El Foro de la Sociedad Civil pide que se redacte y apruebe una Ley Orgánica que establezca la necesidad de que, al igual que en las sociedades privadas, partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales estén obligados a auditar anualmente sus cuentas en forma similar a como lo hacen las sociedades privadas. Dicha auditoría debe ser realizada por el Tribunal de Cuentas o por las entidades habilitadas para ello por el propio Tribunal, que estén debidamente homologadas y registradas. La auditoría tendría que hacerse necesariamente entre el cierre del ejercicio y el 30 de junio del año siguiente, y debería ser depositada en un registro especial del Tribunal de Cuentas, al que puedan tener acceso todos los ciudadanos, en una forma similar a lo que se hace con el Registro Mercantil.

Desde el Foro se propone que dicha auditoría contemple los siguientes términos:

a) La cuantía de las subvenciones directas e indirectas percibidas por los partidos políticos, los sindicatos y organizaciones empresariales por todos los conceptos.

b) El número de sindicalistas liberados total o parcialmente de su trabajo, y su coste para las empresas y administraciones públicas.

c) El número de empleados contratados por los partidos políticos en todo el territorio nacional y su coste.

d) Los préstamos que los partidos políticos hayan recibido de las entidades financieras, los intereses pagados por ellos, y el tiempo transcurrido hasta su cancelación.

La razón de nuestra propuesta

En una situación de crisis económica como la que padece España en estos momentos, con más de 4 millones de parados, cuando el Gobierno ha anunciado reducciones en las pensiones y los sueldos de los funcionarios, cuando ha anunciado nuevos incrementos de impuestos, la sociedad española tiene derecho a una mayor transparencia sobre cómo se gasta el dinero de sus impuestos y el deber de exigirla. Por ello, parece absolutamente imprescindible garantizar una mayor transparencia sobre este capítulo del gasto público. Para ello, se debe conocer la cuantía y destino de las subvenciones, el número y coste de los liberados sindicales, y el número y coste de los empleados por los partidos políticos y por los sindicatos.