Cajas de Ahorros: ¡A por ellas! (Gaspar Ariño)

Las Cajas están en la picota. Zapatero, Salgado, Ordóñez, Campa, las han hecho objeto de pública vergüenza, exigiéndoles a todas mayores niveles de capitalización, porque son poco fiables en los mercados. Los banqueros han animado la fiesta exigiendo su urgente transformación y venta. Es como si unos y otros hubieran dicho: ¡A por ellas!.

Las Cajas fueron, años pasados, un éxito nacional, pero hoy son para algunos la causa de todos nuestros males: del diferencial de nuestra deuda soberana, del coste de financiación de los bancos, de la restricción del crédito a familias y empresas, del paro reinante y de unas cuantas cosas más. El objetivo del Gobierno, confesado en privado, es que desaparezcan cuanto antes. Las han sometido para ello a un brutal y rápido proceso de reestructuración (léase, privatización o bancarización) que en Italia duró diez años y en España se ha querido hacer en 12 meses. Pocas voces –sólo algunos columnistas como Antón Costas, Jesús Cacho, Salvador Cardus o García Abad- han hablado a su favor. Las propias Cajas se han mostrado quizás demasiado cautelosas en la defensa de su centenaria institución.

La incertidumbre, la contradicción de los mensajes y la pérdida de credibilidad con que se ha desarrollado el proceso en estos últimos meses ha sido grande. En ocasiones, la CECA ha comparecido afirmando que las Cajas eran equiparables a los bancos en todo: en créditos y depósitos, en morosidad, en inversiones inmobiliarias y en préstamos a las Administraciones Públicas. Pero la impresión que se tenía es que esto no era real; en paralelo, el Ministerio/Banco de España sembraba dudas sobre la situación del sector. Ciertamente estábamos ante un escenario volátil y cambiante, en el que el regulador iba, perdiendo el aliento, a remolque de los acontecimientos. Nadie sabía si mañana el Gobierno saldría con un nuevo Decreto-Ley o si el Banco de España impondría nuevas exigencias de provisiones; no se sabía cuál era la valoración real de sus activos (no hay precio de mercado, porque para muchos de ellos no hay mercado), ni cómo se iban a concretar finalmente las exigencias de capital. Esta falta de claridad regulatoria asusta a los inversores y por ello, al final, ha habido que salir con un Decreto-Ley como el 2/2011 que es una verdadera revolución y quiere ser un alarde de solvencia.

En teoría, la reforma de 2010 permitía que entidades bien capitalizadas y bien gestionadas, con respaldo social, pudieran seguir siendo Cajas, como hasta ahora. Pero en la práctica ello va a ser difícil por las cargas que las entidades no convertidas en bancos pueden sufrir: se les impone exigencias especiales de capital, se pide a las auditoras que extremen el rigor en sus valoraciones, se les exige un aumento continuo de provisiones y se condicionan las ayudas públicas a que se conviertan en bancos. Incluso se amenaza, a las que no necesiten ayuda del FROB y no se conviertan en bancos, con limitar el desarrollo de su actividad comercial fuera del territorio de la Comunidad Autónoma donde tenga su domicilio social. Esto último no se ha llegado a formalizar, pero se ha pensado, aunque probablemente sería inconstitucional.

La manera de huir del trato discriminatorio previsto en el Decreto-Ley es convertirse en bancos, quedándose ellas mismas como entidad matriz o como simples fundaciones benéficas. Ésta es una de las claves: la subsistencia de las Cajas como entidad matriz del grupo, porque mantiene la mayoría del capital de la entidad bancaria; o, por el contrario, la conversión en Fundación especial que participa como accionista –minoritario- en el capital del Banco. En el primer caso, la Caja manda en el Banco; en el segundo, el Banco, integrado por nuevos socios, manda en la Fundación. Lo probable es que todas, antes o después, se conviertan en bancos; sólo tres, salvo error mío, han anunciado por ahora su intención de mantenerse como Cajas, sin Banco. Pero con ello no todo está resuelto, si no queremos que la reforma sea puro nominalismo: cambio del nombre de Caja por Banco. Lo imprescindible será cambiar a sus administradores, licenciando a muchos de los actuales e incorporando a la dirección y gestión del banco profesionales de alta cualificación; habrá que limpiar sus órganos de gobierno sacando de ellos a los políticos autonómicos y sus amigos. Mientras no se consiga ofrecer la imagen de un equipo de gobierno profesional y capaz, será inútil sacar a Bolsa estas entidades, llámense Bankia, Mare Nostrum o Banca Cívica.

Porque hay que preguntarse: ¿quién acudirá a suscribir acciones de esos bancos si sus consejeros y directivos coinciden con los de la Caja matriz?. No va a ser fácil encontrar inversores institucionales, por dos razones: por la incertidumbre, que subsiste, acerca del buen gobierno de esas entidades y por la difícil valoración de sus activos. Bancos o fondos de inversión estarían seguramente dispuestos a comprar paquetes de control a precio razonable, siempre que con ello puedan asumir la dirección y sustituir a los administradores, para lo que tendrán que llegar a acuerdos con el grupo de control actual de las Cajas. Todos querrían ampliar su cuota de mercado comprando total o parcialmente redes de oficinas con sus clientes dentro. Los bancos piensan, con razón, que la mejor forma de convertir una Caja en Banco es que un banco entre en ella (como accionista) y se haga cargo de su gobierno (como gestor); es decir, las absorba con una ampliación de capital y asuma su gestión. Así lo han proclamado algunos banqueros, que están dispuestos a hacerse cargo de instituciones que lo merezcan. Otra posibilidad es ofrecer la inversión, fuera de cotización, a hedge funds, grupos de private equity o fondos soberanos árabes o asiáticos. Pero todos piden garantías públicas frente a pérdidas excesivas en las compras (pérdidas latentes de los vendedores). Piden que el FROB se aplique a esto, en vez de comprar Cajas para venderlas después.

Va a ser difícil valorar las Cajas. Con balances inciertos, con activos dudosos, no va a ser fácil que acudan inversores, salvo con un descuento descomunal. La alternativa está en nacionalizarlas primero con cargo a fondos públicos (mediante inyección de capital público), sanearlas en lo necesario (que es lo que se ha hecho siempre en las crisis bancarias) y venderlas después al mejor precio que se pueda. En todo caso, la entrada de capital público supondrá siempre la sustitución de administradores y las entidades necesitarán demostrar su capacidad de gestión para, pasado un tiempo resultar atractivas.

Gaspar Ariño Ortiz es Vicepresidente del Foro de la Sociedad Civil

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