Todo juez debe ser imparcial. Sólo así se distinguirá un respetable proceso (culminado o no en sentencia) de la censurable arbitrariedad. El juez, para serlo, no debe tener inclinación, ni genérica ni concreta, por ningún litigante. De lo contrario, podrá ser amigo o rival, político o visionario, pero no juez. El juez debe ignorar de todo punto, antes de leer los documentos del proceso, de celebrar el juicio oral (si tal prevé la ley), de practicar las pruebas, de estudiar el derecho (que no ha creado él), a qué parte va a dar la razón, y en qué términos. La legitimidad del juez para decir el derecho (que casi siempre será decir la ley) se basa en su incondicional e irreductible voluntad de dar a cada uno lo que la norma jurídica prevé, esforzándose al límite de sus fuerzas intelectuales y morales por aplicar tal derecho con olvido de su particular opinión, inclinación o ideología. Un juez no es un político, un juez no es un vengador solitario, un juez – en cuanto tal – apenas es figura humana particular sino encarnación altísima de la función de garante de un derecho dado y que debe aplicar con toda pureza y distanciamiento, causa única de su inamovilidad e independencia.
El juez lo es, y merece el máximo respeto de la sociedad cuya salud institucional garantiza, en la medida en que no es, cuando ejerce su alta función, ni progresista ni conservador, ni pro empresa, ni pro empleado, ni feminista, ni lo contrario, ni anti nada ni pro cosa alguna (salvo pro derecho).
Tan sólo así podrá la ley ser ley, es decir: igual para todos. Como escribió Calamandrei, «la importancia social, la misión humana de los juristas es, precisamente, ésta: hacer que las leyes, buenas o malas, se apliquen de manera igual a los casos iguales, sin parcialidad, sin olvidos, sin favores».
Hoy son demasiados los que quieren jueces parciales a su favor, individuos y grupos de todo tipo (políticos, sindicales, empresariales, mediáticos) agasajan impúdicamente a los que creen y esperan «de los suyos». Así lo vemos cada día en España. Y así minan – ellos y los jueces que se dejan tratar como parciales, y los que en verdad lo son – la nave común del derecho, en el que – y cito otra vez al maestro italiano – «están embarcados la dignidad y las esperanzas, el honor y la vida de cada uno de nosotros».
La crisis de respeto a la imparcialidad como esencia de la función jurisdiccional es, en sí, una expresión más de la progresiva pérdida de compromiso con las instituciones que venimos padeciendo en nuestro país. Todo se quiere contemplar desde el partido o facción, apenas nada se respeta como denominador común de una convivencia ordenada. Quien fue adalid del derecho de defensa puede – y así lo hemos visto en las grabaciones a los abogados en el caso Gürtel -, por arte de su ansia de ver postrado al contrincante político, convertirse de un día para otro en jaleador de prácticas inquisitoriales que ayer denostó, al fin dañando en su ofuscación sectaria las garantías que, con más serenidad, de buen seguro quisiera (y quiso) como propias. Y acusará – así se ha hecho – de interesado y parcial, en extraña y no consciente proyección de su propia torpeza, a quien se empeñe en la defensa de la institución, fiel a las reglas que le dan su ser, y al margen del caso en liza. Hemos de cuidar la auctoritas de nuestras instituciones como si se tratase de los cimientos de la sociedad, de la polis, porque eso es exactamente lo que son. Socavar el fundamento común – que garantiza la libertad de todos con respeto a las reglas que nos damos – es desleal y autolesivo, más allá de las pírricas victorias aparentes, que son más bien de mutua aniquilación, como en el terrible cuadro de Goya en que dos enemigos enterrados hasta las rodillas – arraigados en una tierra común – se dan de garrotazos. Echo en falta otro lienzo, reflejo de la realidad de un país anhelado que, con la misma fuerza y brillantez, exprese la lealtad en lo esencial común, más allá de las legítimas discrepancias y de la expresión de la irrenunciable libertad.
