La situación política, que anticipa la próxima convocatoria de elecciones generales, concreta el fin de una legislatura que podría calificarse, sin error, como el invierno de nuestra democracia. El cúmulo de actos de arbitrariedad, declaraciones huecas, promoción del antagonismo social y sensación de desgobierno, ha marcado unos años en los que las tragedias propias e importadas han evidenciado los valores de una solidaridad latente en millones de ciudadanos. Pero ese no es el asunto que guía habitualmente mi participación en el Foro de la Sociedad Civil, sino una visión divulgadora de temas energéticos. Por eso repasaré los hechos de la gestión de lo concerniente a la energía, un área de gobierno conducida con soberbia, cuyos efectos dejarán una huella difícil de reparar.
Se ha diseñado una transición energética sin contemplar las necesidades de nuestro tejido industrial ni el efecto sobre la competitividad de nuestras empresas, y con dogmatismo ideológico sobre las fuentes de generación de electricidad. En diversos aspectos se han endurecido metas de la propia Unión Europea entre las que resalta la eliminación programada de la electricidad nuclear y la fabricación de vehículos con motores de combustión interna. Si no se revierten ambas decisiones pasando a ocupar el lado de los que defienden ambos sectores en el paisaje europeo, la industria española situará su contribución al PIB por debajo del 15%, con pérdida de miles de puestos de trabajo cualificado y escasas oportunidades de maridar industria y digitalización.
En la electricidad está el principio de todo. Confiar la generación eléctrica a fuentes renovables es una necesidad, pero la moderación en la dependencia exterior exige racionalizar la gestión de nuestras redes, promoviendo el equilibrio necesario en las fuentes de generación. Solo las centrales térmicas garantizan capacidad en las redes para absorber la generación discontinua de las renovables eólica y fotovoltaica; ello supone asumir la necesidad de una generación permanente, “de base”, con cuya garantía de estabilidad sea posible confiar en otras aportaciones. Si se elimina la energía nuclear habrá que recurrir al carbón –ya proscrito para evitar el calentamiento atmosférico y recurso de urgencia en Alemania al cerrar sus centrales nucleares– y al gas natural, en el que se concentra una dependencia exterior, mal gestionada por incapacidad diplomática, y efectos coyunturales de coste por conflictos en áreas de suministro. Ha sido, probablemente, la peor decisión adoptada y la que más daño venidero va a causar, tanto a nuestra economía como a la oportunidad de incorporarnos a la corriente de estandarización de los nuevos reactores nucleares ante la que nuestro nivel industrial está plenamente capacitado.
Por otra parte, eliminar a fecha fija la producción de vehículos de combustión con carburantes tradicionales, afortunadamente corregida por la UE, supone un mal a plazo fijo, que repercute en una de las actividades más competitivas del país, junto con un factor adicional de dependencia exterior. Con claridad pedagógica lo han manifestado los directivos de Repsol, cuyo foco en la sostenibilidad contempla transiciones moderadas y confianza en la ciencia; desgraciadamente, nuestra política aborda el abatimiento de un parque de más de 22 millones de vehículos que habrán de sustituirse por otros supuestamente no contaminantes en los que la gestión de las baterías usadas –cuya fabricación va a exigirnos depender de componentes extranjeros y cuyas materias primas serán objeto de conflicto con los ecologistas de la minería– será más problemática que la de los neumáticos. Dos decisiones de calado, cuyo impacto nos hará más dependientes, por abuso de ignorancia.
Otras decisiones de coyuntura, cuyos efectos hemos sufrido de inmediato, han estado vinculadas a la inacción y a la torpeza. La guerra de Ucrania, en febrero de 2022, y el conflicto de Irán han contribuido al incremento de los precios del gas natural y del crudo, y la falta de sentido económico de nuestros dirigentes no vio el impacto en la cadena de valor de casi todos los bienes por el precio de los carburantes. Tardaron en actuar sobre las franjas fiscales del precio y lo hicieron con abusiva complejidad burocrática, desatando costes insoportables en la electricidad y el transporte, verdadera causa de la inflación. La desastrosa complacencia con Marruecos supuso una beligerancia de Argelia que ha destruido el comercio bilateral y contingentado el suministro de gas natural canalizado; nadie explicó, hasta dos años después, el estado de situación que podría recuperarse con nuevos acuerdos. Solo sabemos que hemos seguido comprando a Rusia cuando en Europa se ha recomendado eliminarles como proveedores, que incrementamos compras de GNL en Estados Unidos y que suministramos electricidad a Francia y a Marruecos con precios artificiales porque decidimos, contra Europa, poner topes transitorios al precio del gas, que pagaremos los españoles más tarde en calidad de déficit acumulado –otro más– de un Gobierno para olvidar.
A los problemas de una generación dopada en las fuentes renovables que han dado lugar a fenómenos de corrupción administrativa, se une la crisis de la red de transporte, cuya gestión se ha doblegado por decisiones políticas, causa de un “cero” dramático aún pendiente de explicación. No estamos ante una incompetencia técnica –con demostración de solvencia al gestionar la recuperación de la red–, sino ante una incursión demagógica en la configuración de un alarde de las renovables en el “mix” que precedió al apagón. Mientras tanto, decenas de proyectos industriales y promociones de viviendas carecen de permisos para conectarse a una infraestructura que se ha gestionado como la de los trenes de alta velocidad.
Las evidencias muestran una gestión de la energía que se aparta, en España, de los principios de consenso de la UE –paradójicamente tutelados por una española– y cuya contribución al progreso de nuestra industria y nuestra economía está siendo nula. Ya ha costado reputación; queda mucho trabajo por hacer.
