Se revisa el modelo de justicia que instituye la Constitución al recuperar la separación de poderes, justificando su desvinculación tanto de la esfera del Ejecutivo — través del estatuto básico de Jueces y Magistrados— como de la estructura territorial interna del Estado y de la función de declaración de inconstitucionalidad de las Leyes.

Sin embargo un diagnóstico del estado actual de nuestra Justicia revela su vinculación tanto al Ejecutivo como a las Comunidades Autónomas. A ello se suma un Tribunal Constitucional lastrado por la presencia del recurso de amparo y sometido a fuertes influencias políticas que merman la independencia de sus decisiones.

Así, se proponen una serie de soluciones. Gravitan en torno a la relación de Ejecutivo con el Consejo General del Poder Judicial —elección de sus miembros y redefinición de sus funciones y competencias— y con el Ministerio Fiscal, debiendo avanzarse en su autonomía funcional e independencia de criterio. Se hace necesaria la reorganización interna de Juzgados y Tribunales, la limitación del papel de las Comunidades Autónomas a prestar los recursos que exige el desempeño de la función jurisdiccional y la dotación de medios suficientes por parte del Estado. En relación con el Tribunal Constitucional las medidas serían la discrecionalidad en la admisión de los recursos de amparo y la de dar prioridad a la tramitación de los recursos y cuestiones de inconstitucionalidad.

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