¿Puede un municipio cobrar una tasa a los operadores de telefonía móvil por usar su espacio aéreo? Eso es al menos lo que pretendía el Ayuntamiento zamorano de San Cebrián de Castro. El Tribunal Supremo ha tenido que intervenir para impedir que los consistorios puedan dictar ordenanzas fiscales que obliguen a las empresas de telecomunicaciones a pagar por este concepto. Este caso fue analizado en el ‘Debate del Foro de la Sociedad Civil’ en Capital Radio el pasado 13 de julio. Para escuchar el programa completo, pinche aquí.En el programa participaron Jesús Banegas, presidente del Foro; Arcadio García Montoro, socio fundador del bufete que lleva su nombre, y Javier García, ingeniero de Telecomunicación con una muy amplia experiencia profesional e internacional desarrollando importantes responsabilidades ejecutivas en Alcatel, Ametic y CEOE Internacional.
Según el Supremo, la tasa que pretendía cobrar el Ayuntamiento de San Cebrián de Castro vulnera la Constitución, la directiva europea que regula el sector de las telecomunicaciones y la Ley General Tributaria.
El municipio zamorano defendía que la Ley Reguladora de las Haciendas Locales autoriza a los ayuntamientos a establecer tasas por el aprovechamiento especial del dominio público.
Según los expertos participantes, este caso es un ejemplo más del enfrentamiento habitual entre las administraciones públicas y los operadores de telefonía, un conflicto en el que los grandes perjudicados son los ciudadanos.
La sentencia del Tribunal Supremo era esperable, ya que la UE ya había advertido de que los ayuntamientos no pueden imponer tasas por el uso del dominio público a las empresas de telecomunicaciones.
Sin embargo, los miles de recursos planteados en casos como éste generan un importante coste tanto para las empresas como para los ayuntamientos, de modo que al final son los ciudadanos los que pagan los desmanes de los políticos.
Los contertulios coincidieron en señalar las enormes dificultades regulatorias y fiscales a las que se enfrentan los operadores de telefonía y reclamaron que, dada la importancia de este sector para el resto de la economía, se las deje vivir más tranquilas, que sean tratadas con igualdad y que se les baje la presión fiscal.
