TRIBUNA DE LA SOCIEDAD CIVIL DE ESPAÑA

Actualidad

La persistente negativa británica a descolonizar Gibraltar (José Antonio de Yturriaga)

El Primer Ministro británico, David Cameron, defendió el pasado día 25 en Estrasburgo, ante el Parlamento Europeo, el derecho de la población de Gibraltar a la libre determinación al afirmar:”Este pueblo -que forma parte del Reino Unido- quiere mantener su estatuto. Yo no hablaría de descolonización, sino de una recolonización si actuamos en contra de sus deseos”. El Ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo le contestó reafirmando la voluntad de España de reanudar las negociaciones sobre la soberanía de la colonia, aunque sólo con Gran Bretaña, y su intención de no seguir hablando de cooperación si no se avanzaba en el tema fundamental de la soberanía. Añadió que, para discutir de la cooperación con el Peñón, había que contar con las autoridades del Campo de Gibraltar y de la Junta de Andalucía. Fuentes del Gobierno británico replicaron, a su vez, que el Reino Unido no hablaría con España sobre la soberanía del Peñón sin el visto bueno de las autoridades gibraltareñas.

Breve historia de Gibraltar
El contencioso hispano-británico se prolonga desde la ocupación de Gibraltar en 1704 por una flota anglo-holandesa, en nombre del Archiduque Carlos de Austria, aspirante al trono de España durante la Guerra de Sucesión. La ulterior anexión de la roca por parte de Gran Bretaña fue legitimada por el Tratado de Utrecht, de 13 de Julio de 1713, con el que España pagó un desorbitado precio por el dudoso privilegio de ser regida por un Borbón. Por el artículo X de dicho tratado, España cedió en perpetuidad al Reino Unido “la entera y plena propiedad de la ciudad y el castillo de Gibraltar, juntamente con su puerto, defensas y fortalezas, sin jurisdicción territorial y sin comunicación alguna abierta con el país circunvecino por parte de tierra”. Se incluyó una importante cláusula de salvaguardia:”Si en algún tiempo a la Corona de Gran Bretaña le pareciera conveniente dar, vender o enajenar de cualquier modo la propiedad de la dicha ciudad de Gibraltar, …se dará a la Corona de España la primera acción antes que a otros para redimirla”. Los 4.000 habitantes del Peñón fueron trasladados a San Roque, a unos 3 kms de la línea fronteriza, donde se establecieron “provisionalmente”.
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Por razones humanitarias, los débiles Gobiernos españoles permitieron la presencia británica en parte del istmo que une el Peñón con el resto de la Península. Gran Bretaña consolidó esta presencia y, en 1909, erigió una verja, que se convirtió de” facto” en la línea divisoria con España. Existen, por tanto, dos Gibraltares: el cedido por España en el Tratado de Utrecht y el unilateralmente anexionado por Gran Bretaña en el istmo -en flagrante violación del Tratado de Utrecht-, que carece de cobertura jurídica internacional. En esta parte del istmo construyó ilegalmente el Gobierno británico el aeródromo militar de Gibraltar, también utilizado en la actualidad para vuelos civiles.
El tema de Gibraltar en la ONU
En 1946, Gran Bretaña incluyó Gibraltar en la Lista de Territorios no
Autónomos de la ONU y en 1963 se planteó el tema de Gibraltar ante el Comité de los 24. En 1966, la Asamblea General –en su resolución 2231(XXI)- pidió a España y a Gran Bretaña que mantuvieran negociaciones sobre la descolonización de Gibraltar “teniendo en cuenta los intereses de la población del territorio”. En 1969, Gran Bretaña otorgó una Constitución a Gibraltar, en cuyo preámbulo se establecía lo siguiente:”El Gobierno de Su Majestad nunca concertará acuerdo alguno por el que el pueblo de Gibraltar quede sometido a la soberanía de otro Estado en contra de sus deseos, expresados de forma libre y democrática”. El Gobierno español protestó en vano contra esta violación del Tratado de Utrecht y, en represalia, cerró la verja y prohibió en tránsito por la frontera., lo que supuso el deterioro de las relaciones hispano-británicas..
Tras la instauración de la democracia en España mejoraron las relaciones. En 1980, por la Declaración de Lisboa, las Partes se comprometieron a solucionar sus diferencias sobre Gibraltar de acuerdo con las resoluciones de la ONU. El nuevo Gobierno socialista de Felipe González decidió abrir la verja a finales de 1982 y, dos años más tarde -por la Declaración de Bruselas-, España y el Reino Unido acordaron tratar las cuestiones de soberanía de Gibraltar y a promover la cooperación en diversos ámbitos. Pese a ello, las negociaciones sobre la soberanía no prosperaron ante la exigencia británica del acuerdo del “Gobierno de Gibraltar” para cualquier solución. En 1996, tras la llegada al Gobierno de José María Aznar, el Ministro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, presentó una propuesta de co-soberanía sobre Gibraltar, que –tras ser rechazada en ilegal referéndum por el 99% de los gibraltareño- no fue aceptada por su colega Malcom Rifkin. En un comunicado de 2002, los Ministros Josep Piqué y Jack Straw reconocieron, no obstante, la necesidad de concluir un acuerdo global que cubriera todos los aspectos –incluidos la soberanía y la cooperación-, a fin de construir un futuro seguro, estable y próspero para Gibraltar, y dotarlo de un status moderno y sostenible, acorde con la común pertenencia de los dos países a la OTAN y a la UE.
Se optó por la fórmula “dos banderas, tres voces”, que permitía a los gibraltareños participar en las negociaciones en el seno de la delegación inglesa.
Cambio en la política tradicional española sobre Gibraltar
Después del triunfo socialista en 2004, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero cambió sustancialmente la tradicional política española sobre Gibraltar. Se creó un Foro Tripartito de Diálogo sobre Gibraltar, en el que España, Gran Bretaña y la parte gibraltareña participaban en pie de igualdad. Las Declaraciones de Lisboa y Bruselas se sumieron en el olvido y se dio prioridad a la cooperación local sobre la discusión de la soberanía. En 2006 se firmaron acuerdos sobre libertad de telecomunicaciones y sobre el uso conjunto del aeropuerto gibraltareño –construido en territorio español-, y el Gobierno autorizó la realización de vuelos entre Madrid y Gibraltar. España debilitó su posición en la ONU al dar su consenso a una resolución que pedía que, para la solución del conflicto, se tuvieran en cuenta “los intereses y las aspiraciones” de los gibraltareños. Pero el mayor despropósito se produjo en 2009 con la primera visita de un Ministro español, inmortalizada en la foto de un sonriente Moratinos en el mirador del Peñón -en amor y compaña con Caruana y Miliband-, que llenó de vergüenza propia a muchos españoles. Con el cambio de rumbo anunciado por García-Margallo se vuelve al statu quo ante de la política española sobre Gibraltar.
En el plano jurídico, España tiene argumentos sobrados para refutar la exigencia británica de autodeterminación de Gibraltar. Como prevé la resolución 1514(XV) de 1960, “toda tentativa destinada a destruir total o parcialmente la unidad nacional o la integridad territorial de un país es incompatible con los fines y principios de la Carta de la ONU”. Las aspiraciones de los 28.000 habitantes del Peñón no pueden prevalecer sobre los derechos de 47 millones de españoles, ni destruir la integridad territorial de España. La defensa a ultranza de Gran Bretaña de la libre determinación –a la que también tienen derecho los españoles descendientes de los expulsados de Gibraltar- no es, por otra parte, sincera, ya que el Reino Unido entregó en 1997 a la tiranía de la China comunista a 7 millones de ciudadanos de Hong-Kong, sin que le importara un bledo el ejercicio por éstos de semejante derecho.
Como reconoció el que fue Embajador inglés en Madrid, Sir John Russell, “no podemos seguir defendiendo esta anomalía histórica y geográfica; los anacronismos coloniales han desparecido en la mayor parte del mundo; Gibraltar es el único que queda en Europa”. Hay que tratar de hacer comprender Gobierno británico que la amistad con España bien vale un Gibraltar.José Antonio de Yturriaga es Embajador de España.
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