La Responsabilidad de los Partidos Políticos (Juan Díez Nicolás)

Que España se enfrenta a una situación realmente grave parece que ya no lo discute nadie. Se han perdido varios años en discutir si se trataba de “galgos o podencos” y al final se acumulan y multiplican los problemas, hay numerosos diagnósticos sobre lo que nos pasa y explicaciones de por qué nos pasa, pero las propuestas de acción son escasas. Así que, para que sirva de precedente a otros, en estas breves líneas se sugieren propuestas de acción concretas con la esperanza de que alguna se estime acertada y se lleve a la práctica. La tesis que se propone es que el diagnóstico de la situación, y la explicación de cómo hemos llegado a ella, requieren una reforma en profundidad de nuestro sistema de partidos políticos. Vaya por delante, y para que no haya la más mínima duda, que los partidos políticos son no solo necesarios, sino imprescindibles, para que exista un régimen auténticamente democrático. De acuerdo con la escolástica clásica, los partidos son una causa necesaria, pero no suficiente, para que exista una auténtica democracia. Por lo tanto, que nadie lea a continuación una crítica a los partidos políticos, sino a nuestro peculiar sistema de partidos, puesto que están en el centro de los problemas más importantes que España tiene en estos momentos.
Existe un clamor popular pidiendo un cambio en la ley electoral, una ley que se hizo para la transición y que hoy ya no cumple su función. Pero, ¿quién puede hacer la reforma?, los partidos políticos mayoritarios. Tanto el PP como el PSOE han tenido mayorías absolutas como para al menos intentarlo, pero no lo han hecho, y a los partidos nacionalistas tampoco les interesa. Ni el voto en blanco ni el voto nulo ni la abstención pueden servir para forzarles a cambiar la ley electoral. Por tanto, la única acción posible es votar a cualquier partido que se comprometa inequívocamente a cambiar la ley electoral si gana las elecciones. Iniciemos una campaña desde la sociedad civil para pedir el voto para el partido que adquiera ese compromiso.
Un segundo problema cada vez más grave y enquistado es el de la creciente voracidad de las Comunidades Autónomas. Una vez más, hay un acuerdo general en que el sistema autonómico, que ha sido en general muy positivo en cuanto a la descentralización, se ha desbordado y está creando graves problemas de desigualdad entre españoles. Por ello es necesario llevar a cabo una ordenación territorial en la que queden muy claras las competencias del Estado central y las de las Comunidades Autónomas. ¿Quién puede hacer esa organización territorial? Los partidos políticos mayoritarios, pero ni la hacen ni la harán mientras no se les presione desde la sociedad civil. Los partidos nacionales mayoritarios son los que gobiernan en las Comunidades Autónomas, pero en general se han ido a su vez haciéndose más y más nacionalistas, de manera que los propios partidos nacionales comienzan a darse cuenta de que su poder es contestado desde dentro, y para mantenerse en el poder están aceptando exigencias nacionalistas desde sus propias “sucursales” autonómicas. Y la forma de presionarles no es ni con el voto en blanco, ni con el voto nulo ni con la abstención, sino votando a cualquier partido que ponga orden en el estado autonómico.
Vinculado a los dos problemas anteriores estamos presenciando la progresiva sustitución del los funcionarios del Estado, la burocracia que permitió la consolidación del Estado moderno, por los funcionarios de partido. El total de empleados públicos en España era de 2.556.116 en 2009, de los cuales solo 583.447 (un 22,8%) pertenecían a la Administración Pública Estatal, mientras que el resto correspondía a las Comunidades Autónomas y a los entes locales (Diputaciones y Ayuntamientos). De los 583.447 empleados de la APE, solo 239.865 (un 41,1%) pertenecían a la Administración General del Estado (AGE), pues el resto son los integrantes de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la Administración de Justicia y los Entes Públicos Empresariales. Y de los 239.865 empleados públicos pertenecientes a la AGE solo 168.197 son funcionarios en sentido estricto, es decir, han ganado unas oposiciones públicas, y el resto son interinos, eventuales, contratados. En las Comunidades Autónomas, la proporción de estos empleados públicos no-funcionarios es muy superior a la de la AGE, y además gran parte de sus funcionarios de carrera han sido primero nombrados a dedo y luego han consolidado su puesto como funcionarios a través de oposiciones y concursos restringidos. En otras palabras, la burocracia estatal de gran calidad (desde los altos cuerpos hasta los auxiliares-administrativos) que se formó en las décadas de los años 50, 60 y 70, que contribuyeron a una enorme racionalización de la administración pública española, está siendo sustituida por toda una pléyade de asesores y personas de confianza que nombran los partidos políticos. Una vez más, los ciudadanos tienen que tomar la responsabilidad, a través de su voto, de impedir que continúe la sustitución de los funcionarios que sirven al Estado por empleados públicos nombrados a dedo que sirven a los intereses del partido que les nombró. Los partidos políticos, por supuesto, no lo harán.
Consecuencia de lo anterior es la corrupción generalizada en las administraciones públicas, especialmente en los entes locales, algo menos en las Comunidades Autónomas y bastante menos en la Administración Pública Estatal. No se necesitan cifras. Basta ver el número de empleados públicos y cargos políticos locales y autonómicos que tienen causas pendientes con los Tribunales de Justicia. Los partidos políticos, en lugar de ayudar a perseguirlos, generalmente los defienden hasta que no tienen más remedio que aceptar las decisiones de los tribunales. Los ciudadanos tenemos una vez más la obligación de regenerar la vida política.
No hay espacio para continuar con otros ejemplos no menos importantes relativos a las consecuencias negativas de la intromisión de los partidos políticos españoles en la sociedad civil. Solo a titulo de ejemplo mencionemos las consecuencias negativas que para la Justicia tiene su intromisión en el nombramiento de jueces para los más altos tribunales, su intromisión en las Cajas de Ahorro, gran número de las cuales tienen graves problemas de déficit por mala gestión desde que representantes políticos y sindicales forman parte de sus consejos de administración (por cierto cada vez más numerosos y mejor retribuidos), su intromisión en los órganos rectores de las Universidades, en los nombramientos en las empresas públicas y fundaciones públicas (que se libran de muchos controles estatales que sí tienen los organismos de las administraciones públicas), e incluso sus crecientes esfuerzos por intervenir en el nombramiento de ejecutivos en las grandes empresas españolas.
Los partidos políticos que tenemos en España están en el epicentro de los grandes problemas económicos, políticos y sociales actuales, pero no parece que podamos esperar que los partidos recorten o renuncien a sus excesivos poderes, no podemos esperar que se hagan el harakiri como otros hicieron en otros tiempos. Si hay que reducir el déficit, con independencia de otros sacrificios que se están pidiendo a la población española, hay que exigir a los partidos políticos que renuncien a muchos de los poderes que han ido acumulando para regenerar nuestro sistema democrático. Votemos y pidamos el voto para cualquier partido que se comprometa a cambiar la ley electoral eliminando las listas cerradas y cumpliendo con el requisito constitucional de que los representantes no estén sujetos a mandato imperativo alguno, que se comprometa a racionalizar la organización del Estado garantizando que todos los españoles sean realmente iguales ante la ley sea cual sea el territorio en el que residan, que se comprometa a privatizar todas las televisiones públicas (todas con grandes déficits), que se comprometa a reducir el número de empleados públicos no-funcionarios, que se comprometa a perseguir a los corruptos de su partido, que se comprometa a eliminar todos los privilegios que muchos cargos públicos y de partido tienen ahora (coche oficial, teléfono móvil, tarjeta de crédito, etc.), que se comprometa a reducir las subvenciones públicas a partidos políticos y sindicatos, que se comprometa en definitiva a una auténtica regeneración de la política española, favoreciendo la división de poderes y reduciendo a los partidos políticos a lo que es su función específica, la de representar a los españoles en los órganos legislativos y en la cúpula de los órganos ejecutivos, dejando a la sociedad civil su ámbito de actuación. Por inercia, los partidos políticos actuales no van a realizar esta regeneración si la población no actúa exigiéndoselo o votando a nuevos partidos que se comprometan a hacerlo.