La fiscal de Sala del Tribunal Supremo y académica de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, Consuelo Madrigal, escribe en El Mundo que «constituye un ejercicio antidemocrático de poder la imposición encubierta, y sin el control interno y europeo, de un verdadero estado de excepción, en el que se restringen severamente los derechos, bajo cobertura de la prórroga del estado de alarma que garantiza al Gobierno el mando único en la fase aguda de la excepcionalidad y en la vuelta a la ya imposible normalidad».

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Según Madrigal, el Gobierno está aprovechando el estado de alarma para dictar órdenes ministeriales «de inmenso calado económico y fuerte compromiso de derechos, y un sinfín de decretos leyes restrictivos de derechos fundamentales, frecuentemente oportunistas, sobre materias que poca o ninguna relación guardan con las razones sanitarias y de orden público que formalmente demandaron el estado de alarma».

Entre otras cosas, el Ejecutivo ha aprovechado la situación para cerrar el Portal de Transparencia y para restringir la difusión de mensajes.

«Los poderes del Estado deben gestionar la crisis y su recuperación, sí, pero han de hacerlo bajo estricto control de las instituciones democráticas, apoyadas por una ciudadanía activa, cuya acción crítica, a riesgo de introducir malestar y tensión, contribuya a la construcción de la ética pública», afirma Madrigal.