TRIBUNA DE LA SOCIEDAD CIVIL DE ESPAÑA

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Un estado de alarma no constitucional

Roberto Villa García, profesor de Historia Política de la Universidad Rey Juan Carlos, asegura en El Mundo que interpretar que sólo una primera declaración del estado de alarma está sujeta a un periodo de 15 días pero no así sus sucesivas prórrogas es «lesivo para las libertades civiles».

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«Con presupuestos habilitantes tan genéricos como los que establece la LO 4/1981 para el estado de alarma, cuya concreción parte de una decisión política discrecional, un Gobierno puede aprovechar situaciones que juzgue anormales para inducir a su mayoría parlamentaria a limitar derechos fundamentales durante el tiempo que quiera, eludiendo en ese plazo todo control efectivo», afirma.

«Lo coherente es que el estado de alarma esté sujeto a caducidad y sucesivas autorizaciones del Congreso de menor duración que el de excepción, ya que se usa para situaciones de menos gravedad y que permiten un estrecho control parlamentario», explica.

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