Al margen de otros aspectos sobre la organización territorial de España que han cobrado gran actualidad en razón, sin duda, a las últimas decisiones adoptadas por el Gobierno de Italia para tratar de paliar los efectos de la crisis que se cierne sobre el país alpino, viene siendo un tema recurrente en el nuestro el relativo a las comunidades autónomas, a las competencias que asumen, al gasto que originan y, en definitiva, a la forma y manera en que se desarrolló la organización territorial del Estado prevista en el título VIII de la Constitución española de 1978. En estos momentos, las reiteradas llamadas de atención por parte de los organismos e instituciones internacionales que tratan de encauzar la enorme crisis financiera existente a nivel global y que en España presenta signos un muy alarmantes, sobre el desbordado gasto y déficit que comporta el mantenimiento de aquellas autonomías, se erigen en motivo que justifica, sobradamente, una nueva reflexión sobre el tema de referencia.