Uno de los más graves problemas de la sociedad española es el paro juvenil. No digo de la economía, que también; digo de la sociedad. En farmacología se habla de efectos secundarios. También en economía existen esos efectos derivados de determinados hechos. Cualquier clase de paro es grave, sobre todo cuando alcanza ciertos niveles, y vamos camino del 27% de la población activa.
Lo que sucede con el paro juvenil es que no agota sus efectos perniciosos en la sociedad actual, sino que los proyecta sobre el futuro de esa misma sociedad, afectando a su economía, sí, pero, sobre todo, a su “calidad”. A las consecuencias del ya irreversible envejecimiento de la población española (aumento progresivo de la tasa de dependencia y colapso del llamado Estado de Bienestar, por mencionar sólo algunas de las de carácter económico), se han de añadir las propias del actual desempleo juvenil. Jóvenes parados equivale a menores cotizaciones sociales (para subvenir a las necesidades actuales del sistema de Seguridad Social, y también a las que en el futuro tendrán los propios jóvenes que ahora carecen de trabajo), menor recaudación impositiva (con su correspondiente impacto en el déficit público) y, es éste un fenómeno nuevo y dramático, una hemorragia emigratoria en tan esencial segmento de nuestra población, con la consiguiente pérdida de eso que llaman “capital humano”, tan costoso de conseguir y tan antieconómico de “exportar”.
Los datos del problema
El paro juvenil se ha más que triplicado en España desde el inicio de la crisis. En 2007, ascendía al 18,2% de los jóvenes con edades entre 16 y 20 años. En 2012 se ha situado en el 53,2%. Y no se diga que no es un fenómeno peculiar español, porque la media UE-27 se sitúa en el 22,8%. En Alemania, durante el mismo periodo, ha sucedido exactamente lo contrario: desde el 11,9% ha descendido al 8,1%. Únicamente Grecia nos supera en esta lacra, con un 55,4%. No es un consuelo, desde luego. Hasta Rumania se encuentra prácticamente en la media del eurogrupo, con un 22,7%. En cuanto a la solidez de la situación laboral de nuestros jóvenes comprendidos entre los 15 y 24 años, la temporalidad contractual afecta al 61,4%, siendo la media de la OCDE del 25,3%. En el Reino Unido, por ejemplo, es del 13,5%. Claro que en Eslovenia alcanza la cota del 74,5%. Tampoco es consuelo. Por último, hace poco más de un año FENAC informaba de que más de 300.000 jóvenes españoles mayores de 18 años habían emigrado desde 2008.
¿Cuáles son las causas de semejante panorama? Aparte de los efectos devastadores de la recesión sobre el empleo en general, el de los jóvenes tiene sus propias motivaciones estructurales. No es necesario recordar el proceso de degradación de nuestro sistema educativo durante los últimos decenios. Es de sobra conocido. Basta con reparar en los datos del Informe PISA-2009 para constatar la baja calidad de dicho sistema. Las capacidades de los alumnos españoles de 15 años de edad basadas en el conocimiento, la experiencia y los valores, así como en su competencia en lectura, matemáticas y ciencias, los sitúa en un deslucido puesto en el ranking de los países de la OCDE, siempre por debajo de la media. Y en cuanto al fracaso escolar, habida cuenta de los cada vez más elementales contenidos curriculares y la relajación en los criterios de exigencia (se puede acceder al título de ESO ¡con tres asignaturas suspensas!), la situación no es mejor: el 31,2% de los jóvenes entre 18 y 24 años no llegó a completar sus estudios secundarios, cuando la media UE-27 está en el 14,4%, y en Eslovenia en el 4,9%.
Lo paradójico es que, en 2012, el 40% de la población española con edades comprendidas entre 30 y 34 años de edad poseía estudios superiores (4,2 puntos por encima de la media UE-27), siendo esta tasa en Alemania del 32%. Probablemente tal hecho no sea ajeno a lo que el profesor César Nombela denomina la “burbuja universitaria” española, dada la disparatada proliferación de universidades públicas y privadas en nuestro país.
Son numerosos los arbitrios propuestos tanto para la generación de empleo juvenil (incentivos a emprendedores, recuperación de los contratos de prueba, etc.) como para la mejor adecuación entre el sistema educativo y las necesidades del sector productivo. Así, la implantación del modelo de formación profesional dual seguido en Alemania por el 60% de los escolares, el cual combina el aprendizaje teórico con la formación práctica en un determinado puesto de trabajo, asumiendo la Administración pública el coste de la educación y satisfaciendo las empresas una determinada compensación salarial. El éxito de este sistema lo confirma el hecho de que la mayoría de los alumnos-aprendices alemanes termina por integrarse en las plantillas de las empresas donde han adquirido sus destrezas laborales.
Algo en verdad sorprendente. De Marañón a Marías
De modo que ofrecemos la más alta tasa de desempleo juvenil de la UE, una de las más elevadas de jóvenes con estudios superiores (a pesar de la escasa calidad de nuestro sistema educativo básico, según lo demuestran el índice de fracaso escolar y los resultados de los informes PISA), un volumen de emigración de titulados universitarios que constituye, literalmente, una sangría ruinosa, y, todo ello, coincidiendo -lo sabemos bien quienes, por oficio, tenemos contacto asiduo con las sucesivas generaciones de damnificados- con una juventud española efectivamente ocupada que es víctima de lo que podríamos llamar hiperlaboralización, así como objeto de fraudulentos modos de relación laboral. Ciertamente, nuestros jóvenes postgraduados no conocen jornada finita de trabajo, ni –como diría el insigne alavés don Francisco de Vitoria-, disfrutan de “días feriados”, ni de vacaciones previsibles y completas. La revolución de las TIC -la Blackberry corporativa a la que se encuentran encadenados, y los demás artilugios que hacen imposible su total desconexión del trabajo-, les impide el descanso y la razonable conciliación con la vida familiar. Para colmo, hace tiempo que se inventó la transformación de los contratos de trabajo por cuenta ajena en meras relaciones de prestación de servicios a cargo profesionales llamados dependientes, es decir, de trabajadores que trabajan para un sólo cliente -su antiguo empleador-, con el fin de aligerar cotizaciones sociales a cargo de la empresa y eventuales indemnizaciones por despido. Un auténtico fraude de ley, vamos.
O sea, que buena parte de nuestra juventud más cualificada se ve forzada a la emigración. ¿Se habrá ido para no volver? Y esto es a lo que la ministra Báñez llama “movilidad exterior”. En tanto los jóvenes que encuentran trabajo en España quedan sometidos a la antedicha hiperlaboralización. Así las cosas, resulta inevitable recordar lo que decía Marañón: “Hay que redistribuir el trabajo antes que la renta”. Y también lo que, con actitud propia del filósofo, manifestaba Julián Marías: “No comprendo cómo puede haber paro habiendo tantas cosas por hacer”.
