TRIBUNA DE LA SOCIEDAD CIVIL DE ESPAÑA

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Referéndum o referéndum

El catedrático de Derecho Constitucional Jorge de Esteban ha publicado un artículo de opinión en el diario El Mundo en el que analiza la situación política que se vive en Cataluña y cómo se ha de afrontar el problema del independentismo. Para acceder al texto completo, pinche aquí.

Según De Esteban, la pretensión de la Generalitat de Cataluña de convocar un referéndum sin la autorización del Gobierno de la nación es un auténtico suicidio.

Para el catedrático, tanto la posibilidad de un referéndum unilateral como uno consensuado con el Gobierno central son «inviables».

«Cuando los nacionalistas alegan que el principio democrático está por encima del principio de legalidad -lo cual no es cierto- hay que recordarles que oponerse al referéndum de independencia es lógico, porque se hace tanto en nombre del principio democrático, como del principio de legalidad, pues la Constitución fue votada mayoritariamente por los ciudadanos catalanes», dice De Esteban.

El catedrático fundamenta esa ilegalidad en el artículo 2 de la Constitución y en el hecho de que la soberanía nacional reside en el pueblo español en su conjunto.

Ese referéndum no tendría sentido que fuera convocado por el Rey, que es el símbolo de la unidad de España.

Esa convocatoria sería planteada por el presidente del Gobierno, que estaría cometiendo así un delito de traición.

«Creo que la única solución posible para resolver el conflicto consiste, por una parte, en que España reconozca la identidad propia de Cataluña, respetando la cooficialidad de las dos lenguas, la enseñanza bilingüe y la cultura propia catalana, estableciendo también una aportación al principio de solidaridad de acuerdo con el principio de ordinalidad y, por último, trasladando a Cataluña algún órgano importante del Estado como sería el Tribunal Constitucional, además de convertir al Senado en una verdadera Cámara territorial decisoria. Y, por otra parte, Cataluña tendría que renunciar a la independencia y a mantener una relación bilateral especial con el Estado, en lugar de la normal como sucede con las demás comunidades autónomas», afirma De Esteban.

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