Hemos escrito que hoy es preferible un Pacto de Gobierno más que un Pacto de Estado. Naturalmente esto se aplica al Gobierno Central, pero muy especialmente al Autonómico, que es quien gestiona la sanidad.
El gobierno central aplica de acuerdo con unos parámetros como la población, el envejecimiento, la dispersión o la insularidad unas cantidades destinadas a gastos en sanidad que transfiere a las Comunidades Autónomas, pero estas son las que distribuyen los presupuestos regionales entre los diferentes departamentos. Y aquí se produce una discordante anomalía. La asignación que se dedica a la sanidad no está en correspondencia con las cantidades supuestamente asignadas a la entidad autonómica para dicho concepto.
Los presupuestos per cápita variaron en 2011 desde 1003 € en Baleares a 1495 € en Asturias, lo que constituye una enorme dispersión de 50% que no puede estar justificada por razones sanitarias, sino más bien por otros intereses que deberán ser explicados. Cuando se manifiesta el déficit ocurrido en sanidad en la mayoría de las Comunidades y salen a la luz los gastos extravagantes y despilfarros de recursos realizados simultáneamente en las mismas, automáticamente se relaciona con desviaciones injustificadas en el gasto de las Comunidades Autónomas en prejuicio del gasto sanitario.
Hay unanimidad en que los gastos de sanidad transferidos se apliquen de una forma finalista en los presupuestos de las Comunidades Autónomas y que toda clase de ingresos procedente de fuentes sanitarias (céntimo sanitario, diferentes tasas e impuestos sobre medicamentos etc.) sean encauzados al presupuesto sanitario. Este es el verdadero Pacto de Gobierno de las CC.AA. que sigue al otro Pacto de Gobierno de la Administración Central para la asignación prioritaria de gastos a la sanidad, como pide la población en todas las encuestas.
Eduardo Rodríguez Rovira es Presidente del Grupo Bayard en España y miembro del Foro de la Sociedad Civil.
