Álvaro Rodríguez Bereijo, expresidente del Tribunal Constitucional (TC), señaló durante su participación en la Sesión Plenaria del Foro de la Sociedad Civil el pasado 11 de octubre que “el verdadero desafío de la Constitución es cómo prevenir la ruptura de la unidad territorial del Estado”.

El magistrado considera que España se encuentra en este momento “en una verdadera encrucijada” debido a las dificultades existentes para alcanzar un consenso que permitiera la reforma del texto constitucional.

Rodríguez Bereijo considera que la situación actual requeriría de un TC “reconocido y respetado por todos por su auctoritas” y de “una jurisprudencia constitucional clara y firme en la fijación de los límites constitucionales de un Estado tan peligrosamente abierto a la dinámica política como es nuestro el autonómico”.

El expresidente del TC cree que este órgano “debe precaverse del riesgo de las ‘mutaciones constitucionales’ por la vía de una interpretación jurisprudencial ‘creativa’ de la Constitución, más allá de lo que resulta del texto en su conjunto”.

Rodríguez Bereijo se pregunta “cómo es posible que una institución vital para la suerte de la Constitución, en lugar de ir consolidando su posición, se vea progresivamente menoscabado con obstáculos de todo tipo, a los que encuentra cada vez mayores dificultades para dar respuesta”.

En su opinión, “el Gobierno y los partidos políticos no han vacilado en instrumentalizar el TC, convirtiéndolo en el tablero de su particular contienda política, con olvido, y aun desprecio, de su alta función de Estado”.

Rodríguez Bereijo precisó que el silencio de la Constitución respecto de la significación y alcance de “la distinción entre nacionalidades y regiones dentro de la unidad indisoluble de la Nación española del Título I y a su secuela: la apertura y relativa indefinición del Título VIII respecto de una organización territorial del Estado acabada” (que late en el fondo de la deriva separatista) es una omisión querida por los constituyentes que no puede ser alterada sino por una reforma explicita de la Constitución.

Sobre una posible Ley de Amnistía que afecte al “golpe contra el orden constitucional promovido desde el Gobierno y el Parlamento de Cataluña”, para el magistrado esta medida supondría “deslegitimar la propia Constitución, dejándola inerme ante sus agresores, que no han dejado de repetir que lo volverán a hacer”.

Para Rodríguez Bereijo, “lo que ha puesto de manifiesto el intento de golpe de Estado secesionista del Gobierno y del Parlamento de Cataluña de septiembre-octubre de 2017, y lo acontecido desde entonces hasta hoy, es que el pacto constitucional originario de 1978 implícito en el artículo 2º de la Constitución significó para los nacionalistas catalanes, y acaso también para los vascos, tan sólo un aplazamiento de la cuestión constituyente; un compromiso destinado a romperse tan pronto como las circunstancias políticas lo permitieran, pero no una aceptación común y compartida de la integración constitucional de España como nación”.

Según el expresidente del TC, “España, para la Constitución, no es una nación de naciones, ni tampoco un Estado plurinacional. Desde el punto de vista jurídico-político, no hay en la Constitución otra nación que España”.

Sin embargo, alerta de que “la pérdida de normatividad de la Constitución en lo que a la estructura territorial del Estado se refiere y la sustitución del Derecho de la Constitución por la Política y la fuerza normativa de los hechos” supone un peligro claro.