Óscar Loureda y Francisco Moreno-Fernández, catedráticos del Centro de Estudios Iberoamericanos de la Universidad de Heidelberg, escriben un artículo de opinión en El Mundo en el que defienden que el Estado debiera promover y defender el plurilingüismo, en vez de gobernar limitando la posibilidad de hablar una determinada lengua.
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Los catedráticos consideran que los espacios bilingües crean dinámicas excepcionales para el entendimiento, para las relaciones entre ciudadanos y para la consolidación de la justicia social.
Loureda y Moreno-Fernández aseguran que el coste económico de políticas que favorecen el plurilingüismo resulta «proporcionalmente pequeño si se consideran los efectos de concordia y enriquecimiento cultural derivados de la existencia de una normalización y de un proyecto colectivo».
