“La libertad es uno de los más preciosos dones que a los hombres
dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el
mar encubre; por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida."
La gente empieza a darse cuenta de que el aparato del gobierno es costoso. Lo que aún no ven es que el peso recae sobre ellos.
La motivación es esencial a la autoridad, pues un gobierno solo es legítimo si está limitado
Mi lectura de la historia me ha convencido de que la mayoría de los malos gobiernos se deben a gobiernos demasiado grandes.
Cuantas más prohibiciones impongas, menos virtuosa será la gente.
Mientras más corrupto es el Estado, más numerosas son las leyes.
Los burócratas no suelen tener información correcta, pero los ciudadanos y los usuarios de los recursos naturales sí.
El gobierno y los negocios deben mantenerse independientes y separados.
Que la libertad redunde en mayor prosperidad es una feliz coincidencia.
La base de todo Estado democrático es la libertad.
El primer deber del hombre es la búsqueda y la investigación de la verdad.
Si los hombres fuesen ángeles, ningún gobierno sería necesario. Si los ángeles gobernasen a los hombres, ningún control del gobierno sería necesario.
Bien están los buenos pensamientos, pero resultan tan livianos como burbuja de jabón, si no los sigue el esfuerzo para concretarlos en acción.
Las naciones de hoy en día deben favorecer la igualdad en su seno; pero depende de ellas que la igualdad las conduzca a la servidumbre o la libertad, a las luces o a la barbarie, a la prosperidad o a la miseria.
Sólo cabe progresar cuando se piensa en grande, sólo es posible avanzar cuando se mira lejos.
El Estado y sus agentes deberían ser juzgados usando exactamente los mismos estándares que se aplican a los juicios de las conductas privadas
RAFAEL NAVARRO-VALLS PRESENTA UN ESTUDIO ESTRICTAMENTE JURÍDICO, ALEJADO DEL APASIONAMIENTO DE UNO U OTRO SIGNO QUE HABITUALMENTE SUSCITA EL TEMA
De izquierda a derecha: D. Gaspar Ariño, D. Claro José Fernández-Carnicero, D. Rafael Navarro-Valls, D. Ignacio Camuñas, D. Juan Ramón Lacadena, D. Juan Antonio Sagardoy y D. Augustín Muñoz Grandes
Se ha presentado en la Asociación de la Prensa el Documento Número 2 del Foro de la Sociedad Civil. Se trata de un trabajo del Profesor Rafael Navarro-Valls, Catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado en la Facultad de Derecho UCM, Académico numerario – Secretario General de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, que bajo el título Análisis jurídico del Proyecto de Ley del aborto aborda esta propuesta legal, desde un punto de vista estrictamente técnico.Intervinieron:
D. Ignacio Camuñas: Presidente del Foro de la Sociedad Civil
D. Claro José Fernández-Carnicero:Letrado de las Cortes, Vocal del Consejo General del Poder Judicial
D. Juan Ramón Lacadena: Catedrático de Genética UCM, Miembro de la Real Academia de Farmacia y Correspondiente de la de Ciencias
El autor del Documento, D. Rafael Navarro-Valls
El Proyecto de Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo —“del aborto”—, está resultando ser el más debatido de nuestra democracia, por lo que no es difícil caer en el apasionamiento de uno u otro signo. Es precisamente lo que se ha tratado de evitar en este Documento del Foro de la Sociedad Civil, en que se que presenta un análisis de alcance exclusivamente jurídico.
Como prueba este Documento, el texto del proyecto de Ley adolece de graves deficiencias técnicas, lo que le impide lograr sus objetivos. Si el primero de ellos es “adecuar nuestro marco normativo al consenso de la comunidad internacional en esta materia” —como dice la Exposición de Motivos—, no hallamos sin embargo un solo Tratado Internacional suscrito por España en que se contemple el “derecho al aborto”, sino más bien todo lo contrario: los textos internacionales proclaman el derecho de todos a la vida, la protección de la infancia desde a concepción y la especial ayuda a las personas con discapacidad, no su eliminación.
Asimismo y aunque se proclame que “la libertad sólo encuentra refugio en el suelo firme de la claridad y la precisión de la ley” las deficiencias técnicas del texto son de tal magnitud que hacen de él un preocupante foco de inseguridad jurídica para sus destinatarios.En este sentido D. Claro José Fernández-Carnicero, co-ponente del primer y excelente informe que se presentó a la Comisión de Estudios e Informes del Consejo General del Poder Judicial, habló desde su profundo conocimiento del Proyecto de Ley, avalando las tesis que expone el Profesor Navarro-Valls en su Documento. Asimismo vino a recalcar cómo alguno de los términos que emplea el Proyecto de Ley en relación con los derechos fundamentales de la mujer embarazada y su dignidad, parece a un punto que estarían evocando conceptos tan periclitados como el de «la honra».
El estudio demuestra también que el eje del Proyecto, el llamado “sistema de plazos”, choca frontalmente con la doctrina de nuestro Tribunal Constitucional, que exige la ponderación de todos los bienes e intereses en juego cuando se trate del sacrificio de derechos fundamentales. La interrupción voluntaria del embarazo a petición de la mujer dentro de las catorce primeras semanas de gestación, sin necesidad de que concurra causa médica, sólo tiene en cuenta la posición de la mujer, en ningún caso la del nasciturus, haciendo pues el Estado dejación de su obligación ineludible de protección de la vida.
Por su parte el Profesor Lacadena vino a exponer cómo el Proyecto de Ley, pese a versar sobre una materia de indudable sustancia científica, empero es extraordinariamente inexacto, de suerte que al no ofrecer un sólo criterio preciso para determinar el momento a partir del cual deba empezar a contarse el plazo del embarazo, éste puede llegar a variar hasta en cuatro semanas. También confirmó cómo, completado el proceso —que no el instante— de la concepción, la ciencia estimaba unánimemente que había, sin duda, vida humana.
De izquierda a derecha: D. Igancio Camuñas. D. Rafael Navarro-Valls, D. Juan Antonio Sagardoy y D. Gaspar Ariño
El Documento del Profesor Navarro-Valls pone asimismo de manifiesto cómo el Proyecto tipifica de “paciente” a la mujer embarazada y de “prestación sanitaria” la interrupción voluntaria del embarazo, aún en el caso de no mediar causa alguna de salud. Sin embargo esto difícilmente se puede conciliar con nuestra legislación vigente en materia de sanidad, como prueba el estudio.
Los avances —materiales y legislativos— de los últimos años respecto de la asistencia a las personas con discapacidad, sugieren abrir una reflexión acerca de si resulta siquiera oportuna la pervivencia jurídica de la indicación eugenésica, al menos en su actual configuración. Asimismo, la regulación del órgano administrativo —el Comité Clínico— llamado a decidir en estos casos, quiebra principios básicos del funcionamiento de nuestras Administraciones públicas, como son los de imparcialidad y desinterés objetivo.
Estamos, en fin ante un Proyecto que a sus graves carencias jurídicas añade —según demuestran las encuestas— una preocupante falta de respaldo popular, abriendo una brecha insalvable entre la clase política que lo promueve y la sociedad que lo rechaza, lo que resulta de todo punto de vista inadmisible en una democracia en la cual el Foro de la Sociedad Civil desea hacer oir su voz, como tribuna de la sociedad civil en España.
Sobre el autor
Rafael Navarro-Valls es Catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, de la que ha sido Secretario General. También ha sido Director de su Departamento de Derecho Eclesiástico del Estado. Miembro de Número y Académico-Secretario General de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, es Vicepresidente de la Organización Internacional de Academias Jurídicas y Sociales Iberoamericanas y Filipinas y Doctor Honoris Causa por la Universidad de Turín.
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Como prueba este Documento, el texto del proyecto de Ley adolece de graves deficiencias técnicas, lo que le impide lograr sus objetivos. Si el primero de ellos es “adecuar nuestro marco normativo al consenso de la comunidad internacional en esta materia” —como dice la Exposición de Motivos—, no hallamos sin embargo un solo Tratado Internacional suscrito por España en que se contemple el “derecho al aborto”, sino más bien todo lo contrario: los textos internacionales proclaman el derecho de todos a la vida, la protección de la infancia desde a concepción y la especial ayuda a las personas con discapacidad, no su eliminación.
