Joaquín Leguina, quien fuera presidente de la Comunidad de Madrid, ha publicado una columna de opinión en el diario El Mundo, titulada La función pública como salvavidas, cuya lectura recomendamos desde el Foro de la Sociedad Civil, ya que en ella sostiene que para atajar la corrupción en España no harían falta nuevas leyes, sino aplicar las ya existentes. Para acceder al texto completo, pinche aquí.
En su opinión, hay que diferenciar entre la corrupción administrativa, que es la protagonizada por los funcionarios públicos, apenas existente en España, y la corrupción política, que es aquella en la que están involucrados los políticos.
Según Leguina, la corrupción política viene provocada en España por la «invasión ilegítima de los partidos, que afecta a otros poderes del Estado, como la Judicatura, a instituciones como los medios de comunicación social de propiedad pública y, en general, a la sociedad civil».
Un ejemplo de la perversión del sistema se aprecia en la vida municipal, donde los interventores, que son quienes pueden velar por la limpieza, controlando, como funcionarios públicos que son, a los alcaldes, han pasado a ser designados por éstos.
«Si de verdad se quiere atacar la corrupción política, es preciso que los políticos no puedan tomar cierto tipo de decisiones», sostiene Leguina.