En mi última columna destacaba el creciente movimiento de opinión favorable a una reforma de la Constitución de 1978 para modificar el régimen autonómico en ella previsto.
Seudo-federalismo del Estado de las Autonomías
Según Luis López Guerra, el Título VIII de la Carta Magna no dibuja un mapa preciso sobre la configuración de las CCAA o la atribución de competencias a las mismas. Se limita a establecer un marco jurídico que se ha visto completado por las fórmulas de organización diseñadas por los Estatutos de Autonomía, las leyes orgánicas estatales y la jurisprudencia del TC. Se ha ido creando así un “acervo autonómico”, que ha llevado a la ampliación del techo competencial a los niveles máximos permitidos y que ha adquiridostatus cuasi constitucional. El modelo territorial presenta un carácter abierto, pues el Estado ha renunciado en la práctica al procedimiento de “armonización” y ha recurrido generosamente al artículo 150-2, que permite transferir a las CCAA “facultades correspondientes a materias de titularidad estatal que, por su propia naturaleza, sean susceptibles de transferencia o delegación”.
El Estado de las Autonomías contiene elementos cuasi federales vergonzantes que han permitido a algunas CCAA exceder en competencias a Estados federales, sin que se disfrute de las ventajas del carácter igualitario y cerrado del federalismo. Como ha observado Jorge de Esteban, el reparto de competencias se halla claramente establecido en una Constitución federal, que está por encima de las Constituciones federadas, al regir la “cláusula de la supremacía federal”, por la que -en caso de conflicto entre una norma federal y otra de un Estado federado- prevalece la primera. El Estado de las Autonomías es una caricatura del Estado federal, porque la Constitución no especifica las partes que lo componen, ni fija las competencias de las CCCA -desarrolladas en los distintos Estatutos-, e incluye asimetrías como las prevista en la disposición adicional 1ª, que ampara los derechos históricos de los territorios forales. A los constituyentes se les fue con ello la mano cuando -para conseguir el apoyo de Euskadi- reconocieron sus derechos históricos y sus privilegios fiscales, sin lograr pese a ello el respaldo del pueblo vasco a la Constitución, aunque sí se lo diera al Estatuto de Autonomía de Guernica de 1979. También consagra la Carta Magna los “hechos diferenciales” de las comunidades históricas, que -según la sentencia del TC de 2010 sobre el Estatuto de Cataluña- permiten situaciones singulares en relación con el derecho civil, la lengua y la cultura, la proyección de éstas en el ámbito de la educación, y los sistemas institucionales propios.
Exigencias de la “Generalitat” en contra de la Constitución
El carácter abierto de la Constitución y la indefinición de lo que debería ser el final del proceso autonómico han hecho –en opinión del ex-Presidente extremeño Guillermo Fernández Vara- que la necesaria moderación haya sido sustituida por una reivindicación permanente de las CCAA. El Gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero cedió a la presión de los nacionalistas y –a cambio de su apoyo puntual para mantenerse en el poder- accedió a transferirles competencias de titularidad estatal. El caso más paradigmático fue la reforma del Estatuto de Sau –apoyado en su día por una aplastante mayoría del pueblo catalán- que, pese a las amplias atribuciones que, forzando la Constitución, concede a la Generalitat –lo que fue condonado en gran medida por el TC-, ha sido considerada insuficiente y provocado un artificial enfrentamiento entre Cataluña y el resto de España. El Presidente Artur Mas ha exigido la concesión de un régimen fiscal privilegiado como el que gozan el País Vasco y Navarra, y -cuando el Presidente del Gobierno central le ha dado una fundada respuesta negativa- se ha pronunciado por la vía secesionista en contra de la Constitución y del “seny”. Dando prueba de deslealtad institucional, Mas ha lanzado su órdago anticonstitucional y antiespañol en un momento especialmente delicado para la Nación, como hizo en 1975 Hasan II al iniciar la “marcha verde” contra el Sahara Occidental aprovechándose de la agonía del entonces Jefe del Estado. Y no lo ha hecho por casualidad, sino con plena consciencia, como cabe deducir de sus palabras: “España pasa por un momento de debilidad. Está contra las cuerdas y desacreditada internacionalmente”.
Según el profesor Rafael Domingo Oslé, resulta repudiable cualquier forma de oportunismo partidista de rentabilizar políticamente la aguda crisis económica que atraviesa España. Si algo no pueden hacer los políticos catalanes es azuzar al pueblo catalán con el fin de alimentar unos sentimientos independentistas trasnochados. Además de que Cataluña ha sido co-responsable de la crisis que está atravesando el país, el “kamikaze” Mas no parece comprender que el hundimiento de España provocaría asimismo el de Cataluña. Me recuerda el viejo cuento árabe en el que –adaptándolo a las circunstancias- un escorpión nacionalista le pidió a un toro españolista que le ayudara a cruzar el Ebro, a lo que éste se resistía por temor a un posible picotazo. El escorpión lo convenció argumentando que, si tal hiciere, moriría, puesto que no sabía nadar. En medio de la travesía se produjo el fatal picotazo y, cuando el toro le preguntó mientras se hundían “¿pero, por qué?”, el escorpión le contestó:”Es mi condición. Esto es Catalunya”. Como ha señalado Victoria Prego, los nacionalistas creen que ahora pueden hacer su apuesta final, porque la dimensión de la crisis y la inestabilidad de los acuerdos con Europa han debilitado dramáticamente la fortaleza moral del país. CIU y PNV han pactado hacer una pinza, y pasar a España por el exprimidor, hasta que reconozca que es un Estado plurinacional.
Necesidad de lealtad institucional
El socialismo anda a la deriva. Mientras el Presidente de Andalucía, José Antonio Griñán, afirma que el Estado de las Autonomías no puede “estar abierto permanentemente” y debe ser sustituido por un modelo federal, y que la soberanía nacional no es fragmentable, el Programa Electoral del PSC reclama el “derecho a decidir” del pueblo catalán y propugna una “Federación de Naciones”, que tiene más de confederación que de federación. Pedro J. Ramírez ha urgido la reforma de la Constitución para reducir el coste del modelo territorial, reforzar los poderes del Estado y diferenciar al País Vasco, Cataluña y Galicia del resto de las autonomías. El problema es ¿quién le pone el cascabel al gato constitucional? Es generalmente aceptado que para reformar la Constitución se debe requerir el mismo grado de consenso que se obtuvo para su adopción, lo que resulta casi imposible lograr en la actualidad. Si ello fuera posible, me inclinaría por un federalismo cooperativo como el de Alemania. Aunque sea partidario de fortalecer las competencias del Estado y de restringir el desmadre de las CCAA, no estoy, sin embargo, de acuerdo con acordarles un tratamiento asimétrico distinto al que ya les otorga la Constitución: trato diferencial en relación con el derecho civil, la cultura, la lengua, la educación y la estructura institucional. Con la excepción del régimen fiscal especial para el País Vasco y Navarra –que ojalá se pudiera suprimir-, no hay razón que justifique la introducción de “asimetrías sobrevenidas”, como pretende Cataluña en los ámbitos fiscal, aduanero o de la Seguridad Social. Según Ignacio Camacho, el Estado de las Autonomías no tiene problemas de simetrías o asimetrías, sino de lealtad o deslealtad. Una eventual asimetría no frenaría el soberanismo, pues los nacionalismos tratan de sobrepasar la Constitución y no habrá una solución justa mientras subsista su deslealtad al proyecto de convivencia común. Es lamentable que, en los momentos tan delicados que vive España, la asimetría constitucional prevalezca en Cataluña sobre la lealtad institucional.
