La demanda de regeneración democrática de nuestro sistema político es un clamor popular. La imprescindible reforma pivota sobre dos ejes: el funcionamiento de los partidos políticos y la revisión del sistema electoral.
Concebidos por el artículo 6 de nuestra Constitución como cauce principal para la participación de los ciudadanos en la vida política, lo que impone que su funcionamiento interno sea de democrático, los partidos han evolucionado hacia un modelo caudillista, cerrado y endogámico. La calidad de las personas que acuden a la acción política es cada vez más baja, a lo que se suma la escasez de ideas en que desembocan unas organizaciones en que el debate es apenas existente.
Se trata de una situación que el sistema electoral de listas bloqueadas y cerradas sólo viene a agravar, con unas circunscripciones excesivamente amplias en muchos casos, mermando la representatividad de unos representantes ya de por sí desvinculados de sus electores, ante quienes no responden directamente.
Se propone así la revisión del sistema de elección de candidatos por los partidos, la revisión del tamaño de las circunscripciones y los escaños asignados a cada uno y la combinación de las exigencias de representatividad que otorgan los sistemas electorales proporcionales con las ventajas de gobernabilidad que proporcionan los de tipo mayoritario. Ante la petición unánime de reforma, nuestros líderes permanecen sin embargo mudos.
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