TRIBUNA DE LA SOCIEDAD CIVIL DE ESPAÑA

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El Foro de la Sociedad Civil debate sobre el diferente rasero que mide a administradores públicos y privados

Con el objetivo de promover el debate acerca de cómo puede la ciudadanía exigir responsabilidades a los poderes públicos, el Foro de la Sociedad Civil celebró el pasado 18 de diciembre su última sesión plenaria del año, en la que participaron como invitados especiales Rafael Mateu, Abogado del Estado y experto en gobierno corporativo, y el catedrático de Derecho Administrativo Antonio Jiménez Blanco.

 

La sesión, que fue abierta por el recién nombrado presidente del Foro, Jesús Banegas, y moderada por Carlos Entrena, miembro del Foro, se celebró bajo el título de «Gobierno corporativo y responsabilidad de los administradores públicos».

 

El Foro, preocupado por el enorme déficit público al que se ha conducido a España en los últimos años y por el hecho de que numerosas actuaciones de los gobernantes hayan tenido consecuencias perjudiciales para la sociedad sin que por ello hayan sido enjuiciados o puestos en cuestión, considera necesario abrir una reflexión profunda que conduzca a la reforma del régimen de responsabilidad ante terceros de los administradores públicos, para equipararlo con el de los administradores privados.

Para Rafael Mateu, es incomprensible que a las empresas se les exija un código de buen gobierno que impone, por ejemplo, la presencia en los consejos de administración de un mínimo de un tercio de miembros independientes y, en cambio, las instituciones públicas estén regidas por “la cuota partitocrática”.

 

“En la Administración Pública no se encuentra un solo consejero independiente en los organismos reguladores, donde los políticos reparten los puestos. Pasa en el Tribunal Constitucional, en la CNMV, en la CNC… En Alemania y Francia no ocurre esto. Es injusto lo que se pide a las empresas y lo que hacen las instituciones”, lamentó Mateu, socio fundador del bufete Ramón y Cajal.

 

Como experto en gobierno corporativo, Mateu destacó que en España no existe ninguna vía para demandar a un funcionario público, salvo la penal. “Es más fácil actuar contra un consejero de una empresa privada que contra un funcionario público”, se quejó Mateu, que pidió la reforma del régimen de responsabilidades de los políticos ante terceros para poder usar la vía administrativa.

 

Los participantes en el debate coincidieron en que hay un claro desequilibrio entre lo que se exige a las compañías privadas y a la Administración Pública. “¿Por qué las empresas están obligadas a presentar cuentas todos los años y las instituciones tardan años?”, se lamentó Carlos Entrena.

 

Por ello, Rafael Mateu consideró que “ha llegado el momento de abrir el debate de la reforma constitucional, para cambiar, por ejemplo, el Tribunal de Cuentas”.

 

Además, exigieron que la sociedad civil tome una actitud activa para evitar la irresponsabilidad de los poderes públicos. “En la antigua Atenas, los ciudadanos vivían en situación de alerta permanente. Nosotros tenemos que perder el miedo a hablar de política. Así, poco a poco se creará una conciencia que llegará a los políticos”, aseguró Mateu.

 

Por su parte, el catedrático Antonio Jiménez Blanco denunció en su intervención que en España “existe una percepción general en la sociedad de que hay una gran irresponsabilidad pública en el manejo del dinero público y, sin embargo, ningún administrador público se responsabiliza de nada”.

 

“Mientras la responsabilidad condenatoria se aplica con frecuencia a médicos, arquitectos o ingenieros por errores o problemas derivados de su ejercicio profesional, apenas se aplica a jueces y políticos”, dijo Jiménez Blanco, para quien existe una preocupante tendencia a llevar al ámbito penal cuestiones que debieran ser resueltas en el plano administrativo.

 

Claro ejemplo de esto son los casos de las cajas de ahorros, el Prestige y Aznalcóllar. “En el caso del derrumbe de la mina y del vertido de residuos, nadie pagó por su responsabilidad. Se llevó por lo penal y un juez de instrucción lo tuvo que archivar al no encontrarse un culpable. Si hubiera ido por lo contencioso-administrativo, el proceso habría tenido un desarrollo más natural”, considera Jiménez Blanco.

 

Estamos, según este catedrático, “ante la huida del Derecho Administrativo hacia el Derecho Penal por el simple hecho de que genera más repercusión mediática la figura de la imputación que un proceso administrativo, que no interesa a nadie”.

 

Los participantes en el debate coincidieron en señalar que la falta de adecuación entre el marco legal, que ha quedado obsoleto o desvirtuado, como ocurre con la Ley de Expropiación Forzosa de 1954, y la realidad que vive España impide que la ciudadanía tenga cauces adecuados para la exigencia de responsabilidades a los poderes públicos.

 

La Ley de Transparencia no resuelve el problema

Ni siquiera la nueva Ley de Transparencia parece que vaya a poner fin a este problema, sino más bien al contrario. Según Carlos Entrena, “da la sensación de que trata de conseguir una mayor impunidad de los políticos al incluir una figura casi idéntica al cohecho como infracción administrativa”.

 

Como posible solución a este problema, los presentes en el debate apuntaron la profundización en el proceso de integración europea, “que nos gobiernen desde fuera”, señaló Jiménez Blanco.

 

Las normas comunitarias podrían ayudar a encauzar y a revertir este problema, que se evidencia, sobre todo, en la pérdida que se ha producido en los últimos años del control, del gasto público, como señaló Carlos Entrena, en especial en el caso de las administraciones regional y local.

 

Entrena lamentó que la función del interventor en los ayuntamientos prácticamente haya desaparecido, provocando así el descontrol en las adjudicaciones y contrataciones públicas.

 

Además, reclamó otro sistema de intervención popular, que pasa por la transparencia y por exigir a las administraciones que hagan públicas sus cuentas en sus webs.

 

La opacidad con la que actúan los poderes públicos contrasta con las exigencias a las que están sometidas las empresas privadas.

 

Jesús Banegas, presidente del Foro de la Sociedad Civil, cerró el debate con la siguiente afirmación: “Tenemos que perder el miedo a la libertad. Debemos hablar en todo tiempo y lugar y pedir transparencia”.

 

El Foro de la Sociedad Civil es una asociación sin ánimo de lucro que actúa como lugar de encuentro abierto a la pluralidad de realidades de España y como plataforma de lanzamiento de nuevas ideas y propuestas que ayuden al proceso continuado de modernización y avance de este país en las próximas décadas.

 

LECTURAS RECOMENDADAS:

 

‘Asalto a las instituciones’. Autora: Elisa de la Nuez. El Mundo, 16-12-2013

http://www.elmundo.es/opinion/2013/12/16/52af656e61fd3de6798b4597.html

 

‘Arbitrariedad y competencia’. Autores: Jesús Fernández-Villaverde y Luis Garicano. El País, 27-9-2013

http://economia.elpais.com/economia/2013/09/27/actualidad/1380276957_734434.html

 

‘¿Por qué odiamos a los ricos?’. Autor: Jesús Andreu. El País, 23-11-2013

http://elpais.com/elpais/2013/11/08/opinion/1383929348_995907.html

 

‘Grandeza y descrédito de la política’. Autor: Carles Casajuana. El País, 18-12-13

http://elpais.com/elpais/2013/10/16/opinion/1381948108_157462.html

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