Las crónicas periodísticas, y menos las de sucesos, no suelen ser una base sólida para reflexiones de calado (con las ilustres excepciones que siempre son de justicia), pero proveen de un material que permite al observador atento“tomar la temperatura” a la sociedad en la que vivimos. Y, específicamente, “la temperatura moral”.

La única condición, quizá, es aguardar a que el ruido mediático amaine. Y ya se sabe que todo ruido mediático amaina siempre por la aparición de otros ruidos más potentes y perentorios (que tampoco renunciamos a comentar en su momento).

Hace ya varios meses, las redes sociales se inflamaron con las reacciones (unas anónimas y otras no tanto) acerca del sobrecogedor crimen ocurrido en León y cuya víctima fue una mujer que ostentaba un cargo público. Todos sabemos de qué se trata y no es necesario incrementar más las nutridas informaciones de todo tipo que se vertieron en los días inmediatos al hecho. Quizá sólo constatar cómo el fulgor mediático del momento se apaga irremisiblemente con el paso de unas pocas semanas.

Pero lo que aquí nos interesa es plantear dos consecuencias (¿inesperadas?) que se materializaron en las llamadas redes sociales y se recogieron después en los medios de comunicación tradicionales. La primera fue que un número importante de personas (amparadas, como antes decíamos, de forma más o menos precaria en el anonimato) jalearon, aprobaron, celebraron o justificaron, de una u otra forma, el asesinato. En algunos (bastantes) casos, lo propusieron directamente como una manera adecuada de combatir al enemigo político (al margen de que todo parecía indicar que las motivaciones de los agresores no eran de ese tipo en absoluto).

La segunda fue la reacción gubernamental, investigando a los responsables de dichas expresiones aprobatorias y proponiendo medidas legales para controlar “los excesos que pudiesen cometerse en la red”. Reacción inmediata (todo hay que decirlo) que quedó en nada en cuanto la noticia dejo de serlo.

A nosotros, el hecho nos induce algunas reflexiones provisionales.

La primera es un dato indudable: el fenómeno tecnológico de las redes sociales amplifica hasta el paroxismo opiniones que antes se quedaban necesariamente en el seno del grupo próximo al que las emitía. No hay duda de que eso es así. Muchos han opinado que, por tanto, no debe darse mayor importancia al tema y que las barbaridades que se puedan lanzar a través de esas redes sociales no tienen mas valor que el que tendría una conversación de taberna. Otros, por el contrario, advierten que la potencia difusora de la red social implica un salto cualitativo en la importancia de lo que por allí se lanza y que dicho salto cualitativo supone una potenciación de la opinión originariamente “personal”, convertida de esta forma en un arma social que dista de ser inocua; es decir, que la red supone, queramos o no, una magnificación social impensable en el pasado y, por tanto, se separa de la opinión privada, privadamente expresada, y se transforma en un intento de generación de valores sociales. O lo que es lo mismo, que a mayor fuerza difusora, mayor efecto social y mayor responsabilidad del que la emite. Ya tenemos ejemplos de su eficacia en el terreno de la política partidista.

La segunda hace referencia al contenido. La llamada, descarnada y descarada en algunos casos, a la eliminación física del oponente ideológico ha aparecido, por desgracia, con toda su crudeza. Los tranquilizadores de la opinión publica se han apresurado a afirmar que se trata de un hecho minoritario. Sin duda alguna lo es. Pero, volviendo a nuestra primera reflexión, es ingenuo no pensar en el efecto inevitable que produce la masiva difusión de esta postura. No se trata de pensar que estamos ante la posible punta de un iceberg maligno. Pero tampoco minimicemos o ignoremos el riesgo. La transformación del adversario en enemigo a destruir (incluso físicamente) ha hecho acto de presencia, queramos o no queramos.

La tercera hace referencia a la reacción de los poderes públicos. Y se echa de menos una reflexión que anteceda al anuncio (¿precipitado?) de medidas sancionadoras, sobre todo cuando se diluyen en la nada. No se trata tanto de invocar la libertad de expresión, que tiene el límite razonable del insulto y, desde luego, un límite absoluto en la inducción o en la apología del asesinato. Se trata de ver en qué medida son necesarias acciones de pedagogía social que lancen a la marginalidad las opiniones de semejante jaez. Quizá hay que comenzar a pensar en que no basta con meter en la cárcel a quien así se pronuncia (ni lo descartamos ni lo aplaudimos), sino de generar en la ciudadanía un rechazo total y explícito a tales posturas.

Y una última, al socaire del tiempo pasado. La noticia se extinguió devorada por las que le sucedieron. Pero cabe razonablemente dudar de si las reacciones que hemos enumerado se han extinguido también o permanecen agazapadas esperando para rebrotar, con temible fuerza, a que se les dé ocasión para ello.

Por eso no es ocioso recordar estos (y otros) hechos. Verlos desde la perspectiva y desde la serenidad, que suele estar ausente en la inmediatez de la noticia, ayuda a considerar el trasfondo que hay que detectar, describir, entender y denunciar.

En eso estamos.