José María Baño, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid, ha publicado un artículo en el diario El País en el que alerta de los efectos perversos que para el ciudadano puede tener la nueva Ley de Procedimiento Administrativo, que, según él, «encierra graves restricciones de los derechos» individuales. Para acceder al texto completo, pinche aquí.
La norma, que entrará en vigor el próximo 2 de octubre, «merma garantías básicas de un Estado de derecho y facilita la arbitrariedad de la Administración, sin que, al parecer, los redactores de la Ley, que dicen querer mejorar la seguridad jurídica, hayan sido conscientes del potencial efecto perverso de algunas de sus disposiciones, propios de un Estado autoritario».
Entre los errores de la nueva ley destaca el hecho de que permita a la Administración la adopción de medidas provisionales como el embargo preventivo de la cuenta corriente, el cierre de un local ola prestación de fianzas en cualquier procedimiento.
En la actualidad y hasta que la nueva norma entre en vigor, la Administración solo puede adoptar medidas provisionales cuando una ley especial así lo determina expresamente.
