Los acontecimientos de estas últimas semanas en Cataluña están dejando en los ciudadanos españoles una sensación de incomprensión mezclada con indignación. Llegado este momento de confrontación, se nos han disparado todas las alarmas al constatar que se ha pasado de una situación de tensión verbal a otra de acciones de movilización, acompañadas de actos jurídicos que toman como base una legislación que ya no es la española.

La abierta rebelión del gobierno autonómico de Cataluña produce cada día un reguero de noticias, manifiestos, proclamas, actos, manifestaciones, etc., que, aunque se ven inmediatamente respondidos desde el Gobierno de la Nación por acciones judiciales, policiales y más declaraciones y proclamas, no parecen causar efecto alguno en el lado secesionista, que parece vivir en una realidad alternativa, como si hubiese decidido pasar al otro lado del espejo.

Ante el estupor de la ciudadanía española, los nacionalistas catalanes han llevado a cabo su programa secesionista, entre el entusiasmo de una parte importante de la ciudadanía catalana, que se expresa como si efectivamente se estuviese produciendo la liberación de un pueblo largamente sojuzgado. Lo inverosímil de esta aseveración no desalienta a los defensores de las tesis supuestamente emancipadoras, que las van pregonando por los medios de comunicación con total libertad, en abierta contradicción con la supuesta situación de tiranía en la que dicen vivir.

Llegados a este punto, el temor a que los acontecimientos se desborden, y de que alguna de las fuerzas que apoyan la secesión se lance a acciones de lucha callejera, no es despreciable, como no lo es el hecho de que muchas autoridades catalanas, especialmente alcaldes, se hayan manifestado abiertamente por la ruptura con España y se hayan colocado sin ningún pudor o reparo al margen de la Ley.

El Gobierno nos asegura que no va a permitir que se violente el orden constitucional y que hará respetar la legislación española en todo momento, pero lo cierto es que ya no puede ocultarse la gravedad de los acontecimientos ni la magnitud del movimiento secesionista. El guante ya se ha lanzado.

Ciertamente, el Gobierno tiene recursos suficientes para oponerse a la ruptura constitucional y para restablecer el orden en el caso de que éste se vea afectado. Igualmente, parece que, a pesar de algunos titubeos y movimientos partidistas, los partidos constitucionalistas han decidido apoyar al Gobierno en esta hora de turbulencias.

Es necesario que sea así porque el desafío secesionista catalán no es una pieza de opereta. Tampoco es una erupción de “rauxa” que se vaya a diluir como un azucarillo a base de mejoras de financiación de la autonomía o en base a corredores mediterráneos o autopistas gratuitas. Se trata en esta ocasión de un desafío político que tiene en su fundamento un movimiento social de base muy amplia que atraviesa clases sociales, entornos geográficos, procedencias familiares y generaciones.

Puede que no sea todavía mayoritario, pero, como ya sabemos, este movimiento social se basa en un proceso de construcción de la identidad nacional catalana, de la formación del espíritu nacional catalán, que ha cubierto con sus historias durante más de tres décadas y de forma premeditada y contumaz a varias generaciones, jóvenes y mayores, a caballo de unos planes educativos propios de estados totalitarios, basados en una tergiversación desvergonzada de la realidad histórica, y en la generación de la dicotomía Cataluña oprimida-España opresora, sin escrúpulos de verosimilitud o de lealtad a la patria común.

El proceso de construcción identitaria, que se ha desarrollado con total impunidad, ya que ningún gobierno español se molestó en detenerlo o ponerlo en cuestión, constituye la fuerza de la actual amenaza. Lo que se interpretaba, porque así interesaba, como una excentricidad “cultural”, hoy es un muro que separa emocionalmente a muchos catalanes del resto de los españoles.

Un movimiento así es una fuerza que tal vez pueda pararse en el corto plazo, porque el Estado dispone de poder para hacerlo, pero no va a desaparecer ni con buenas palabras ni con acciones judiciales. El divorcio de una buena parte de la sociedad catalana respecto a España está fuertemente asentado en las mentes de unas personas que llevan mucho tiempo considerándose sólo catalanes, y considerando que viven de hecho en un marco político diferente del español.

En ocasiones anteriores, particularmente las dos de 1931 y 1934, las intentonas de creación ex novo de la República Catalana se toparon con la acción del Gobierno de la Nación y también con la realidad, o mejor dicho la falta de realidad, de una identidad nacional catalana, es decir de un sentido amplio de pertenencia a una nación que no era España.

Pero la actual situación es la consecuencia de un proceso muy cuidadoso de preparación, precisamente para que no volviese a producirse un fracaso como el de estas ocasiones.

Ahora, el proceso de construcción del Estado Catalán se realiza desde la realidad de una identidad social catalana muy difundida y normalizada, en la que los discursos de los independentistas suenan perfectamente razonables a su público mientras los de quienes se oponen a la secesión suenan a imposiciones del Estado opresor a ese mismo público.

Modificar este estado de cosas no va ser una tarea fácil, como no lo va a ser encontrar una forma de encaje de Cataluña en España que no sea inmediatamente contestada por quienes no ven otra alternativa que la secesión, como intolerable, insuficiente y, en definitiva, impuesta “desde fuera”.

Ahora todo el mundo se está preparando no ya para la ruptura, sino para la postruptura, ese periodo de tiempo en el que el diálogo sustituya al griterío actual. Y en esa preparación se especula sobre los terrenos en los que se puede entablar ese diálogo. Financiación, obras públicas, más transferencias y, naturalmente, modificación de la Constitución.

Se habla de federalismo, se habla de confederación, de nación de naciones y, en definitiva, de modificar la forma del Estado para que quepan las “aspiraciones nacionales” de los “diferentes pueblos” de España.

Es perfectamente legítimo que se busquen ámbitos de entendimiento y que se intente desde la política encontrar una solución al embrollo que los propios políticos han creado en buena medida. Seguramente si la desdichada reforma del Estatuto de Autonomía catalán se hubiese realizado de forma negociada entre todas las fuerzas políticas españolas y no solamente entre las fuerzas políticas catalanas, nunca hubiésemos llegado a la actual situación.

Nunca lo sabremos. En ese proceso se perdió la mejor oportunidad para encontrar una solución aceptable para todos y, sobre todo, la oportunidad de negociar en el terreno del Estatuto y no en el de la Constitución o la forma del Estado como ahora.

No es que pensemos que el actual Estado de las autonomías no necesite ajustes, o que la forma del Estado sea inamovible.

Empezando por lo primero, son bien conocidos los desajustes producidos en el cada vez más fragmentado mercado interno español debido a la proliferación de leyes autonómicas y normativas consiguientes. Sin duda, es ahora una buena oportunidad para reconsiderar todos los disparates que hemos cometido en estos años.

También en el marco de la Sanidad podemos resolver los inconvenientes que sufren los españoles que viajan entre comunidades.

Y en el marco de la Educación, para qué hablar. El hecho de que tengamos diecisiete versiones de una misma Historia, o diecisiete visiones de una misma geografía, da para muchas reflexiones.

Así pues, bienvenido sea el diálogo y, sobre todo, bienvenida sea la calma si es que esta termina llegando a nuestro país.

Pero, en todo caso, Epicteto considera que ésta es una ocasión que no se puede hurtar al escrutinio de los españoles.

Está claro que el desafío secesionista catalán es un golpe muy duro para nuestra convivencia. El más duro sufrido por nuestro país desde los comienzos de la etapa democrática. Sin olvidar los crímenes de los terroristas vascos.

Y está claro que el arreglo no va a ser sencillo ni va a permitir que “algo cambie para que todo siga igual”.

Los cambios tendrán que ser importantes y por ello todos tenemos derecho a conocer de antemano sus consecuencias. Porque habrá consecuencias, tanto en lo que se refiere a la solidaridad como a la igualdad de los ciudadanos.

Igualmente, tendremos que decidir qué clase de España queremos, porque afrontamos el riesgo de que se vacíe de tal modo el Estado que termine desapareciendo en un proceso de exaltación de las diferencias, ya sean las conocidas o las que se vayan inventando sobre la marcha.

Y después de asistir a la discusión, que deberá darse con luz y taquígrafos, los españoles deberemos, ahora sí, acudir a una votación, esta vez legal y con todas las garantías, para que entre todos podamos decidir si el camino que se nos propone para el futuro es el que realmente queremos.

El que queremos todos los españoles.

Porque en este momento de nuestra historia, todos tenemos el derecho a decidir y la obligación de hacerlo con responsabilidad.