Las recientes elecciones autonómicas en Cataluña han puesto de relieve, una vez más, la propensión de muchos ciudadanos, y de no pocos comunicadores, a confundir las manifestaciones en las calles con los deseos del pueblo español. Esta confusión respecto a lo que es la democracia se puede ampliar a muchas otras «malas prácticas» a las que nos hemos ido acostumbrando desde los comienzos de la democracia española en 1976. Pretender que las manifestaciones, por muy multitudinarias que sean, son una alternativa a las urnas, es una falacia no solo antidemocrática, sino que nos llevaría a justificar el ascenso al poder de Hitler y la marcha sobre Roma de Mussolini, por no hablar de las manifestaciones, también multitudinarias, en la Plaza de Oriente. España es uno de los pocos países, por otra parte, en los que se puede ver después de cada manifestación un gran debate protagonizado por portavoces de los convocantes y de los organismos gubernamentales de turno sobre el número de los manifestantes, como si de ello dependiera la aceptación de una representatividad que pondría en cuestión la de los legítimos representantes parlamentarios.
