La polémica sobre la no actualización de las pensiones con la inflación ha ido arreciando hasta provocar un duro enfrentamiento de todas las fuerzas políticas con el Gobierno a excepción del Partido Popular. A ello se añade un recurso ante el Tribunal Constitucional de la mayoría de la oposición encabezada por el Partido Socialista, al que se le ha olvidado repentinamente que su Gobierno congeló las pensiones en fecha tan cercana como 2011.
Pero el problema de las pensiones no ha hecho más que comenzar. En los sistemas de Seguridad Social suelen diferenciarse, de una parte, las pensiones contributivas, que son las que corresponden a quienes han satisfecho suficientes cotizaciones sociales y, de otra, las no contributivas y los complementos de mínimos, que son las que corresponden a pensionistas que no han cotizado y a las cantidades que necesitan algunas pensiones contributivas para alcanzar los mínimos de percepción. Según los acuerdos de la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, las pensiones no contributivas y los complementos de mínimos se deberían financiar por los Presupuestos Generales del Estado con cargo a sus ingresos, mientras las cotizaciones sociales solo financiarían las pensiones contributivas. Pero todavía hoy no se ha logrado totalmente ese objetivo, aparte de que el Gobierno anterior incluyó en las pensiones contributivas a colectivos muy numerosos con insuficientes cotizaciones. Un primer problema de entidad considerable.
Además, para las pensiones contributivas no se dotan reservas matemáticas como en los seguros de vida privados, que acumulan en cada periodo un capital adscrito a cada asegurado conforme a la prima que satisface. Por el contrario, nuestra Seguridad Social, como las de otros países, paga cada año las pensiones con las cotizaciones que ingresa en ese mismo ejercicio, aplicando el llamado sistema de reparto. Los excedentes cuando existen se destinan a un fondo general de reserva para utilizarlos en años de déficit. Tampoco el Gobierno anterior dotó el pasado año esa reserva, pese a que debió hacerlo por importe de unos 14.000 millones de euros.
El sistema de reparto genera, al menos, dos importantes problemas. El primero, que al no estar ligadas las cotizaciones a un capital individualizado para pagar en su día la pensión de cada cotizante, tales cotizaciones se valoran por empresas y trabajadores como impuestos y no como retribuciones diferidas. El segundo, que al estar las pensiones limitadas en su cuantía máxima, se producen fuertes desigualdades entre las cantidades cotizadas a lo largo de la vida activa y las pensiones percibidas a la jubilación, dando origen a una redistribución intraclase que no puede considerarse justa porque en ella solo participan los asalariados y no los restantes grupos sociales. La progresividad redistributiva debería quedar constreñida al IRPF, donde participa toda la población según sus ingresos efectivos.
Alternativamente, las pensiones contributivas podrían financiarse mediante un sistema público y obligatorio de capitalización individualizada, en el que a cada trabajador se le asigne, en una cuenta a su nombre indisponible hasta su jubilación, las cotizaciones sociales que paguen él y su empresa y los intereses que genere ese capital para satisfacer luego exclusivamente su propia pensión con el fondo así constituido. No existirá, por tanto, redistribución en este sistema llamado de capitalización, pues cada pensionista percibirá cuando se jubile la totalidad de lo que haya cotizado más las rentas generadas. Por eso las cotizaciones sociales, aunque obligatorias, no se valorarán por los trabajadores como impuestos sino como un salario diferido.
El problema más grave de los sistemas de reparto es que se hacen insostenibles cuando se enfrentan a fuertes aumentos de la esperanza de vida, cuando crece la proporción de jubilados respecto a la población activa o cuando aumentan las tasas de paro. Esos tres factores están incidiendo hoy dramáticamente sobre el sistema español de pensiones y son, en buena parte, la causa de sus déficits. La esperanza de vida a los 65 años era de 17 años adicionales en 1990 mientras que hoy se estima en 20,4 –y, afortunadamente, sigue creciendo– lo que significa en promedio 3,4 años más de pensión a igualdad de cotizaciones en solo una década. Además, mientras la proporción de mayores de 65 años y menores de 16 frente a personas en edad de trabajar era en 1990 de más de 2,5, hoy esa proporción está próxima a 2 y las proyecciones demográficas señalan que llegará a 1ª mitad de este siglo. Por si fuese poco, los afiliados a la Seguridad Social se han reducido en los últimos cinco años a 16,5 millones, con una pérdida de 2,9 millones de cotizantes debido al paro, por lo que la Seguridad Social ha pasado en poco tiempo desde el superávit a los déficits. Esos déficits podrían quizá absorberse si el Estado tuviese fuertes superávits en sus cuentas pero no en la grave situación actual. Ahora sólo podrían paliarse si aumentase el empleo y la afiliación, pero a medio plazo no existe probablemente otra salida que la de un cambio profundo en el sistema de pensiones. Por eso habría que resolver ahora con urgencia los problemas más acuciantes ligando el aumento periódico de la edad de jubilación a la creciente esperanza de vida, pero no con la parsimonia de la ley 27/2011, que prevé la jubilación a los 67 años nada menos que para 2027. Además, habría que incorporar, también con rapidez, el cálculo de la pensión en función de todas las cotizaciones y no limitarlo a las de un cierto periodo de la vida laboral.
Esas dos medidas atenuarían o absorberían ahora los déficits, pero no los resolverían para el futuro porque en solo unas décadas resultará imposible mantener en equilibrio un sistema de reparto con sólo una persona en edad de trabajar por cada persona fuera de esa edad. Por eso quizá haya que ir pensando en la sustitución del sistema de reparto por otro mixto de naturaleza pública, con una parte de cada pensión financiada por capitalización de un porcentaje de las cotizaciones. Ello exigiría de un largo periodo transitorio que debería iniciarse sin muchas demoras, pero esa transición será costosa y obligará a sacrificios y aportaciones considerables, muy difíciles de acometer en estos momentos.
Por eso hoy, ante esas previsiones y con un déficit importante en la Seguridad Social, con un elevado desempleo y con fuertes rebajas en los salarios de casi todos los trabajadores en activo, que no cuentan ya con revalorizaciones automáticas por la inflación, resulta poco razonable que los pensionistas disfruten de las revalorizaciones que no tienen esos trabajadores. De ahí que el Gobierno haya decidido no revalorizar las pensiones en 2012, puesto que ya las había aumentado desde principios de este año en un 1%. Para 2013 se revalorizarán en un 2% solo las pensiones inferiores a mil euros mensuales, que son más de 6,6 millones, y en un 1%las restantes.
Como se deduce de un estudio que he coordinado para el Foro de la Sociedad Civil, el reto de las pensiones no sólo son sus importantes problemas actuales sino muy especialmente su sostenibilidad futura. Por eso en los próximos años las pensiones quizá sólo puedan aumentarse como mucho en lo que crezcan, en función de la productividad, las retribuciones de los trabajadores en activo. Otra cosa constituiría una grave irresponsabilidad que pondría en serio peligro no sólo los objetivos de déficit público sino también la sostenibilidad futura de nuestro Estado de bienestar.
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Manuel Lagares es catedrático de Hacienda Pública y miembro del Consejo Editorial de EL MUNDO.
