No serán muchos quienes se hayan sorprendido con la noticia del rescate-préstamo a España para resolver los problemas de nuestro sistema financiero. Era de esperar una vez que, sin tener todavía el informe del FMI ni el de los evaluadores independientes, resultaba notorio que las necesidades de nuestros bancos superarían los 40.000 millones de euros y quizá, por desgracia, se aproximasen a los 60, 80 o 100.000 que se venían comentando una y otra vez. El sábado se concretó finalmente una realidad esperada y temida con la cifra más alta de las que venían corriendo de boca en boca.
No merece la pena, como ha dicho el presidente del Gobierno, entrar en debates nominalistas sobre si se trata de rescate o de préstamo. Tampoco si nos imponen condiciones macroeconómicas o sólo algunas referidas a nuestro sistema financiero, porque ambas están directamente aludidas en el comunicado del Eurogrupo y porque desde mayo de 2010 nuestra política macroeconómica ya está sometida a duros compromisos con las autoridades comunitarias e, incluso, a periódicas verificaciones sobre su cumplimiento. Olvidemos, pues, los debates sobre nominalismos a los que tan aficionados somos los españoles y centrémonos en la dura realidad cotidiana, que con ella tendremos bastante.
Esa dura realidad nos indica que necesitamos de un préstamo exterior -es decir, de deuda pública- que puede llegar hasta los 100.000 millones de euros, muy próximos a un 10% de nuestro PIB. También nos señala que ese préstamo no va dirigido a financiar un nuevo plan hidrológico, una nueva red de carreteras o ferrocarriles u otras inversiones que permitan crear nuevas fuentes de riqueza, sino a la poco productiva tarea de compensar pérdidas anteriores ya acumuladas en los balances bancarios aunque no computadas hasta ahora, reponiendo el capital que consumirán esas pérdidas. Mientras tanto, seguiremos con los déficits públicos ya comprometidos para los próximos años y, en consecuencia, seguiremos emitiendo nueva deuda pública para financiarlos, es decir, seguiremos aumentando nuestro endeudamiento y seguiremos necesitando que los mercados, la Banca española o la propia UE nos faciliten los nuevos recursos necesarios para cubrirlo.
Pero no deberíamos esperar cruzados de brazos a que las anteriores alternativas se resuelvan por sí solas, sino ayudar a que la primera de ellas sea la que realmente suceda. Acabamos de recibir un préstamo o un rescate, da igual, y eso para la generación que pusimos todo nuestro empeño y nuestras mejores ilusiones en la transición a la democracia en lo político y a la racionalidad en lo económico supone un auténtico trauma por mucho que se edulcore. También significa un auténtico trauma para las generaciones que, por edad, no pudieron participar en aquella brillante época pero que hoy sufren más directamente que nadie las miserias del paro y de la exclusión social.
Ante esta situación, no es tiempo ya de esperar y ver sino de emprender una acción inmediata para coadyuvar en la tarea de nuestra pronta recuperación. La ocasión exige que pongamos en orden y por escrito, detalladamente y con planes de actuación fechados, lo que debería hacer nuestro Gobierno en los próximos meses y años. Es muy posible, como la experiencia enseña, que luego haya que rectificarlos según vengan los acontecimientos, pero deberíamos comprometernos abiertamente con ellos incluso conociendo esta circunstancia, porque sin ese compromiso no lograremos la confianza de nuestro pueblo ni la de los mercados internacionales. Por eso, deberíamos comenzar por definir con precisión y realismo cuál habría de ser la estructura adecuada de competencias y de gastos de nuestras comunidades autónomas, porque de otro modo repetiremos más pronto que tarde los errores que nos han llevado a los déficits actuales. Deberíamos también diseñar de nuevo sus formas de financiación para que, sin perjuicio de una necesaria y bien definida solidaridad interregional, cada territorio termine soportando una parte adecuada del esfuerzo que necesite. Deberíamos igualmente podar el frondoso jardín actual de las subvenciones y ayudas de todo tipo que hoy se aplican a partidos, sindicatos, empresas y organismos. Deberíamos, en definitiva, volver a la moderación y frugalidad en nuestras costumbres públicas y diseñar un Estado soportable en su peso impositivo.
Pero aún deberíamos hacer bastante más. Deberíamos perseguir la corrupción en todas sus manifestaciones y enseñar a nuestros niños y adultos que éste no es el país de la impunidad ni en el que nunca pasa nada se haga lo que se haga. Deberíamos cambiar nuestro sistema de enseñanza a todos sus niveles para que, sin perjuicio de ayudar a los menos capaces, el mérito y el esfuerzo tengan su adecuada recompensa. Deberíamos también establecer una red de seguridad que garantice los derechos sociales de los ciudadanos, pero que sea sostenible y que no ahogue a quienes han de financiarla. Deberíamos igualmente facilitar la actividad de empresarios y emprendedores y pensar más en el mundo como escenario de nuestras actividades económicas que en ámbitos nacionales, regionales o locales.
Sin duda, para comprometernos decididamente en ganar nuestro futuro necesitaríamos, como en otras ocasiones, de algo que nos llevase a pensar que hasta aquí hemos llegado pero que de aquí no deberíamos pasar porque pondríamos en peligro nuestra bien ganada democracia, el futuro de nuestra economía e, incluso, nuestra pervivencia como nación unida e independiente. Y ese algo, se quiera o no atenuar, lo hemos recibido en dosis de caballo el pasado sábado a las siete y media de la tarde.
Manuel Lagares es catedrático de Hacienda Pública, miembro del Consejo Editorial de EL MUNDO y miembro de la Junta Directiva del Foro de la Sociedad Civil.
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