El reciente anuncio de la subida del IVA nos ha recordado que ante las críticas la amnistía fiscal, desde el Gobierno se justificó como la única alternativa a ese aumento. Ahora resulta que tendremos la amnistía y mayor IVA, pero lo más grave de la cuestión no es el cambio de criterio del gobierno, ni su posible efecto sobre el consumo. El verdadero problema viene del planteamiento inicial, que supone aprobar algo que se admite que es incorrecto (la amnistía) porque es útil (se recauda más y se evita subir el IVA). Según este razonamiento la ética es algo que se respeta si se puede, pero que en determinados casos se convierte en un lujo del que hay que prescindir, pues ya decía sir Francis Bacon hace cinco siglos que la política y la moral son muy difíciles de compatibilizar. En realidad sucede todo lo contrario, pues la convivencia social y la economía descansan sobre el armazón de las creencias comunes sobre lo que es justo o ético, y si se deslegitiman los comportamientos morales, lo que se produce es la desmoralización en todos los sentidos, y la quiebra del sistema.
La tan traída y llevada amnistía fiscal nos puede servir de ejemplo. La norma permite a los particulares aflorar dinero no declarado pagando un 10%, sin ninguna otra sanción, y a las empresas repatriar los beneficios obtenidos en paraísos fiscales pagando un 8%. Lo primero supone por tanto un perdón de infracciones e incluso delitos, y lo segundo premia la táctica de elusión con estructuras de filiales en paraísos fiscales a menudo al límite de la legalidad. La justificación es la mayor recaudación inmediata y futura, al integrar dentro de la economía formal declarantes y patrimonios que estaban fuera. Es decir que renunciamos a la honra (la ética fiscal), pero obtenemos los barcos (la recaudación y reducción del déficit). El problema es que el razonamiento no es cierto: las numerosas amnistías fiscales de distintos Estados de EE.UU. han permitido hacer estudios sobre sus efectos reales, y el resultado es que producen un incremento medio del 4,5% de la recaudación el año de la regularización, pero en cambio reducen un 3% la de todos los ejercicios posteriores. Es decir que el efecto a largo plazo sobre el déficit es muy negativo, o dicho más castizamente, que son pan para hoy y hambre para mañana. Esto es lógico pues la amnistía deslegitima el sistema y envía un mensaje de que el Estado se considera incapaz de luchar contra el fraude a través de la inspección, y también de que es previsible que haya otra en el futuro, todas buenas razones para perseverar en el fraude o iniciarse en él.
Lo interesante es que esta es la regla, pero que no todas las amnistías tienen unos efectos negativos: los mismos estudios revelan que éstos disminuyen o desaparecen si la amnistía es excepcional y se acompaña de una mayor eficiencia de la inspección y Í esto se comunica de forma convincente. Es decir que si la regularización es una medida más dentro de una política que refuerza el cumplimiento, no se desmoraliza a los cumplidores, y los defraudadores han de hacer nuevos cálculos del riesgo que llevarán a muchos a declarar. El Gobierno ha hecho manifestaciones en ese sentido, pero para que sea creíble esta posición se deben crear nuevos sistemas de intercambio de información tanto en el ámbito interno -sobre todo con las haciendas forales- como en el internacional. En la Unión Europea se debe liderar la lucha por la transparencia y la colaboración, y contra las prácticas de opacidad bancaria de determinados miembros, y establecer acuerdos bilaterales con otros países como Suiza (como acaba de hacer Alemania). El mismo esfuerzo ha de hacerse en relación con los entramados de las grandes empresas en paraísos fiscales, pues el endurecimiento del impuesto de sociedades sin hacer nada por impedir la deslocalización de beneficios llevará a mayor elusión y menor recaudación. Si no se hace esto la amnistía será un fracaso a corto plazo y un desastre a la larga. Si se refuerza el cumplimiento no solo se recaudará este año sino que se mejorará la conciencia fiscal y habrá recaudación también mañana. Aunque para ello también es necesario -y quizás utópico- un acuerdo entre los grandes partidos que establezca un marco fiscal sencillo, uniforme y estable, pero esa es otra historia. La conclusión es que en este tema, como en todos, no hay disyuntiva entre ética y utilidad, sino todo lo contrario: o hay honra con barcos, o ni barcos ni honra. Toda medida política tiene que estar fundamentada en la moral y la justicia, pues solo así será eficaz, y solo así logrará la adhesión de los ciudadanos en su aplicación. Ahora que tanto se habla del problema de comunicación del Gobierno, hay que recordar que no se trata de una cuestión de formas o de estrategia, pues solo se lidera y se convence si la acción política responde a un discurso coherente desde el punto de vista moral.
