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¿Regreso al antiguo régimen?

La civilización occidental, mediante la acumulación de experiencias institucionales –reglas de juego de la sociedad– de éxito, ha consagrado un modelo en el que su grandeza moral entrevera el progreso económico y social hasta resultar consustancial con todos los grandes logros de la humanidad a lo largo de la historia.

Entre los muchos, más asentados e indiscutibles principios de nuestra civilización, y más concretamente del Estado de Derecho, cabe señalar –aunque dé vergüenza recordarlo en la España de nuestros días– dos: la presunción de inocencia y el habeas corpus, que cada vez se ven más cuestionados, sin que a nadie parezca importarle mucho.

El habeas corpus es una institución jurídica que se instauró con la Carta Magna y se conformó a partir de entonces como una fórmula que de Inglaterra pasó a otras naciones civilizadas, España entre ellas, con el fin de evitar los arrestos y detenciones arbitrarias asegurando el derecho básico de las personas de ser llevadas a la mayor celeridad a presencia de un juez en caso de detención.

La presunción de inocencia, que forma parte de la Declaración de los Derechos Humanos y fue desarrollada jurídicamente a partir de los estudios del Marqués de Beccaría, padre del derecho penal moderno, a finales del siglo XVIII, así como de los ilustrados e iluministas franceses, se residencia en el artículo 24.2 de nuestra Constitución y establece por principio la inocencia de la persona como regla general, quien sólo a través de un juicio que demuestre su culpabilidad de acuerdo con las leyes podrá ser declarada culpable y recibir las penas o sanciones que corresponda. Como ha establecido nuestro Tribunal Constitucional, esta presunción es una regla de juicio (debe demostrarse la culpabilidad partiendo de la presunción de inocencia) y una regla de tratamiento, es decir, un imputado debe ser tratado como un inocente hasta que recaiga sentencia.

Por otra parte, son bien conocidas las reflexiones de nuestro gran teatro barroco –sobre todo Calderón– acerca de la cualidad social del honor e innumerables las circunstancias históricas en las que ha estado presente para dar sentido a las más diversas peripecias del “ser español”.

El honor personal ha tenido en España a lo largo de nuestra historia –tanto para bien como quizás también para mal– una importancia crucial en el comportamiento de los españoles; hasta el punto de que sea, seguramente, uno de los aspectos mas relevantes de nuestra impronta y personalidad. Un buen ejemplo de ello se produjo en los tiempos en que la Inquisición era más activa en España: así, aunque fue mucho menos arbitraria y exagerada –según las investigaciones mas serias y recientes– de lo que todavía la imaginación popular le asigna, la mayor condena inquisitorial era ser citado por el Santo Tribunal, ya que representaba una secular mancha en el honor incluso si el acusado resultaba libre de culpa alguna. Ya entonces el honor de la persona, que modernamente asociamos a la reputación, se veía mancillado al margen de la ley y la justicia. En nuestro mundo actual, el concepto del honor sigue siendo importante, transmutado en reputación –que es un concepto mucho más light y que tiene más que ver con la imagen que con la verdadera entidad de la persona–, es probablemente el patrimonio intangible más valorado por cualquier persona que desempeñe una actividad que le relacione con los demás.

La filtración de acusaciones en procesos que en la mayor parte ni siquiera han concluido sus investigaciones preliminares, que se elevan a verdaderas pruebas de juicio sin que el mismo se haya celebrado, en tanto que el sistema judicial puede mantener abierta la fase de instrucción de los mismos por un tiempo sin fin –algo inaudito, pues no existe tarea profesional alguna en la que los plazos de terminación no existan y queden a la merced discrecional del responsable de la misma, que siempre se escudará en la “falta de medios”– es una grave enfermedad institucional –por no ser más severos– que no debe ser tolerada por más tiempo. Sus responsables, sean quienes sean –políticos, responsables de la comunicación de los órganos judiciales o gubernamentales, funcionarios o autoridades– son auténticos corruptos que desvelan a otros corruptos por razones que se escapan a la ciudadanía, y deberían ser perseguidos, investigados y castigados con el mismo ahínco con que ellos condenan a presuntos inocentes –no a presuntos culpables– a la llamada “pena de telediario” y a la pérdida prácticamente definitiva de su reputación, sean o no culpables al final de un juicio justo.

En efecto, a las citadas “vergüenzas de nuestra justicia” (lentitud, falta de medios, politización…), se añade la transmisión en directo por televisión de auténticos programas inquisitoriales al servicio de una justicia popular en tiempo real, perfectamente planificados y programados por el Gobierno –la única instancia que tiene capacidad para hacerlo– sin que a nadie del Gobierno le produzca el mínimo sonrojo esta forma de actuar, que al final deja por los suelos la honra de las personas e invalida los derechos constitucionales fundamentales de las mismas.

Por otra parte, las prisas políticas para atajar la corrupción han dado lugar a la creación de departamentos de las fuerzas de seguridad, policiales o de la Guardia Civil, de investigación especializada en delitos “de cuello blanco” que han terminado, por las razones de mal funcionamiento indicadas, suplantando en buena medida el espacio judicial hasta el insólito caso, cada vez más repetido, de que las fuerzas de seguridad así organizadas, como ha quedado señalado más arriba, califican jurídicamente a personas y situaciones (“organización criminal”, “asociación para delinquir”, “entramado de sociedades”, etc.) sin siquiera esperar que el Juez califique los hechos y las conductas cuando cierre el sumario de la causa abierta, y lo que es aún peor, el juez o los fiscales anticorrupción terminan asumiendo lo actuado en muchos casos, sin someterlo a una crítica razonada. De ello ya se quejaba un exfiscal general del Estado.

A las modas de las filtraciones a los medios de comunicación, las transmisiones por televisión de las detenciones por parte de la Justicia y las Fuerzas de Seguridad y la confusión de funciones entre ambas instituciones que se acaban de reseñar, hay que añadir desde hace algún tiempo a los responsables de Hacienda, que cada vez con mayor frecuencia sacan a la luz informaciones estrictamente unilaterales, no aceptadas por los interesados, que las pueden recurrir administrativa y contenciosamente, no necesariamente constitutivas todavía de actas de inspección que lleven aparejada presunción de certeza, ni por supuesto resueltas por un tribunal de justica –que tiene la última palabra y no Hacienda, felizmente– con la obvia intención de alimentar la ira popular contra ciertos “defraudadores”, no contra todos, de lo que ha habido algún ejemplo reciente en procesos mediáticos que se han saldado con resultados opuestos.

Lo que se acaba de describir, viniendo de largo, se ha visto incrementado exponencialmente en los últimos tiempos, hasta el punto de estar sentando las bases del regreso a un pasado –el del “antiguo régimen–, es decir, sin normas civilizadoras, o a situaciones que todavía hoy están presentes en demasiados países –¡subdesarrollados, claro!– de la tierra.

Que en la España de nuestros días tengamos que recordar, por múltiples y crecientes motivos, el derecho al honor, la presunción de inocencia y hasta el habeas corpus, es algo muy serio y sobre lo que la sociedad civil debiera interesarse y posicionarse seriamente ante la palpable irresponsabilidad de los políticos.

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