Desde el siglo XVIII, en España comenzó a establecerse una organización política nacional basada en principios unitarios, que culminarían en 1810-1812, respaldados por la Constitución gaditana de este último año. Los españoles de todas las provincias, regiones y territorios de España fundaron el Estado centralista liberal, que proclamaba la igualdad de todos los ciudadanos ante la Ley, eliminaba fueros y privilegios con la unidad de códigos y garantizaba su libertad, al dotarse de una justicia independiente. Sentadas aquellas bases, a lo largo del siglo XIX se fue construyendo hasta en sus últimos aspectos aquel Estado que indudablemente extrajo del arcaísmo a la nación, conduciéndola por el camino de la modernidad. En los años siguientes a la Restauración, ya en el siglo XX, no se transformó la estructura de aquel Estado nacido en 1812 sino con cambios circunstanciales, reformas puntuales y poco más, abandonando con ellos el modelo tradicional francés, inclinándose por el británico. Pero desde el último tercio del siglo XX y lo que ha trascurrido del XXI, coincidiendo con la vigencia de la Constitución de 1978, España comenzó un proceso descentralizador que la ha llevado hasta la realidad de hoy, que es profusamente analizada en este ensayo.