Juan Ramón Rallo critica en El Confidencial la «corrupción política legalizada», consistente en subir estratégicamente las pensiones públicas o el salario de los funcionarios con el propósito de amarrar su voto antes de unas elecciones.
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Rallo cree que «se trata de una apropiación privada de recursos públicos casi tan obscena como la que se produce a través de la corrupción ilegal».
El economista critica también el uso que se hace en España de las subvenciones y reclama un plan estratégico que las justificara.