El Foro de la Sociedad Civil ha venido propiciando una serie de debates sobre la situación y las expectativas del Sistema Financiero Español, derivados de la crisis financiera que se iniciara hace ocho años, crisis que tuvo su origen, entre otros factores estructurales, en el exceso de apelación a la liquidez de determinados agentes económicos vinculados con el sector inmobiliario.

Los países con mayor dinamismo en esta cuestión abordaron con agilidad la dispensación de ayudas, incluso presupuestarias, para el saneamiento de las entidades afectadas, logrando, en muchos casos, la devolución de parte de los anticipos recibidos y, en ocasiones puntuales, hasta con el procesamiento de las personas responsables del deterioro de aquellas.

En España, no fue hasta el año 2011 cuando se toma consciencia de la situación, aunque reconociendo que la magnitud del problema era muy inferior a la que se constató posteriormente. Se estimaba que el sistema gozaba de “buena salud” y que las necesidades financieras serían del orden de los 26.000 millones de euros, cifra que dos años más tarde se multiplicaba, tras las exigencias de instituciones y mercados, hasta cuatro veces. A día de hoy, el propio Tribunal de Cuentas contabiliza unos 108.000 millones de euros e, incluso, otros analistas han realizado estimaciones que incluyen todos los soportes utilizados – ayudas directas oficiales o del Fondo de Garantía de Depósitos, avales, esquemas de protección de activos, compensaciones a los suscriptores de productos “tóxicos”, ampliaciones de capital, etc. – que podrían duplicar la cantidad citada.

El análisis que ahora se presenta bajo el título “EL SISTEMA FINANCIERO ESPAÑOL ANTE LOS RETOS DE 2014: Evolución y expectativas”, ha sido elaborado por el Catedrático de Economía Financiera, Rafael Morales-Arce, con la colaboración de destacados miembros del Foro, habiendo estudiado las causas del deterioro de la situación y las medidas necesarias para reforzar la sostenibilidad de las entidades, repasando los antecedentes de la situación de las entidades financieras españolas; la posición del Banco de España en diferentes momentos de la crisis; las decisiones adoptadas por las autoridades, en especial los siete Decretos-Leyes promulgados en los tres últimos años, encaminados a reforzar la posición de solvencia de las entidades más afectadas; la legislación relativa a las nuevas Fundaciones Bancarias, que serán las titulares de una parte considerable del capital de las antiguas Cajas de Ahorros, sin eludir el último proyecto de ley conocido en febrero de 2014, que definirá los criterios de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades financieras.

Hemos de destacar en este análisis algunos aspectos de gran interés sobre la gestación del proceso de deterioro de las instituciones del sistema:

–       En primer lugar, y a pesar de lo que difunden los medios, la crisis no ha sido de las entidades bancarias, sino básicamente, de las Cajas de Ahorros, afectadas por los problemas de sobreendeudamiento del sector inmobiliario, con un protagonismo que excedía a su capacidad natural de funcionamiento.

–       El efecto más inmediato de la crisis ha sido la drástica reducción del número de Cajas de Ahorros. Hasta el inicio de aquella, había en España 45 entidades, que contaban con 25.000 oficinas y 125.000 empleados, gestionando aproximadamente la mitad de los activos del sistema financiero. A mediados de 2012, poco antes de realizarse las primeras “pruebas de esfuerzo”, se habían reducido a 14, habiendo cerrado hasta 3.800 oficinas y despedido a 17.000 empleados. A finales de 2013, el conjunto del sistema había perdido casi 58.000 empleados (-21,4%) y unas 12.000 oficinas (-26,6%), proceso que continuará en los próximos meses.

–       Su Obra Benéfico-Social, razón de ser de muchas de ellas, fundadas a iniciativa de instituciones de caridad, iniciaría una etapa de reducción de ingresos como consecuencia de la caída de resultados; de los menores rendimientos derivados de sus participaciones industriales y financieras, especialmente, las cotizadas en los mercados de valores, que generaba con menores posibilidades de financiación de actividades sociales, culturales, becas, formación profesional, etc. en un momento en que los presupuestos públicos limitaban las asignaciones a estas partidas del denominado “gasto social”.

–       El conjunto de las instituciones financieras españolas acreditaban a finales de 2013 unos ratios básicos con cierta diferencia de sus homologas europeas: a) El margen financiero en relación a los activos gestionados, así como los costes operativos sobre los márgenes básicos del negocio, eran más favorables en España que en los demás países considerados, b) Sin embargo, la solvencia, medida en términos del ratio de capital Tier-1, (que relaciona los recursos propios básicos con los activos ponderados a riesgo) era el más bajo de la serie considerada c) Las dos mayores entidades españolas tenían ese ratio en torno al 8%, por debajo del 10% de promedio en el conjunto de la Unión, y muy por debajo del 12% en algunas firmas suizas; d) un exceso de volumen de Deuda Pública en sus carteras, actualmente en el entorno de los 355.000 millones de euros, expresión de la denominada “bicicleta financiera”, que posibilitaba captar recursos del BCE al 1% y prestarlos al Estado al 4%, en detrimento del crédito a la economía real; e) la consolidación del principio de que la financiación empresarial en España, al tener un origen estrictamente bancario, a diferencia de lo acreditado en Europa, que la obtiene de los mercados, lo que se traduce en la casi imposibilidad que empresas pequeñas y medianas puedan obtener créditos para la financiación de su circulante; f) la morosidad, magnitud de especial relevancia en el comportamiento financiero alcanzaría tasas muy elevadas en los primeros meses del presente año hasta el 13,42%, representativa de un volumen de créditos dudosos que supera los 195.000 millones de euros. La crisis ha puesto de manifiesto la rápida evolución de la tasa, que de un 0,72% anotado en diciembre de 2006, pasara al 13,42% citado.

-Como hemos indicado anteriormente, la mayoría de los países afectados por la crisis de las entidades financieras, acometió los procesos de ayuda de forma inmediata, con desembolsos de cuantía considerable, lo que propició una recuperación casi normal en la evolución de su negocio. El caso más representativo es el de Estados Unidos, que, a partir de 2008, capitalizó sus bancos en pocos meses, pudiendo retornar a la normalidad en sus operaciones. Holanda, por su parte, que ayudó a su entidad ING con 10.000 millones de euros en 2009, nada más detectarse los problemas, obligó a enajenar algunas de sus participaciones empresariales, como la que mantenía en Nationale Nederlanden, multinacional aseguradora. Cinco años después devolvería 15.000 millones, esto es, el principal más los intereses correspondientes. Ahora cumple con todos los requerimientos de la Unión Bancaria y es una de las entidades que tiene mayor valoración para su representación en España.

-La cifra señalada para España, para homogeneizarla con el resto de los países considerados, era de 57.000 millones de euros. Sin embargo, el Banco de España había adelantado en septiembre de 2013, que la cifra real era de 61.386 millones de euros. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas, como se ha indicado, elevaba la cifra anterior a casi 108.000 millones de euros, sin olvidar que aún quedan varias entidades hasta finalizar el período de saneamiento, así como la consideración final de los DTA (activos fiscales diferidos), una vieja reivindicación de las entidades, que no son otra cosa que renuncias a compensaciones tributarias futuras, que ascenderían inicialmente a unos 50.000 millones pero que podrían elevarse hasta los 60.800 millones de euros, de los cuales, 40.800, podrían computar como recursos de primera calidad.

Igualmente las aportaciones de tenedores de participaciones preferentes, subordinadas y acciones ordinarias, que tuvieron un recorte medio del 28% y que fueron financiadas con ayudas públicas. En definitiva, que podríamos aproximarnos a los 200.000 millones de €, casi el 20% del PIB de un año, cifra en línea a la que ya aventuraba el Fondo Monetario Internacional en agosto de 2013 (185.000 millones), pero aún inferior a la que avanzara algún analista, que en un alarde arriesgado, estimaba tanto una cifra muy superior como escasa confianza en la claridad y transparencia de los balances y las cuentas que presentaban las entidades. En cualquier caso, en opinión de los participantes en el estudio, estas ayudas, más que para rescatar a las entidades habrían servido para garantizar los depósitos de sus clientes.

–       A nivel europeo la cifra contabilizada hasta el año 2011 excedía a los cuatro billones de euros (37% del PIB comunitario), lo que, por analogía, reafirma nuestro criterio de que no hemos alcanzado todavía la cifra definitiva que señala el párrafo anterior.

–       ¿Cuánto se recuperará de lo que fueron aportaciones públicas? Aunque las autoridades mantienen que el rescate bancario “no costará un euro al ciudadano”, los datos hasta ahora conocidos nos hacen ser reticentes. Se han recuperado de Bankia-BFA, 1.440 millones de euros; 977 millones de Banca Cívica; 1.003 de Novagalicia Caixa; 124 de Liberbank y de Banco Mare Nostrum, 1.645 millones. Estas últimas a reintegrar antes de abril de 2015. A principios de junio de 2014, el Gobierno anunciaba una próxima recuperación que elevaría el total hasta unos 6.000 millones de euros.

–       Finalmente, y en relación a la cuenta de resultados, el Banco de España a través de su Informe de Estabilidad Financiera 2013, hecho público en mayo de 2014, avanzaba que el conjunto del sistema habría obtenido unas pérdidas de 43.000 millones de euros en 2012, que tornaron a beneficio de 11.101 millones en 2013, si bien con unos créditos refinanciados de 211.000 millones, de los que, 109.000 habían sido calificados como “dudosos”. Todo ello en un entorno con menores necesidades de saneamiento; con presiones para reforzar sus bases de capital, que desde julio de 2013 se había contabilizado en España un 19% adicional, y recomendaciones de no repartir dividendos por encima del 25% del resultado de ejercicio.

–       La SAREB (Sociedad de Gestión de Activos de la reconversión bancaria), el denominado “banco malo” creado en 2013, a la que le fueron transferidos unos 50.000 millones de euros de los peores activos procedentes del sector inmobiliario, terminaría el ejercicio, como era previsible, con importantes pérdidas, sin cumplir el objetivo de rentabilidad que le fuere asignado. Había servido, por el contrario, para racionalizar los balances de las entidades, permitiendo a estas dedicarse a la gestión de los activos menos problemáticos, sin necesidad de mayores saneamientos para los bienes transferidos.

–       Finalmente, las “pruebas de esfuerzo” realizadas en 2013 pusieron de manifiesto la constatación de muchos de los efectos que hemos comentado, permitiendo clasificar a las entidades en los cuatro grupos que se recogen seguidamente:

a)    Las que acreditaban suficiencia de capital, y, por tanto, no requerirían de otras medida.

b)    Las controladas por el FROB (BFA-Bankia; Catalunya Banc; NCG Banco; Banco de Valencia, y BMN.)

c)     Las que acreditaban déficit de capital, que no podrían afrontarlo sin ayudas estatales, y

d)    Las que teniendo déficit de capital, pero que podrían afrontarlo sin recurrir a ayudas estatales.

–       A empresas y economías domésticas se les trasladaron importantes efectos, tales como: a) una clara reducción del créditos, especialmente a las pequeñas y medianas;derivado de lo anterior, la aparición de las denominadas operaciones de tipo “crowdfunding”, esto es, la financiación por grupos de inversores no bancarios; c) la generalización de fórmulas de alivio a las economías empresariales y domésticas a través del alargamiento en el plazo de amortización de los créditos, con el aumento de coste implícito que ello supone; d) la exigencia de mayores requerimientos para reforzar los recursos propios de las instituciones, que ha disminuido la generación de beneficios, y, consecuentemente, la recaudación fiscal derivada del Impuesto de la Renta de Sociedades; e) sin olvidar la aparición de críticas y tensiones sociales que tienen su origen en la estructura tradicional de las operaciones hipotecarias, que favorecen al prestamista, que no posibilitan, como en otros mercados, la utilización de la “dación en pago de deudas”; f) la pérdida de valor de las participaciones empresariales que tenían las Cajas, que ante los nuevos requerimientos regulatorios, se veían obligadas a su venta, generando minusvalías importantes, y, g) como consecuencia, una valoración, más próxima al mercado, de los activos y promociones inmobiliarias.

–       En definitiva, una serie de evidencias, muchas de las cuales fueron denunciadas a las autoridades por un grupo de Inspectores del Banco de España, que, desde mayo de 2008, venían anticipando que una considerable parte del sistema, en especial, las Cajas de Ahorro, apelaban a los mercados financieros de forma exagerada, aplicando los recursos obtenidos a operaciones en los sectores inmobiliario y construcción, sin ponderar adecuadamente los riesgos que se asumían. Las autoridades del Ministerio de Economía, lejos de atender esta petición, estimaron inicialmente que los fenómenos explicados no tendrían repercusión en España. Por su parte, los órganos reguladores no adoptaron medidas iniciales en los términos que hubieren sido razonables. En los últimos meses, hasta el Banco Central Europeo y algunas entidades internacionales, como Merrill Lynch, expusieron dudas razonables sobre los estados financieros de algunas entidades, estimando que contabilizaban créditos dudosos que superaban los 420.000 millones de euros, con una cobertura inferior al 45%, y con la morosidad antes señalada.

Las autoridades españolas, a la vista del Pleno del Euro-Grupo de junio de 2012, que inicia un proceso activo de transición hacia la Unión Bancaria, consideran deben proceder a hacer uso de las facilidades del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, que puso a nuestra disposición hasta 100.000 millones de euros para cooperar a superar la situación, si bien, y hasta el momento, sería utilizada alrededor de la mitad; con una gestión a través del FROB ;con la exigencia que la dispensación de las ayudas se acomodaran a la evolución de la situación y al cumplimiento de las exigencias requeridas, ya centradas en aquellas entidades que tras las pruebas de esfuerzo de aquel año mostraron parámetros de debilidad que debían ser corregidos.

A lo largo del año 2013, las entidades afectadas realizan las operaciones comprometidas, quedando pendiente el futuro de algunas entidades, la más importante de ellas, Catalunya Banc, sobre la que no existe, hasta este momento, decisión definitiva sobre su subasta o pase a una situación alternativa. Aunque se contempla una posible resolución, la realidad no se despejará de forma inmediata, en especial, tras evaluar que su cartera de créditos inmobiliarios se acerca a los 8.000 millones de euros.

El inicio de 2014 augura, en opinión del Fondo Monetario Internacional, un horizonte más brillante para las entidades, anticipando que tras “siete años de estabilidad, vendrán siete de bonanza”, señalando a España e Italia como países que deberían volver cuanto antes a la situación previa a la crisis financiera. Por otra parte, observa en las economías avanzadas un “riesgo de deflación” y el aumento de la volatilidad financiera a medida que se avance en la retirada de los estímulos monetarios que hasta ahora se habían dispensado. En todo caso, insisten en la necesidad que las entidades financieras prosigan el proceso de incremento de capital; la limitación del reparto de dividendos y la utilización posible de procesos de conversión de deudas en capital.

Las próximas “pruebas de esfuerzo” se realizarán en el transcurso de 2014, estando en discusión los posibles “escenarios”. Inicialmente, se había previsto uno riguroso, con una hipótesis de caída del PIB en 2014-2016, del 6% y un máximo de la Tasa de Desempleo del 32%. El Fondo Monetario Internacional ha sugerido otro más benigno, con una reducción del PIB entre 3,3-4,1%; un ratio de capital del 8% en el escenario base, aunque será la Autoridad Bancaria Europea (EBA), la que decida los términos finales de la prueba.

Como era previsible, el proceso de culminación de la Unión Bancaria debería completarse si querían darse pasos concluyentes en la superación de la crisis de las entidades de crédito. A tal fin, el Parlamento Europeo aprobaba el pasado 15 de abril las piezas que faltaban del instrumento creado en junio de 2012, eliminando, de paso, los vínculos existentes entre la deuda bancaria y la deuda soberana. Los objetivos que se destacan son los siguientes: a) el deseo de atajar con rigor, velocidad, eficacia y seguridad, los problemas existentes; la eliminación de cualquier problema de solvencia del sistema financiero europeo; evitar el contagio de las dificultades de una entidad al resto de entidades de la Eurozona, y, de manera particular, aclarar que no serán los contribuyentes los que paguen los efectos de aquellas.

Para ello, se definen las competencias de una serie de organismos:

–       El Banco Central Europeo será el supervisor único de los sistemas financieros nacionales. La Autoridad de Resolución de las entidades, si bien serán los Gobiernos de los Estados los que tendrán la última palabra sobre el cierre de una entidad de su demarcación, y, finalmente, el Fondo de Garantía de Depósitos, al que se le dotará con 55.000 millones de euros, con la finalizar de cooperar a la financiación de los procesos de reestructuración, sin perjuicio de la responsabilidad que deban asumir accionistas, acreedores, bonistas y grandes depositarios de las entidades afectadas. Reforzará, por tanto, a los Fondos de Garantía nacionales, si bien no podrá utilizarse hasta el año 2016.

Las aportaciones al Fondo se harán de manera progresiva, y acordes al perfil de riesgo de cada una de las entidades, durante el período 2015-2023, sin que sea posible que el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) pueda avalar entretanto a entidad alguna. La contribución de España a la formación del Fondo será del orden de 7-8.000 millones de euros.

El Fondo cubrirá solamente a las 330 entidades de mayor volumen de la Unión Europea, con la posibilidad que Alemania excluya a sus Cajas de Ahorros.

En relación al reparto de la carga de los rescates, se utilizará el principio “bail-in”, que significa que las pérdidas serán cubiertas con el siguiente orden: a) por los accionistas de la entidad; b) los bonistas senior; c) los acreedores por participaciones preferentes, y d) los grandes depositantes, puesto que, como se ha dicho, los de hasta 100.000 euros, por entidad y titular, serán requeridos al Fondo de Garantía de Depósitos del país, garantizándose su recepción en el plazo de siete días. A los tres primeros grupos se les aplicaría una quita mínima del 8% de los pasivos de la entidad.

Estimamos que la plena configuración de la Unión Bancaria pondrá fin a comportamientos irregulares de grandes instituciones financieras internacionales, bien por su colaboración a la evasión de impuestos de algunos de sus clientes (recuérdense las sanciones a UBS y Credit Suisse, de 700 y 1824 millones de dólares, respectivamente, o de BNP, al que exigen 3.600 millones de euros, impuestas en U.S.A, aparte de otra por 7.351 millones de euros por realizar operaciones con Irán y Sudán); la de grandes instituciones, como Bank of América, que tiene un contencioso con la Fiscalía norteamericana por temas derivados de las hipotecas subprime, hecho que podría generar una sanción de 8.800 millones de euros; o la de las entidades que establecieron acuerdos ilegales para falsear los componentes que intervienen en la fijación de precios de los derivados de tipos de interés (Credit Agricole, H.S.B.C. y J.P. Morgan) denunciados por la Unión Europea en 2014, por hechos que, ya en 2013, originaron una fuerte sanción económica a entidades del sistema (Barclays, Deutsche, Societe Generale y Royal Bank of Scotland). La Unión Bancaria tiene aquí una responsabilidad fundamental para la seguridad de las transacciones futuras.

A partir de ahora, el calendario de actuación se inicia con la publicación de los resultados de las “pruebas de esfuerzo” en el mes de noviembre; la entrada en vigor del mecanismo de resolución, aunque sin capacidad de rescate; la protección del nuevo Fondo Europeo de Garantía de Depósitos; la efectividad de la Autoridad de Resolución, esperando que en enero de 2024, se haya capitalizado completamente en la suma acordada.

Como se ha indicado, el resultado de las “pruebas de esfuerzo” se conocerá en noviembre de 2014, afectando a 16 entidades españolas, cuyos análisis iniciales comenzaron en mayo, con la posible utilización de dos escenarios representativos: uno, básico, con los parámetros que hoy afectan a la situación de la economía española y otro, adverso, en el que se pondría en situación a las entidades bajo una evolución de indicadores económicos básicos con el horizonte de 2016. El objetivo será determinar la capacidad de absorción de pérdidas en estos escenarios, que comprenderán, tanto la evolución del PIB, como la tasa de desempleo; el ratio de capital; el IPC, la evolución de los precios del sector inmobiliario y el rendimiento del bono a 10 años.

Las pruebas afectarán a las mayores entidades españolas: BBVA, Sabadell, BFA-Bankia, BMN, Popular, Santander, Bankinter, Ibercaja, Caixabank, Cajamar, Catalunya Banc, Ceiss, Kutxabank, Liberbank, Unicaja y NCG Banco, un total de 16 sobre las 124, denominadas “sistémicas”, del conjunto de la Eurozona.

La metodología de la prueba incluirá un análisis detallado de algunos elementos de sus balances: participaciones preferentes y convertibles contingentes, abarcando los ejercicios comprendidos entre 2014 a 2016.

La Unión dará un plazo hasta 2019 para que las entidades realicen los ajustes derivados de la prueba, asumiendo las deducciones y penalizaciones que pudieran corresponderlas. Las que se realizaron en 2012 propiciaron que una serie de países europeos, incrementaran su capital entre el 31%, del caso de Italia; 19% para España y del 1% en el caso de Portugal, por un montante total de unos 35.000 millones de euros, bien a través de reducción de la apelación a la liquidez del Banco Central Europeo; la venta de activos o, simplemente, operaciones puras de ampliación de capital.

En caso que alguna de ellas acreditara un déficit de cobertura de su ratio de capital, se otorgaría un plazo de seis meses en el escenario base, y de nueve, en el adverso.

Ante los previsibles resultados de estas pruebas, algunas entidades han tomado disposiciones importantes. Así, Deutsche Bank, realizará una ampliación de capital por importe de 8.000 millones de euros (20% suscrito por el Emirato de Qatar y el resto, por otros de sus accionistas). La italiana, Monte di Paschi, lo hará por una cantidad estimada entre 3-5.000 millones, y las francesas Credit Agricole, Credit Lyonnais y Mutuel, se verán probablemente abocadas a mejorar sus recursos propios.

A la vista de lo que se ha comentado, exponemos una serie de reflexiones finales que nos ayuden a superar los efectos de la crisis y la puesta en valor de las entidades subsistentes, en especial las siguientes:

–       España tendrá grandes dificultades para superar la actual crisis económica en tanto no concluya y resuelva de manera definitiva la situación de su sector financiero.

–       Tal resolución debería propiciar la aparición de un nuevo sistema financiero, con diferente orientación a la actual, con una vocación de auténtico servicio al cliente, con nuevos productos, de propia marca o diferenciados, y con una financiación basada, mayoritariamente, en los recursos captados en el mercado doméstico, en especial por las entidades de tamaño mediano, y con respeto absoluto a los requerimientos de solvencia emanados de las instituciones internacionales de supervisión y regulación.

–       Las entidades seguirán utilizando productos financieros complejos: fondos garantizados con rentabilidad objetivo (buy & hold) no garantizados; fondos de renta variable; estructurados, combinando depósitos con otros productos, normalmente asociados a renta variable; fond-depósitos, etc. Todos ellos de gran importancia en los últimos años, pero ahora sometidos a las limitaciones derivadas de las pruebas de esfuerzo que se fueren realizando. Las personas que apliquen en ellos deben conocer que ahora las rentabilidades serán más reducidas y las comisiones devengadas de mayor entidad.

–       La mejora progresiva de la cultura financiera de la sociedad española propiciará la aparición de clientes más exigentes, que ya no aceptarán productos y servicios sin más, en un entorno en el que compararán ofertas de diversas instituciones, con el apoyo de más instituciones intermedias que alertarán sobre las ventajas y servidumbres de cada uno de aquellos.

–       La transparencia en las relaciones con los clientes será fundamental en la nueva etapa, en especial, facilitando información clara y precisa de los productos y servicios complejos (estructurados, ligados a índices, etc.); destacando la información relevante, eliminando la inveterada costumbre de presentar contratos en términos ilegibles o con pequeños caracteres; pre-avisando, con al menos 30 días, en aquellos casos en que se alteran las condiciones de cualquier contrato; explicando que, en los depósitos con retribución superior al 1%, la estructura de la Tasa Anual Equivalente (TAE) debe ser demostrada con claridad; informando detalladamente a los avalistas de las responsabilidades que han de asumir en caso de incumplimiento; y, especialmente, en el caso de los préstamos hipotecarios, previniendo sobre el posible cambio de valor de los inmuebles objeto de los mismos, etc.

–       Las nuevas instituciones deben actuar bajo la lógica económica, financiera y de respeto a determinados valores, racionalizando tanto su nivel de apalancamiento como sus costes operativos. Un ratio de eficiencia, por encima del 50%, dificulta la viabilidad y la estabilidad cara al futuro.

–       En la práctica, ha desaparecido el sistema español de Cajas de Ahorros, unas instituciones que cumplieron un relevante papel durante muchos años, pero que en los más recientes, adoptaron decisiones ajenas a criterios razonables de inversión y riesgo. La presencia de representantes de instituciones públicas en sus órganos de administración está en la clave de su desaparición

–       Habrá un largo camino por recorrer, en el que aparte lo anterior, deben devolverse las ayudas recibidas, muy cuantiosas en alguna de las nuevas instituciones.

–       Las entidades de crédito deberían abandonar la práctica de aplicar sus recursos, fundamentalmente, a la suscripción de activos financieros públicos, orientándolos hacia pequeñas y medianas empresas, autónomos, emprendedores y economías domésticas, que precisan con urgencia la financiación de su circulante de explotación.

–       Las sociedades de gestión de los activos, aunque tienen un amplio plazo para la enajenación de activos procedentes de la reconversión bancaria, 20 años, se verán compelidas a realizarlos en plazos más reducidos.

–       En definitiva, nos enfrentamos a una nueva era del sistema crediticio español, que supera los 4,1 billones de euros de activos –cuatro veces la riqueza anual de la nación – que debe contribuir a la generación de riqueza y empleo, con objetividad y sin privilegios – estimulando la subsistencia de aquellas entidades que fueren viables, como sucede en todo el mundo desarrollado.

–       Y con la necesidad de un amplio proceso de auto-crítica, que haga posible responsabilizar de lo sucedido a aquellos que financiaron proyectos inviables, decidiendo sin el menor rigor empresarial y financiero, sin olvidar a otros que, con conocimiento, adquirieron productos y servicios sin valorar adecuadamente los riesgos que asumían.

–       Y, naturalmente, ampliando tal proceso de auto-crítica, a las autoridades, supervisores y reguladores, que hicieron dejación de sus responsabilidades, bien por dilación en la toma en consideración de las medidas necesarias, como por la tolerancia ante prácticas irregulares en algunas de las instituciones del sistema, sin olvidar que anuncios tales como que “la crisis financiera no costará un euro al contribuyente”, no deja de ser un deseo que difícilmente se cumplirá en la realidad.

En definitiva, un conjunto de reflexiones que, hasta ahora, no hemos conocido más que en un reducido número de analistas de la crisis bancaria española, y que debería servir para que el conjunto de la sociedad, sea consciente que la problemática es muy similar en casi todos los entornos del mundo. La única forma de evitar futuras crisis, es la disposición de medios que aseguren tanto la promulgación de medidas razonables de regulación y supervisión como la clara oposición a que negocios de cierta complejidad, como los de las entidades de crédito, sean asumidos por personas sin los conocimientos y competencias adecuados, sin la observancia de comportamientos morales que preserven de los efectos indeseables que en este análisis hemos destacado, y en el que queden excluidas conductas inapropiadas y evasivas de una buena parte de las autoridades que debieran perseguirlas.

El Foro de la Sociedad Civil, que en su declaración de principios, se define como una entidad abierta al talento, partidaria del debate, polo de atracción de la inteligencia crítica, lugar para el despliegue de proyectos y promotor, en fin, de las ideas y la innovación, pone a disposición de sus asociados y de la opinión pública esta comunicación, así como el texto completo del análisis, en la confianza que sea de utilidad para sensibilizar y adoptar una actitud de apoyo a las medidas que refuercen la sostenibilidad de nuestras entidades financieras, pilar fundamental para la recuperación económica que España necesita.

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