Andaba el personal estos días revuelto por el tema concreto de las actividades extracurriculares (subrayo, porque es necesario: extracurriculares) y la posible aceptación de un veto parental a determinados tipos de las mismas (como es habitual, nadie se preocupa porque se puedan dar cursos de robo a mano armada o de cómo cometer fraude fiscal, sino que debajo de estos dimes y diretes siempre asoman las orejitas del sexo).

El tema, virulento los primeros días, se ha amansado y, por qué no decirlo, descafeinado un poco, como suele suceder a impulso de dos mecanismos igualmente eficaces: el paso del tiempo y la irrupción de nuevos motivos de escándalo. A veces da la impresión de que la táctica de producir un escándalo para tapar el precedente es algo que ha venido para quedarse.

La única reflexión ¿positiva? que cabe hacerse es que eso entretiene al personal, sirve muchas veces como eficaz tinta de calamar y da trabajo al periodismo.

Sin embargo, como el tema es más importante de lo que parece, a tenor de su poca supervivencia, sigue mereciendo que le dediquemos unas pocas líneas.

Decíamos al comienzo que la polémica se centra en la posibilidad de que los padres puedan opinar, y eventualmente vetar, determinadas actividades extracurriculares de sus hijos. Para los que confunden las cosas (uno, modestamente, ha tenido que oír que los padres pedían vetar contenidos de los programas escolares), hay que aclarar lo obvio: los padres no tienen, no pueden tener, derecho a pedir que su hijos no estudien la evolución natural, no conozcan el teorema de Pitágoras o, sensu contrario, que les expliquen en clase que la sangre es sagrada o que el Sol gira alrededor de la Tierra.  Tampoco el Estado, en cualquiera de sus formas o niveles, tiene derecho a deformar la historia, impartir pseudociencia o contar que el Ebro nace en Gerona. Y hay que aclarar que, aunque afortunadamente no haya demasiados padres que pretendan lo primero, sí hay datos para pensar que hay programas establecidos para difundir ideas que se parecen mucho a lo del Ebro.

Pero, volviendo al tema de las actividades extracurriculares, lo notable de nuestro debate es que comenzó con una salida en tromba de personas, de uno y otro lado, que se pusieron, la mayoría, estupendos. Yo estoy seguro, en mi buena fe, de que esas personas son sensatas e ilustradas y compartirían lo que voy a continuación a decirles. Bueno, en realidad, estoy seguro de algunos. De otros, con sinceridad, no.

Se habla de que los hijos no son propiedad de los padres (cosa ciertísima), sin mencionar que tampoco son (salvo para nazis y leninistas, antiguos y modernos) propiedad del Estado y, menos aún, del Gobierno de turno; se habla de que los menores (ya dejamos la visión “de los hijos”) tienen derecho a ser educados e informados  (otra afirmación tan cierta como obvia), sin mencionar tampoco que educar no es adoctrinar y, menos aún, contarles como hechos demostrados lo que se le pueda ocurrir a cualquier sectario más o menos descerebrado. Y para rematar, se habla de que es una ataque a la libertad de los menores que los padres digan lo que quieren para sus hijos, obviando que los padres son, naturalmente, los que están más interesados en que sus hijos sepan lo que tienen que saber.

Pero de lo que no se habla es de algo tan evidente como lógico. Y es el escamoteo, más o menos intencionado, de la pregunta clave: ¿de qué hijos hablamos? ¿De qué menores hablamos?

Porque una niña o un niño de seis años  no es igual que una o un adolescente de 15. Y no es igual en muchas cosas, pero, desde luego, no es igual ni en capacidad de procesar lo que se le muestre y enseñe, ni en capacidad de incorporar críticamente los valores que se le intenten trasmitir.

A los cuatro o cinco años, pese a quien pese, la niña y el niño necesitan, sobre todo, que les quieran, les protejan y les cuiden, y quien habla de su libertad para escoger, elegir o determinar lo que precisan, o no conoce lo que es esa edad o, lo que es mucho peor, no sabe lo que es la libertad.

Y esto nos lleva a un defecto curiosamente presente en todas las discusiones sobre el sistema educativo, de las que ésta, en concreto, no es sino una anécdota reveladora.

Nunca jamás se piensa que el sistema educativo no es uno, sino que son tantos como tramos de edad hay; que no es igual educar en las escuelas infantiles que en la primaria, en el bachillerato o en la Universidad, si ya ampliamos el horizonte; que el equilibrio entre la educación y la enseñanza es complejo y variable, dependiendo del factor que comentamos y de otros muchos; que la relación entre escuela y familia no puede ser de oposición (nunca, pero todavía menos en esos primeros tramos de la vida), sino de colaboración y de complementariedad; que no se puede, ni se debe, legislar contra los padres, pero que tampoco hay que estar supeditados a las formas particulares de pensar de algunos (de un lado o de otro).

En definitiva, que los programas docentes han de estar basados en lo que lo ciencia consolidada dice y adaptados al periodo evolutivo de la vida humana sobre la que se actúa, que actividad extracurricular no significa patente de corso para hacer lo que se nos ocurra y que es razonable que los padres quieran o deban saber cuáles son sus contenidos y su orientación. Pero, sobre todo, lo que es más importante: que la educación, en todas sus formas y etapas, no es un tema con el que frivolizar, exagerar o lanzar campañas de escandalera histeriforme.

Más sosiego, más templanza y más sentido común. Y menos soflamas imprudentes de aquéllos que tienen mayor obligación de ser racionales, en la medida en que detentan la responsabilidad del poder.