Tradicionalmente la estructura demográfica venía siendo una pirámide, habida cuenta del ritmo de nacimientos y de defunciones. Si la esperanza de vida en España era de 35 años en 1900, en los años ’60 había alcanzado ya los 65 años y hoy supera los 80. La mayor longevidad de las personas es desde luego un éxito. Sin embargo el llamado “envejecimiento de la población” ha venido a entenderse como un problema.

Las soluciones propuestas son las de aumentar la natalidad… o la mortalidad, pero parece que esta no sea realmente una opción. En cuanto al aumento de la tasa de natalidad, durante los años ’80 en España esta tasa bajó drásticamente y se sitúa hoy en torno a los 1,3 hijos por mujer, lejos de la necesaria tasa de reemplazo de 2,1 hijos por mujer. No parece que la actual tasa de natalidad vaya a aumentar.En cuanto a la población inmigrante, joven, ésta entra por la zona media de la pirámide de edad. Sin embargo los inmigrantes también envejecen y además no son suficientes en número como para evitar el global envejecimiento de la población española.

El envejecimiento de la población es un fenómeno mundial. Ocurre incluso en los llamados “países en vías de desarrollo” y de hecho está teniendo lugar a tasas más rápidas que las inicialmente previstas por la ONU. Hoy en día, salvo pocos países, la esperanza media de vida se sitúa por encima de los cincuenta años, una cifra que no se alcanzó en España hasta los años ’50. Las estructuras de población tienden a tener aproximadamente el mismo número de personas mayores de 65 años que menores de 15 años.

Sin embargo respecto de las pensiones los actuales planteamientos no resultan sostenibles a la luz de la actual estructura demográfica. En efecto, si la vida laboral daba comienzo en torno a los veinte años de edad y se prolongaba hasta los 65 años, con una esperanza de vida que se situaba en torno a los 67 años, frente a cuarenta o más años de cotización había un par de años de percepción de una pensión. Actualmente la entrada en el mercado laboral, en especial entre los trabajadores con un mayor nivel de formación, no es infrecuente que se realice antes de los 30 años. Sin embargo y muy especialmente en el caso de las prejubilaciones, la salida del mercado laboral se produce a los 55 años, con lo cual hay unos veinte o veinticinco años de cotización real, para una esperanza de vida que supera los 80 años. Así pues vino a defender:

En su exposición, D. Manuel J. Lagares abordó cuatro temas: el problema de la financiación de la seguridad social, el de la edad a la que deba producirse la jubilación, la necesidad de que se prevean sistemas complementarios y la cuestión de los sistemas de capitalización, frente a los de reparto. Asimismo partió de un análisis algo más pesimista que el que parece el dominante en círculos oficiales, de modo que nuestro actual sistema de pensiones podría empezar a tener problemas más bien en 2011 – 2012 y no en 2013 – 2014 como estarían pronosticando algunos.En punto a la financiación de la Seguridad Social, en 1996 se acordó que las pensiones no-contributivas se financiarían directamente de los Presupuestos Generales del Estado, mientras que las contributivas se financiarían a través de las cotizaciones sociales, que así se erigen en la fuente de financiación básica de la Seguridad Social. Las cifras son de unos 143.000 millones de € de recaudación en 2008 y sin embargo sólo de unos 139.938 estimados para 2009. Las cotizaciones sociales ascienden aproximadamente a un 13.3% del PIB español, mientras que en la Europa de los quince esta cifra baja al 12.5% del PIB. La diferencia parece pequeña pero el hecho es que en España suponen un 40,1% de los ingresos totales del Estado (siendo éstos un 32% del PIB), mientras que en Europa tales cotizaciones sociales se sitúan en torno al 29.4% de los ingresos públicos (siendo un 45,7% del PIB, ingresos públicos). Vistas de esta manera, las cotizaciones sociales parecen, desde luego, desorbitadas. Se constató también cómo, en España, a pesar de pagar algunas de las cotizaciones sociales más altas, sin embargo las prestaciones que se reciben están entre las más bajas.

El problema es especialmente grave si se tiene en cuenta que la mano de obra es el factor más abundante de nuestra economía. Sin embargo lo estamos gravando de manera extraordinaria. Un caso particular pero muy relevante es el de las exportaciones, que se ven lastradas por el mayor coste de nuestra mano de obra. En este sentido se ha propuesto subir el IVA para compensar una bajada en las cotizaciones sociales, IVA que es deducible en las exportaciones, haciéndolas así más competitiva al incorporar un menor coste de la mano de obra en el producto final. (Sin embargo parece que todo se habría quedado en la subida del IVA sin que las cotizaciones sociales hayan bajado).

Finalmente, en punto a la cuestión de las ventajas y desventajas de los sistemas de capitalización y de reparto, respectivamente y que deberán ser objeto de combinación, se hizo alusión al riesgo y los costes de gestión inherentes a los sistemas de capitalización, a cambio de la mayor rentabilidad que proporcionarían éstos. En cuanto al supuesto carácter de “estructura piramidal” que tendrían los sistemas de reparto, el Profesor Lagares negó la posibilidad de tildarlos de “estafa” pues no parece que pueda hablarse de “quiebra” de un Estado.Posteriormente se suscitó un turno de debate durante cual se suscitaron, entre otras, las siguientes cuestiones:

• D. Juan Antonio Sagardoy, citando a Alonso Olea, recordó cómo cuando en 1917 se estableció en España el “Retiro Obrero”, la edad de 65 años equivalía a algo parecido a los 90 años de hoy en día. Recordó también el carácter esencialmente voluntario de la jubilación en España a salvo que la ley o el convenio colectivo dispongan lo contrario. Y en este contexto subrayó la necesidad de que Europa y España tuviesen políticos fuertes que predicasen “sangre, sudor y lágrimas” para los años venideros, tras quince años de auténtica “borrachera económica”.
• Otra de las cuestiones que se planteó era la del momento óptimo para comenzar a introducir los sistemas complementarios; en este sentido parece que debería empezarse de manera inmediata en el caso de las personas más jóvenes, no siendo quizá excesivamente factible para las más mayores.
• Se apuntó la necesidad de no hacer de la jubilación una situación definitiva sino perfectamente reversible. Se subrayó la importancia que tiene mantener cuantos más puestos de trabajo, mejor, pues ellos a su vez generan riqueza, que es lo que crea puestos de trabajo a su vez; y cómo se debería aprovechar la sabiduría y la experiencia de las personas que quieran y puedan trabajar. Se constató la falsedad del argumento tantas veces traído a colación de la necesidad de “desalojar” un puesto para que pueda ingresar un trabajador más joven.
• Era necesario asimismo terminar con las prejubilaciones fuesen en empresas con beneficios o con artificios contables para no darlos, pues gravan las cuentas públicas con la carga de despedir a los trabajadores que de otra manera recaería sobre las empresas. Las prejubilaciones y los EREs son una potestad de la Administración pero que evidentemente se ejerce dentro de un marco normativo que parecería algo menos que idóneo.
• En cuanto a la falta de riesgo de los sistemas de reparto se notó cómo al depender de la acción legislativa que es de suponer tenga en cuenta las circunstancias económicas, sí podría entrañar riesgos. En conexión con este punto D. Jesús Banegas cuestionó si ciertamente en el actual contexto del euro realmente la quiebra de un Estado era algo absolutamente descartable o no. También cuestionó otros aspectos como la efectividad de los incentivos fiscales de los planes de pensiones privados, desde sus inicios.