A lo largo de los últimos días y con motivo de la reunión de los líderes europeos el día 24 en Bruselas, hemos tenido conocimiento de que una vez más nos han puesto deberes y entre ellos figura la condición de ligar las mejoras salariales a los aumentos de productividad en el futuro. La imprecisión y la generalidad de tal condición requieren, a mi juicio, un análisis cuidadoso que permita considerar la trascendencia, las posibilidades y los efectos que una aplicación práctica de tal principio genérico podría suponer en nuestro país.

No está de más, porque ya hay muchos españoles que ni siquiera vivían entonces, hacer algunas consideraciones sobre cual era la situación laboral y empresarial en 1975 a la muerte de Franco. Teníamos un sindicato vertical en el que estaban representados teóricamente empresarios y trabajadores, que estaba totalmente controlado por el gobierno. Había un Ministerio de Relaciones Sindicales con una estructura burocrática muy importante, cada vez más influenciada por organizaciones políticas que, entonces al margen de la Ley, sin embargo se habían introducido con mucha fuerza en la citada estructura. La conversión de aquel sindicato vertical en sindicatos obreros de una parte, fundamentalmente CCOO y UGT y en organizaciones empresariales de otra, fundamentalmente la CEOE, constituía entonces un reto y una necesidad que había que superar para hacer posible la consolidación de un estado democrático que la Constitución de 1978 estableció, afortunadamente para todos, de una manera terminante y clara.

La solución se produjo no por la constitución de unos nuevos sindicatos o una nueva patronal, sino por la ocupación del espacio del antiguo sindicato realizada por los grupos que decían representar a los tradicionales y a la nueva patronal. Ello supuso la ocupación de las estructuras organizativas e incluso edificios por parte de CCOO, UGT y la naciente CEOE y, lo que resultó mucho más preocupante, se heredaron en buena medida modos y formas e incluso las disposiciones legales de un sindicato y una patronal ya muertos y que sin embargo iban a influir sustancialmente en el futuro de las relaciones laborales en España.

La productividad efectiva es un factor que solo se debe medir con el conocimiento técnico adaptado en cada caso a las especiales circunstancias del trabajo que se realiza, sobre todo cuando lo que se pretende es que el salario se ligue a esa productividad. Esta circunstancia pone de manifiesto que solo a través de una negociación entre empresario y sindicatos, en cada caso concreto, es decir, en el seno de cada empresa, se puede pretender establecer una adecuada regulación del salario ligado a las mejoras de productividad. La pretensión de la UE al tratar de imponer a Zapatero esa medida como contrapartida a las ayudas que la UE está dispuesta a aprobar debería suponer acabar con las negociaciones globales de aumentos salariales de carácter nacional, provincial o sectorial, habitualmente acordados entre organizaciones burocráticas de patronales y sindicatos, de cuando menos muy dudosa representación efectiva, y sin el necesario conocimiento de las particularidades de la productividad.

Supone también acabar con esas burocracias claramente ineficientes, al igual que el antiguo Ministerio, y que hoy día son tanto organizaciones sindicales como empresariales. Y supone, sin duda, acercarnos a un mundo en el que se respete la libertad para poder establecer estímulos para los que lo hagan mejor. Porque, en definitiva, eso es lo que conduce a que la productividad se imponga poco a poco sobre la ineficaz política de regular siempre por abajo.

También hay que acercar la negociación colectiva a la empresa, que es donde debe estar; eso si, garantizando a través de las normas adecuadas la defensa de los más débiles. Necesitamos unos sindicatos y una patronal especializados en asesorar y no manipulados por unas organizaciones burocráticas y claramente endogámicas que se atribuyen unos poderes mucho más propios del sindicalismo de los años 70 que del de los países más avanzados.

La invitación de la UE o la condición, si ese es su carácter, supone una extraordinaria llamada de atención para tratar de conseguir que nuestro país supere una situación enormemente crítica a través de una mejora muy sustancial de su productividad, que arrastrará sin duda alguna una mejora de su competitividad con todo lo que esto significa para nuestro futuro.

En mi opinión esta es, a medio plazo, la más importante de las modificaciones estructurales que tenemos que acometer y debemos reconocer que la imposición de esta condición significa, por parte de nuestros socios europeos, sobre todo de algunos, un profundo conocimiento de las raíces de nuestros problemas. Hay que buscar un camino para transformar radicalmente unas organizaciones, sindicatos y patronal, que hoy son más una herencia del pasado que una ayuda sustancial para la construcción de nuestro futuro.

Juan Ignacio Trillo es Miembro fundador de la CEOE y ex Presidente de SERCOBE

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