Actualidad

Tras las II Guerra Mundial, Alemania quedó derrotada, ocupada y maltrecha física y moralmente. Su economía se hundió y el marco se devaluó hasta límites insospechados. Los alemanes aún no han superado del todo este trauma y siguen obsesionados por el control de la inflación y del excesivo gasto público.

¿Una Alemania europea o una Europa alemana?

Con la ayuda inicial de Estados Unidos y el ulterior apoyo de Francia y Gran Bretaña, Alemania inició su recuperación política y económica en medio de un clima de desconfianza. El Pacto de Bruselas de 1948 -que dio lugar a la UEO- se firmó para impedir un posible rearme germano. La OTAN se estableció un año más tarde para -en frase atribuida a Churchill- “mantener a los americanos dentro, a los rusos fuera y a los alemanes abajo”. Igual ocurrió en el plano económico con la creación en 1951 de la CECA, cuyo objetivo era controlar el carbón y el acero, los productos básicos de la industria bélica. No obstante, con visión de futuro, los padres de Europa –los Monnet, Spaak, Schumann y Adenauer- superaron este temor y sentaron las bases de la cooperación e integración europeas, con la constitución en 1957 de la Comunidad Económica Europea.

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Hace ya bastantes años, cuando cursaba mis estudios de Economía, me impresionó mucho una de las clases del profesor Fuentes Quintana. En ella explicó las características de los Presupuestos en un régimen democrático, su significación y valor como compromiso público respecto a la política económica y los principios que debían dirigir su formación, aprobación, ejecución y control. Pero lo que auténticamente me impresionó fue cómo mi maestro resaltó la soledad de todo ministro de Hacienda que se decidiese por el equilibrio entre gastos e ingresos, es decir, que aplicase la conocida receta del «santo temor al déficit» del ministro D. José de Echegaray. Se encontraría solo a la hora de preparar un Presupuesto riguroso, pues sus colegas de Gobierno, su partido y sus posibles aliados parlamentarios se mostrarían reticentes con las limitaciones de gasto que supondría tal equilibrio. La oposición pediría más gastos públicos para atender a su electorado y los analistas considerarían poco verosímiles sus predicciones sobre la situación económica cuando no coincidiesen con las que ya ellos hubieran formulado. Incluso podrían aparecer revueltas populares contra los Presupuestos.

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En mi última columna destacaba el creciente movimiento de opinión favorable a una reforma de la Constitución de 1978 para modificar el régimen autonómico en ella previsto.

Seudo-federalismo del Estado de las Autonomías

Según Luis López Guerra, el Título VIII de la Carta Magna no dibuja un mapa preciso sobre la configuración de las CCAA o la atribución de competencias a las mismas. Se limita a establecer un marco jurídico que se ha visto completado por las fórmulas de organización diseñadas por los Estatutos de Autonomía, las leyes orgánicas estatales y la jurisprudencia del TC. Se ha ido creando así un “acervo autonómico”, que ha llevado a la ampliación del techo competencial a los niveles máximos permitidos y que ha adquiridostatus cuasi constitucional. El modelo territorial presenta un carácter abierto, pues el Estado ha renunciado en la práctica al procedimiento de “armonización” y ha recurrido generosamente al artículo 150-2, que permite transferir a las CCAA “facultades correspondientes a materias de titularidad estatal que, por su propia naturaleza, sean susceptibles de transferencia o delegación”.

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Para el hombre medio, el Derecho se asemeja a un enigmático castillo, rodeado de niebla. A veces, ésta se disipa, los espectadores se acercan y el telón se levanta. Es lo que está sucediendo con el juicio cuya segunda sesión tuvo lugar ayer en la Ciudad del Vaticano.

Del singular escenario judicial destaca el tribunal, que ha pasado de ocuparse de la microcriminalidad habitual (pequeños rateros que actúan entre los turistas vaticanos) a un caso enfocado desde todos los ángulos por las networks internacionales. Un tribunal laico, que utiliza un derecho contenido en el Código penal de la época más liberal de Italia, en el que la dignidad del encausado es defendida con uñas y dientes. Por eso su presidente ha ordenado una investigación en cuanto se ha hablado de “malos tratos”.

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Son numerosas las voces que en España reclaman una política presupuestaria menos exigente en cuanto al gasto público pensando que se impulsaría así el crecimiento y el empleo, en lugar de la actual de consolidación presupuestaria, que pretende reducir el déficit público a niveles relativos inferiores al 3% del PIB en dos años. Es necesario advertir, aunque resulte conocido, que el ritmo de la consolidación presupuestaria no se decide por el Gobierno español sino que deriva de acuerdos alcanzados en dramáticas negociaciones con la UE. Quienes piden su desaceleración aspiran a cambiar esas condiciones aceptadas por el Gobierno anterior en términos aún mucho más perentorios que los actuales. Esas voces olvidan también otras consideraciones respecto al crecimiento y al empleo. La primera, que el crecimiento con empleo estable y no redundante se logra con mayor actividad económica privada y con una acción pública que facilite economías externas a las empresas. Entre ellas, mano de obra capacitada con salarios que reflejen su productividad, mercado extenso sin trabas inútiles, marco jurídico e institucional estable que propicie la libertad y la solidaridad y clima político sin graves conflictos. Pero el crecimiento también exige que la acción del Estado no impida la financiación de las empresas, porque los tipos de interés de la deuda pública señalan las rentabilidades que, sin correr apenas riesgo, pueden obtenerse colocando fondos en esa deuda frente a las que se derivarían de invertir en actividades empresariales.

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