Íñigo de Bustos, miembro del Foro de la Sociedad Civil, analiza en El Debate el texto del RD 26/2026, al que califica de «fabricación de un consenso emocional y moral que neutralice cualquier resistencia a la ampliación del poder estatal».
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De Bustos considera que el decreto «sacraliza el derecho a la vivienda bajo una reinterpretación constitucional expansiva», justificando así «una intervención ilimitada que no encuentra apoyo en la estructura constitucional de derechos».
El texto, además, «desplaza la responsabilidad del problema hacia agentes privados y legitima medidas que restringen su actividad».
De Bustos considera que «el instrumento utilizado no es constitucionalmente adecuado para reformas de tal profundidad» como las que el decreto propone.