Un Estado de Derecho para ser eficaz, y si no lo es es otra cosa, requiere imperiosamente que la ley se cumpla y se cumpla con la máxima rapidez, de forma tal que con su cumplimiento se consiga plenamente el objetivo que se propuso el legislador al promulgarla.

La lentitud en la justicia, excesivamente formalista, ineficientemente dotada de medios materiales, anclada en procedimientos y expresiones claramente anticuadas, administrada y controlada por un grupo absolutamente politizado y ejercida por profesionales no siempre bien seleccionados y mal pagados, desvirtúa en demasiados casos los objetivos del legislador.

La tremenda proliferación legislativa de unos Gobiernos que no paran de proponer leyes de todo tipo, pensando que así resuelven los problemas de la sociedad, ayuda muy poco a la calidad de las mismas, y en algunos casos sólo sirve para que el siguiente Gobierno las derogue sin apenas haber tenido tiempo de juzgar su utilidad.

La duración de los grandes procesos, numerosos por la gran corrupción que hemos sufrido, ha puesto de manifiesto la impunidad de facto, durante años, de auténticos y notorios sinvergüenzas que, sin embargo, han sido muy hábiles a la hora de protegerse creando auténticos entramados de difícil clarificación.

La evolución de la muy grave situación creada en Cataluña, especialmente en los últimos años, pone de manifiesto a todo el que quiera verlo con objetividad y realismo que la situación, mientras el Gobierno decía constantemente que aplicará la ley y jamás habrá independencia, contrasta frontalmente con una realidad en la que el deterioro que se ha ido produciendo en la españolidad de Cataluña ha sido brutal.

El Gobierno de la Generalitat y ciertas instituciones y partidos, plenamente conscientes de las debilidades de España en un momento particularmente complicado, han seguido una política de hechos consumados que, a pasos agigantados, está creando un ambiente social que irremediablemente conduzca a la independencia de Cataluña, porque otra alternativa requeriría un proceso violento en estos momentos impensable.

La Generalitat ha ido dando pasos cada vez más largos y siempre en la misma dirección, y frente a eso, el Gobierno de España ha recordado una y otra vez enfáticamente que se va a cumplir la ley al mismo tiempo que dejaba de cumplirla, y son numerosos y notorios los ejemplos.

Por otra parte, mientras la Generalitat se esforzaba al máximo con todos los medios posibles a su alcance, incluyendo las cuantiosas ayudas del Gobierno de España, en empujar a la sociedad catalana hacia la independencia, el Gobierno de España hacía muy poco, prácticamente nada, para dar a conocer a los catalanes la verdad de sus relaciones con el resto de España y potenciar una corriente de españolidad que, desgraciadamente, en los últimos años ha caído en picado.

Todo el mundo sabe que, cuando se presenta una infección, no atajarla al principio con medidas efectivas y contundentes sólo puede servir para que la misma se agrave, en muchas ocasiones hasta situaciones imposibles de controlar racionalmente; y, desgraciadamente, los Gobiernos de Zapatero primero y de Rajoy después es lo que han hecho a lo largo de los últimos años, el primero por una acción absolutamente irresponsable y el segundo por su pasividad manifiesta.

Ahora nos encontramos, precisamente, en un momento crítico de nuestra economía, que es la base sobre la que se apoya todo nuestro estado de bienestar, con una situación política muy complicada que no se habría producido en circunstancias más favorables, aunque a algunos les interesa presentarla como definitiva.

El descrédito de nuestra clase política, fundamentalmente por el permanente aumento y abuso de sus privilegios y sus numerosos e indecentes casos de corrupción, ha puesto de manifiesto una clamorosa falta de liderazgo que se trata de enmascarar apoyándose en unas estructuras de partido en las que el servilismo al jefe resulta obligado si se quiere sobrevivir.

Dos líderes absolutamente desgastados, con unos resultados electorales desastrosos, claramente cuestionados, enfrentados personalmente e incapaces de liderar la regeneración política que este país necesita, tienen la obligación moral de echarse a un lado y propiciar la formación de un gobierno como los de la Europa que funciona, encabezado por un político de prestigio con amplia experiencia, reconocido nacional e internacionalmente y sin aristas ideológicas, con reconocida capacidad de negociación y que pueda gobernar España manteniendo su crecimiento económico, erradicando la corrupción y reforzando la unidad de la nación, como de hecho quieren la mayoría de los españoles.

Eso es soñar, es probable; pero somos muchos los que todavía soñamos con una España próspera, unida y respetada.