suprema, y en ocasiones única, razón de sus decisiones. La gente puede ser engañada por un tiempo, pero a medio plazo sólo los que son consecuentes con lo que dicen y prometen consiguen su apoyo.

Si no fuera por el enorme desasosiego y la tristeza que nos causa la situación de nuestro país en los últimos años, al margen de la innegable bondad de los resultados económicos conseguidos, lo que estamos viviendo parecería, más que un drama, una película de Almodóvar.

Un inteligente y reputado locutor de radio se harta de repetir que en este país no cabe un tonto más. Otros dicen que tenemos los políticos que nos merecemos. Me atrevería a decir, como reacción a cuarenta años de dictadura que gran parte de la población ni siquiera ha llegado a vivir y cuya verdadera historia Rodríguez Zapatero manipuló con perversa habilidad, que lo que tenemos es una sobredosis de buenismo y una notable falta de valor, que algunos llaman prudencia, de nuestros gobernantes para afrontar las situaciones conflictivas y que han debilitado nuestra democracia hasta la crisis actual.

Sin la menor duda, es el momento de defender la soberanía nacional, la integridad territorial de España y la democracia, con la unidad de todos los demócratas, como dicen ahora los políticos llamados constitucionalistas, que es probable que vuelvan a sus peleas a la vuelta de la esquina. Pero también lo es para reconocer los errores pasados, que son los que nos han llevado a la situación actual. Aunque se han cometido muchos y son muchos también los responsables, hay algo que conviene señalar para no volver a repetirlo.

A lo largo de los casi cuarenta años de vigencia de nuestra Constitución, los poderes del Estado tenían la obligación de preservarla de posibles ataques y, llegado el caso, defenderla, y eso hacerlo con eficacia, rapidez y contundencia. ¿Se ha hecho? Los hechos, que son tozudos, demuestran claramente que no.

Una actitud melindrosa, por no decir otra cosa, de nuestros más altos tribunales; un Parlamento, en el que los diputados no son de verdad representantes de todos los españoles, sino que lo son obligatoriamente de sus partidos, y un poder ejecutivo capaz de negociar lo innegociable, han debilitado nuestra naciente democracia y nos han conducido a la triste situación actual.

Después de superar la crisis actual, será el momento de hacer las correcciones precisas para no volver a las andadas. Para eso, sobre todo, hacen falta líderes que, con carácter, ilusión, realismo y valor, pongan el interés de España por delante de sus intereses partidistas y personales y, así, convenzan a la inmensa mayoría de la ciudadanía con su ejemplo de que el cumplimiento de la Ley es un requisito indispensable en una democracia (‘dura lex, sed lex’) y que los españoles, que unidos hemos escrito más de quinientos años de historia, lo debemos seguir haciendo durante muchos más porque será mucho mejor para todos.

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