Desde los años 60 hasta hoy la sociedad española ha multiplicado su PIB per cápita en paridad de poder de compra por algo más de ocho, un ritmo sólo análogo al nipón. Sin embargo el desarrollo tiene costes, como la tendencia a crear déficit público, por parte de políticos que buscan respaldo electoral.
Hemos construido un edificio imposible de mantener en pie, con un déficit exterior preocupante y un fuerte desempleo. Somos incapaces de reducir los diferenciales de inflación ni de mejorar nuestra capacidad competitiva, así a través de la contención salarial, requisitos que impone la ineludible permanencia en el euro. Aumentar la productividad de los factores —incluido el factor trabajo—, debe acompañarse de un esfuerzo tecnológico que redundará además en la mejora de la calidad de vida de la población. Es un reto al que subyace el de la mejora en nuestro sistema educativo.
Se plantean hasta doce retos: la reforma institucional, de la Administración Pública y del mercado laboral; la reorientación del gasto público hacia las infraestructuras que aumenten la productividad, incluido el planteamiento racional de transportes y comunicaciones; el acceso a una energía abundante y barata; la supervisión eficaz de los mercados financieros; la vuelta a la unidad de mercado, la reducción de la presión tributaria sobre salarios y rentas de sociedades y el control del despilfarro público además de la reforma del sistema de bienestar, incluido el insostenible sistema de reparto que rige para las pensiones.
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