El régimen de pensiones a debate: perspectivas y soluciones

 

Ha tenido lugar la Sesión Plenaria del Foro de la Sociedad Civil “El régimen de pensiones a debate: perspectivas y soluciones”, siendo ponentes D. Juan Diez Nicolás, Catedrático de Sociología y Miembro del Foro de la Sociedad Civil, Miembro del Foro de la Sociedad Civil y D. Manuel J. Lagares, Catedrático de Hacienda Pública y antiguo Subsecretario de Economía con el Vicepresidente Económico Enrique Fuentes Quintana, siguiéndose sus exposiciones de un vivo debate entre los Señores Miembros del Foro de la Sociedad Civil.

D. Juan Diez Nicolás puso de manifiesto cómo la cuestión de la evolución demográfica es una que ya se veía venir desde hacía años. La tesis central de este catedrático es que es la organización social la que debe adaptarse a la estructura demográfica, y no al revés. Defiende asimismo la jubilación voluntaria.

Tradicionalmente la estructura demográfica venía siendo una pirámide, habida cuenta del ritmo de nacimientos y de defunciones. Si la esperanza de vida en España era de 35 años en 1900, en los años ’60 había alcanzado ya los 65 años y hoy supera los 80. La mayor longevidad de las personas es desde luego un éxito. Sin embargo el llamado “envejecimiento de la población” ha venido a entenderse como un problema.

Las soluciones propuestas son las de aumentar la natalidad… o la mortalidad, pero parece que esta no sea realmente una opción. En cuanto al aumento de la tasa de natalidad, durante los años ’80 en España esta tasa bajó drásticamente y se sitúa hoy en torno a los 1,3 hijos por mujer, lejos de la necesaria tasa de reemplazo de 2,1 hijos por mujer. No parece que la actual tasa de natalidad vaya a aumentar.En cuanto a la población inmigrante, joven, ésta entra por la zona media de la pirámide de edad. Sin embargo los inmigrantes también envejecen y además no son suficientes en número como para evitar el global envejecimiento de la población española.

El envejecimiento de la población es un fenómeno mundial. Ocurre incluso en los llamados “países en vías de desarrollo” y de hecho está teniendo lugar a tasas más rápidas que las inicialmente previstas por la ONU. Hoy en día, salvo pocos países, la esperanza media de vida se sitúa por encima de los cincuenta años, una cifra que no se alcanzó en España hasta los años ’50. Las estructuras de población tienden a tener aproximadamente el mismo número de personas mayores de 65 años que menores de 15 años.

Sin embargo respecto de las pensiones los actuales planteamientos no resultan sostenibles a la luz de la actual estructura demográfica. En efecto, si la vida laboral daba comienzo en torno a los veinte años de edad y se prolongaba hasta los 65 años, con una esperanza de vida que se situaba en torno a los 67 años, frente a cuarenta o más años de cotización había un par de años de percepción de una pensión. Actualmente la entrada en el mercado laboral, en especial entre los trabajadores con un mayor nivel de formación, no es infrecuente que se realice antes de los 30 años. Sin embargo y muy especialmente en el caso de las prejubilaciones, la salida del mercado laboral se produce a los 55 años, con lo cual hay unos veinte o veinticinco años de cotización real, para una esperanza de vida que supera los 80 años. Así pues vino a defender:

  • La jubilación voluntaria, de modo que todo el que pueda seguir trabajando, siga. Conviene recordar en este sentido, que la jubilación en España es voluntaria: depende de la ley (que para los funcionarios la hace obligatoria a partir de ciertas edades) o del convenio colectivo, que puede, en su caso, hacer la jubilación obligatoria también a cierta edad.
  • Una pensión proporcional al tiempo de cotización real de cada persona. En particular se denunció la injusticia de algunas reglas de nuestro sistema, caso de las personas que han cotizado durante 40 años pero que al jubilarse unos años antes de los 65, pierden el 8% de la pensión por cada año de edad menor de 65 (así alguien que se jubile con 62 años pierde un 24% de su pensión aunque haya cotizado durante 40 años). Al contrario, alguien con menos años de cotización pero que sin embargo llega a trabajar hasta los 65 años, puede llegar a cobrar el 100% de su pensión.
  • La existencia siempre de un sistema de pensiones no-contributivas.
En su exposición, D. Manuel J. Lagares abordó cuatro temas: el problema de la financiación de la seguridad social, el de la edad a la que deba producirse la jubilación, la necesidad de que se prevean sistemas complementarios y la cuestión de los sistemas de capitalización, frente a los de reparto. Asimismo partió de un análisis algo más pesimista que el que parece el dominante en círculos oficiales, de modo que nuestro actual sistema de pensiones podría empezar a tener problemas más bien en 2011 – 2012 y no en 2013 – 2014 como estarían pronosticando algunos.En punto a la financiación de la Seguridad Social, en 1996 se acordó que las pensiones no-contributivas se financiarían directamente de los Presupuestos Generales del Estado, mientras que las contributivas se financiarían a través de las cotizaciones sociales, que así se erigen en la fuente de financiación básica de la Seguridad Social. Las cifras son de unos 143.000 millones de € de recaudación en 2008 y sin embargo sólo de unos 139.938 estimados para 2009. Las cotizaciones sociales ascienden aproximadamente a un 13.3% del PIB español, mientras que en la Europa de los quince esta cifra baja al 12.5% del PIB. La diferencia parece pequeña pero el hecho es que en España suponen un 40,1% de los ingresos totales del Estado (siendo éstos un 32% del PIB), mientras que en Europa tales cotizaciones sociales se sitúan en torno al 29.4% de los ingresos públicos (siendo un 45,7% del PIB, ingresos públicos). Vistas de esta manera, las cotizaciones sociales parecen, desde luego, desorbitadas. Se constató también cómo, en España, a pesar de pagar algunas de las cotizaciones sociales más altas, sin embargo las prestaciones que se reciben están entre las más bajas.

El problema es especialmente grave si se tiene en cuenta que la mano de obra es el factor más abundante de nuestra economía. Sin embargo lo estamos gravando de manera extraordinaria. Un caso particular pero muy relevante es el de las exportaciones, que se ven lastradas por el mayor coste de nuestra mano de obra. En este sentido se ha propuesto subir el IVA para compensar una bajada en las cotizaciones sociales, IVA que es deducible en las exportaciones, haciéndolas así más competitiva al incorporar un menor coste de la mano de obra en el producto final. (Sin embargo parece que todo se habría quedado en la subida del IVA sin que las cotizaciones sociales hayan bajado).

Asimismo, se puso de manifiesto que el actual sistema de cotizaciones sociales tanto es algo rudimentario (la tarifa se divide en cinco tramos) como excesivo al situarse en el 30% (25% a cargo del empresario y 5% a cargo del trabajador). El consenso internacional situaría e porcentaje óptimo en torno al 15-20%.En punto a la segunda cuestión, la de la edad de jubilación, el Profesor Lagares se felicitó por el hecho de que cada día se viva más. Sin embargo lo cierto es que el cobro de las pensiones de jubilación, por esta vía, se prolonga en el tiempo, lo que tiene unas indudables consecuencias económicas. Se prevé que en el año 2050, el 46,4% de la población será o bien menor de 18 años, o bien mayor de 65. La necesidad de modificar la edad de jubilación se hace así patente, de suerte que los 67 años que se proponen, parecen a la vista de las cifras, ciertamente tímidos, avanzándose que se debería estar hablando al menos de una edad de 70 años.

También hizo hincapié en la necesidad de llegar a una solución de compromiso en cuanto al número de años de cotización total, necesarios para percibir la pensión de jubilación completa. En este sentido se barajaban cifras de 25 ó 30 años de cotización, atendida la distribución normal de edad de la población activa y las edades de entrada y salida del mercado laboral.

Respecto de la necesidad de que haya sistemas complementarios al público, el Profesor Lagares fue contundente, en el sentido de prever que a la vista de la evolución económica y demográfica, es de esperar que los sistemas públicos se circunscriban en el futuro a proveer una cobertura mínima. Ello hace indispensable que se prevean sistemas complementarios, sean empresariales o individuales. En este sentido el Gobierno Aznar previó un sistema fiscal favorable a la previsión complementaria. Sin embargo parece que percibiéndose como “algo de ricos”, a partir del año 2004, los incentivos fiscales a la inversión en planes de pensiones hayan disminuido significativamente. Se abogó por establecer que un porcentaje de la renta, al destinarse a un plan de pensiones, quedase exenta de impuestos.

Finalmente, en punto a la cuestión de las ventajas y desventajas de los sistemas de capitalización y de reparto, respectivamente y que deberán ser objeto de combinación, se hizo alusión al riesgo y los costes de gestión inherentes a los sistemas de capitalización, a cambio de la mayor rentabilidad que proporcionarían éstos. En cuanto al supuesto carácter de “estructura piramidal” que tendrían los sistemas de reparto, el Profesor Lagares negó la posibilidad de tildarlos de “estafa” pues no parece que pueda hablarse de “quiebra” de un Estado.Posteriormente se suscitó un turno de debate durante cual se suscitaron, entre otras, las siguientes cuestiones:

  • D. Juan Antonio Sagardoy, citando a Alonso Olea, recordó cómo cuando en 1917 se estableció en España el “Retiro Obrero”, la edad de 65 años equivalía a algo parecido a los 90 años de hoy en día. Recordó también el carácter esencialmente voluntario de la jubilación en España a salvo que la ley o el convenio colectivo dispongan lo contrario. Y en este contexto subrayó la necesidad de que Europa y España tuviesen políticos fuertes que predicasen “sangre, sudor y lágrimas” para los años venideros, tras quince años de auténtica “borrachera económica”.
  • Otra de las cuestiones que se planteó era la del momento óptimo para comenzar a introducir los sistemas complementarios; en este sentido parece que debería empezarse de manera inmediata en el caso de las personas más jóvenes, no siendo quizá excesivamente factible para las más mayores.
  • Se apuntó la necesidad de no hacer de la jubilación una situación definitiva sino perfectamente reversible. Se subrayó la importancia que tiene mantener cuantos más puestos de trabajo, mejor, pues ellos a su vez generan riqueza, que es lo que crea puestos de trabajo a su vez; y cómo se debería aprovechar la sabiduría y la experiencia de las personas que quieran y puedan trabajar. Se constató la falsedad del argumento tantas veces traído a colación de la necesidad de “desalojar” un puesto para que pueda ingresar un trabajador más joven.
  • Era necesario asimismo terminar con las prejubilaciones fuesen en empresas con beneficios o con artificios contables para no darlos, pues gravan las cuentas públicas con la carga de despedir a los trabajadores que de otra manera recaería sobre las empresas. Las prejubilaciones y los EREs son una potestad de la Administración pero que evidentemente se ejerce dentro de un marco normativo que parecería algo menos que idóneo.
  • En cuanto a la falta de riesgo de los sistemas de reparto se notó cómo al depender de la acción legislativa que es de suponer tenga en cuenta las circunstancias económicas, sí podría entrañar riesgos. En conexión con este punto D. Jesús Banegas cuestionó si ciertamente en el actual contexto del euro realmente la quiebra de un Estado era algo absolutamente descartable o no. También cuestionó otros aspectos como la efectividad de los incentivos fiscales de los planes de pensiones privados, desde sus inicios.