• D. Ignacio Camuñas: Presidente del Foro de la Sociedad Civil
• D. Manuel Núñez: Presidente del Tribunal de Cuentas
• D Manuel Jiménez de Parga: Catedrático de Derecho Constitucional y ExPresidente del Tribunal Constitucional
• Y el propio autor del Documento, D. Gaspar Ariño Ortiz: Catedrático de Derecho Administrativo y Miembro del Foro de la Sociedad Civil

La financiación de la política, esto es, del proceso político protagonizado por los partidos, es desde hace muchos años una cuestión problemática en las democracias occidentales. La profesionalización de la política, la transformación de las elecciones en grandes operaciones mediáticas y propagandísticas que conllevan enormes gastos, así como el mantenimiento por los partidos de miles de sedes y miles de empleados retribuidos, han dado lugar a unas exigencias de financiación que resultan incontenibles.

Los mismos partidos cuyos miembros han de ser elegidos representantes en Cortes son quienes luego aprueban en los Presupuestos Generales de Estado de cada año, la financiación que consideran pertinente. El resultado es triple: primero, las cada vez más costosas campañas hace que sea prácticamente imposible el nacimiento de nuevos partidos con posibilidades reales de obtener alguna representatividad en Cortes. En segundo lugar, no hay límite alguno a las sumas que para su propio funcionamiento se adjudican los partidos con cargo al bolsillo del contribuyente que de acuerdo con el autor resulta literalmente «saqueado». Y en tercer lugar el saber que con toda la facilidad del mundo pueden acudir a toda la financiación pública que haga falta, tiene como consecuencia que los partidos no hacen ningún esfuerzo por obtener financiación de fuentes privadas, lo que les obligaría a conectar con la sociedad a la que se supone que deberían representar fielmente.

Esta financiación de los partidos, como viene a demostrar el Profesor Ariño, es uno de los parámetros que configura el sistema político de un país, tan importante como la forma del Estado o el sistema electoral. Otro de los grandes problemas es que los partidos funcionan de acuerdo con el sistema de «caja única» de modo que son unas pocas personas, quienes encarnan la cúpula de los aparatos de los partidos, quienes controlan los dineros y deciden las listas electorales, bloqueadas y cerradas. El resultado final es que son unas pocas personas con enorme poder quienes tienen secuestrada la democracia española, necesitada por ello de una urgente y profunda regeneración. Huelga abundar en ello, el funcionamiento interno de los partidos es, com consecuencia de su estructura real de poder, profundamente antidemocrático, lo cual especialmente grave pues la Constitución en su artículo 6 prevé que los partidos sean precisamente el principal cauce de participación de los ciudadanos en la vida política.

Gaspar Ariño concluye que hay que limitar la financiación pública excesiva que hoy se otorga en España a los partidos políticos, en virtud de leyes aprobadas por ellos mismos, pues desencadena toda una serie de consecuencias absolutamente perversas sobre la vida política, desvirtuando profundamente la democracia. Y hay que cortar por lo sano si se quiere de verdad promover la regeneración de la democracia española.

Otro de los aspectos tocados por el Profesor Ariño ha sido el del creciente endeudamiento de los partidos. En este sentido, aunque la nueva Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos mejora algunos aspectos de la anterior prohibiendo las donaciones anónimas, lo cierto es que en otros puntos es papel mojado. En efecto, no tiene sentido permitir la condonación de deudas millonarias contraídas con las entidades de crédito a las que luego se va a eventualmente gobernar a la vez que con toda seriedad se establecen límites al importe de las donaciones que se puedan efectuar a un partido político.

En sus intervención D. Ignacio Camuñas, presentó la serie Documentos del Foro de la Sociedad Civil. Asimismo, señaló la necesidad de abordar esta cuestión de la financiación de los partidos, clave para la calidad de nuestra democracia, de manera franca, realista y valiente.

D. Manuel Jiménez de Parga hizo referencia al origen del nuestro vigente sistema de financiación de los partidos, esencialmente con dinero público, que al inicio de nuestra democracia tuvo su sentido pues se buscaba asegurar que pudiesen presentarse a las elecciones cualesquiera partidos, y no sólo aquellos que estuviesen respaldados por grupos de interés económico que asegurasen su financiación, un peligro hoy superado.

En intervención, el Presidente del Tribunal de Cuentas, D. Manuel Núñez, vino a señalar cómo los mecanismos de que dispone este órgano constitucional son sencillamente ineficaces pues son las propias Cortes quienes finalmente aprueban o no de la ejecución presupuestaria, haciendo oídos sordos a las reiteradas denuncias del Tribunal de Cuentas sobre la irregularidad y falta de información respecto de las cuentas de los partidos políticos.

El ambiente fue animadísimo con un vivo debate hacia el final que cerró Pedro de Vega abogando por la ruptura de la «Ley de hierro de las oligarquías», que hoy son las cúpulas de unos partidos cada vez más alejados de la sociedad a la que dicen representar.

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