El miembro del Foro Leopoldo Gonzalo ha publicado un artículo en Vozpopuli.com en el que analiza la cuestión que plantea la guerra de lenguas declarada por los nacionalismos contra uno de los principales activos de España: su lengua.
Artículo completo publicado en Vozpopuli.com:
Doña Consuelo Santos, una de las beneméritas madres demandantes ante el Tribunal Supremo (TS) por la forzosa “inmersión” escolar de su hija Lydia en la lengua catalana, ha visto con estupor cómo una Administración autonómica –la de la Generalidad de Cataluña- y el propio Tribunal Superior de Justicia de aquella Comunidad (TSJC), se tomaban a beneficio de inventario la doctrina sentada (cinco sentencias; cinco mazazos) por el Alto Tribunal de la Nación, reconociendo el carácter “vehicular” tanto de la lengua de Cervantes como de la de Jacinto Verdaguer, (por cierto, que éste último también tenía la española como propia; no así el primero respecto a la de los viejos condados catalanes). Como es conocido, una sentencia del TS de 2010 había reconocido a tres familias el derecho a que sus hijos pudieran educarse en Cataluña con arreglo a un modelo en el que ambas lenguas fuesen “vehiculares”, instando a la Generalidad a adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en otra sentencia, ésta del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatuto Catalán, en idéntico sentido. Bueno, pues, como decía, el derecho reconocido a los demandantes por el TS sobre la base de la sentencia del TC, ha sido ignorado, y Doña Consuelo –Dios nos la conserve muchos años, como a las demás heroicas defensoras del derecho a hablar cada uno como le plazca, empezando por el que asiste a sus propios hijos- ha dicho que los afectados recurrirán al Supremo de nuevo, incluso al Tribunal de Estrasburgo si fuere menester; y ha añadido algo que verdaderamente hiela la sangre, especialmente a quienes creíamos vivir en un Estado de Derecho. Tras la inicua sentencia del TSJC, esto ha declarado doña Consuelo: “Sabía que era una guerra de desgaste, una batalla de David contra Goliat, aunque siempre confías en la Justicia. Nunca piensas que una Administración no cumpla las leyes”. A lo que habría que añadir: “Ni tampoco las sentencias del TC y del TS,…ni que un tribunal inferior, el TSJC, se ponga por montera las sentencias del Constitucional y del Supremo”.
Al margen de la sentencia
Aparte las anteriores aberraciones de orden estrictamente jurídico -síntoma gravísimo de la crisis institucional que padecemos-, muchas son las cuestiones que plantea la guerra de lenguas declarada por los nacionalismos contra uno de los principales activos de España: su lengua, la lengua más importante surgida de la crisálida del latín, con cerca de 500 millones de hablantes y un futuro espléndido (más de 600 millones de personas de todos los continentes, se estima que la tendrán como propia a mediados de este siglo). Fíjense ustedes en lo que ha dicho Mr. Mike Hammer, subsecretario de Prensa del Departamento de Estado de los EE.UU. – hijo de española, por cierto-, en el primer contacto que, con carácter regular, se propone llevar a cabo con los periodistas hispanohablantes en la Casa Blanca: “Con el idioma español -ha afirmado- llegamos a mucha más gente”. Pragmatismo anglosajón.
Si se me permite la autocita, en “Unidad de lengua y unidad de mercado. Elogio y defensa de la lengua común” (publicado en “La unidad de mercado en la España actual”, págs. 105-135, IEE, 2010), me ocupé por extenso de este asunto. La unidad de lengua refuerza la seguridad jurídica y reduce significativamente los costes de transacción en los mercados, es más, constituye uno de los principales factores de unificación de los mismos, y ya sabemos, desde los tiempos de Adam (no me refiero al influenciable esposo de Doña Eva, nuestra madre común, sino a Mr. Smith, el eximio economista escocés), que la prosperidad económica está en función de la unidad del mercado y de su dimensión. El español es además, literalmente, un auténtico activo económico, cuyo valor se ha estimado en el 15,6% de nuestro PIB/2003. Relacionando la población que lo habla en el mundo con su renta media, se obtiene la cifra de 4,2 billones de dólares, lo que suponía, en 2008, el 9% del PIB mundial, proporción que estaría en manos del 7% de la población del planeta (J.C. Jiménez). Según el Instituto Cervantes, existen en el mundo 2.263 departamentos universitarios dedicados a los estudios hispánicos, 227 centros de estudios hispanoamericanos no universitarios, localizados principalmente en los Estados Unidos, Argentina y Alemania, y 152 asociaciones de investigadores o profesores de español (88 de ellas en el resto de Europa). Para no cansar, añado dos datos: nuestra lengua común proporciona, al parecer, 3,5 millones de empleos y es la tercera –después del inglés y el chino- en el número de usuarios de internet (Fundación Telefónica, 2008). Con ser esto muy importante desde el punto de vista económico, lo es aún más desde el cultural. Por decirlo con palabras de Julián Marías: “En español es accesible gran parte de lo mejor que se ha compuesto en otras lenguas. Esta lengua es el vehículo de un milenio de Historia de un gran pueblo europeo, y desde hace medio, de una inmensa porción de la Humanidad”. ¿Es concebible que el acceso a un bien de semejante valor, no sólo no se potencie, sino que se reprima en el sistema educativo y en el uso social de algunas regiones de España? Literalmente, increíble.
Ocurre, sin embargo, que los nacionalismos precisan de una lengua propia, exclusiva y excluyente, como fundamento identitario de sus aspiraciones separatistas. Bien lo percibió Von Mises, quien señaló cómo, con arreglo al principio nacionalista, cada grupo lingüístico “debe formar un Estado independiente, y ese Estado debe comprender a todo pueblo que habla dicho idioma” (“Gobierno omnipotente. Estatismo y nacionalismo”, 1944). Y si ese grupo no existe, el objetivo irrenunciable es formarlo a cualquier precio. Ésta y no otra es la razón de eso que llaman políticas de “inmersión lingüística”. No ha de extrañar, así, el comportamiento de la Generalidad de Cataluña, del TSJC, de CIU y de los demás partidos nacionalistas. Lo que se entiende peor es el apoyo del PPC a CIU, secundando o consintiendo, de hecho, su radicalismo identitario en materia lingüística y en otras muchas materias, habida cuenta de la independencia que para gobernar le confiere la mayoría absoluta que disfruta. ¿En qué parará lo del llamado Pacto fiscal? ¿Y lo de las leyes autonómicas de referendos y sobre la eliminación de la bandera española en los edificios y actos oficiales?
No teníamos, pero tenemos y tendremos un gravísimo problema
“Tenemos un grave problema”, destaca hoy en su portada, como titular, un diario madrileño. El candor, la ignorancia o la estupidez, permiten al rotativo editorializar exigiendo que “…El presidente de la Generalitat [ “Generalitat”, graciosa concesión a la mescolanza de lenguas] debe asumir que es la primera autoridad del Estado en la Comunidad de Cataluña [por qué no Catalunya; un poco de coherencia] y que un mínimo de lealtad institucional debería hacerle repudiar las iniciativas independentistas contra la presencia de la bandera española en los Ayuntamientos y por la insumisión fiscal, como la aprobada por el Consistorio de Gerona […] Tampoco faltan las muestras de simpatía del Gobierno catalán por las consultas soberanistas, ahora lideradas por una sedicente Asamblea Nacional de Cataluña […] La alternativa no es una cerrazón al entendimiento con los partidos nacionalistas, ni una reacción patriotera ofuscada [sic]” (fin de la cita del atrevido y exigente editorial). ¡Pero cómo se puede exigir lealtad institucional a quien inspira, protege, financia y ejerce, precisamente, la mismísima deslealtad que se denuncia! Y en cuanto a lo del “patrioterismo ofuscado”, no falla: los únicos a quienes se permite ser patriotas no ofuscados, son los nacionalistas. Otro día podremos tratar, con rigor, eso del patriotismo.
No se ha querido ni se quiere ver la realidad. A la pregunta acerca de por dónde podría producirse la fragmentación de nuestra lengua común, respondió en cierta ocasión el maestro Dámaso Alonso: “Allí donde hay o donde se produce un nuevo límite político, hay un principio de rotura idiomática”. En eso estamos.
¿Tendrá todavía David, hijo de Saúl, de la tribu de Judá, alguna posibilidad de abatir a Goliat y dispersar a los filisteos? De momento habrá que esperar a que los tribunales resuelvan.
