Hace aproximadamente un mes, asistía a una reunión en la que un ilustre y muy bien preparado catedrático de Derecho Administrativo de una prestigiosa universidad de nuestro país nos informaba con detalle de la extraordinaria proliferación de leyes y disposiciones legales de todo tipo con “fuerza de obligar” que están vigentes en España y cuyo número aumenta cada día. Lo peor, nos decía, no es sólo la existencia de 17 parlamentos autonómicos con capacidad legislativa y otros tantos gobiernos con capacidad normativa, además de las Cortes y el Gobierno de la nación, con el extraordinario coste que esto ya supone. Lo peor es que quienes forman parte de esas instituciones se consideran en cierto modo obligados a dejar constancia de su dedicación a las mismas produciendo sin parar leyes, normas y disposiciones en muchos casos innecesarias, en la mayoría mal redactadas, en bastantes ocasiones incumplibles y en muchas incumplidas.

En la reunión, el conferenciante, después de asombrarnos con una detallada enumeración de la enorme cantidad de disposiciones que nos afectan y que teóricamente debemos cumplir, llegaba a una conclusión sorprendente pero probable y, desgraciadamente, muy acertada: “España sigue funcionando porque muchas leyes y disposiciones no se respetan ni se cumplen”.

El reciente anuncio de una nueva ley, una más, para que se cumplan las sentencias del Tribunal Constitucional, me ha recordado la afirmación de nuestro catedrático.

Es más que evidente que en nuestro país es desgraciadamente bastante habitual el incumplimiento de las leyes, y hay toda una picaresca desarrollada en torno a este tema desde hace siglos y que, de alguna manera, forma parte de nuestra educación. Sin embargo, en un Estado que se dice y quiere ser un Estado de Derecho, el respeto a la ley y la puntualidad en su cumplimiento son requisitos fundamentales.

Resulta sorprendente, sin embargo, que esa picaresca forme parte de la actuación de algunos de nuestros políticos, incluso de aquellos que desempeñan puestos de extraordinaria importancia, que, al amparo de unas leyes que les protegen en demasía, cuando debía ser todo lo contrario, actúan no sólo de una forma manifiestamente desleal que les descalifica radicalmente, sino conculcando abiertamente las leyes que a todos nos obligan y a ellos muy especialmente, porque han prometido o jurado respetarlas.

Negociar, como a todas luces se ha hecho a lo largo de los últimos años entre nuestros políticos, con la tolerancia en el incumplimiento de las leyes a cambio de determinados apoyos o silencios es, simple y llanamente, el suicidio del Estado de Derecho y, sin duda, la causa de nuestra actual situación política.

La reiterada contumacia del Sr. Mas, con la que pretende promover la secesión de Cataluña sin que ello haya sido objeto de otra cosa más que de reconvenciones y críticas por parte del Gobierno de la única nación a la que pertenecemos todos los españoles, pone de manifiesto la alarmante situación de fragilidad de nuestra democracia y la falta de liderazgo de unos políticos que parece que no entienden, digan lo que digan, que el respeto al estricto cumplimiento de la ley tiene que constituir la base de nuestra sociedad.

No se ha terminado la broma, como dijo en frase poco afortunada uno de los candidatos a la Presidencia de la Generalitat de Cataluña. Lo que se tiene que terminar son las reiteradas trampas del Sr. Mas y las conductas y debilidades que nos han conducido a esta situación.

Un Estado que no hace cumplir la ley con todo rigor no es un Estado de Derecho. Nuestra pretendida creatividad, genialidad y capacidad de improvisación tiene que orientarse por otros derroteros. Con el cumplimiento de la ley no caben ni los pactos ni los arreglos, ni los silencios, y de tanto buscar el consenso se nos está olvidando cumplirla; y de tanto buenismo, hacerla cumplir.

Nos enfrentamos una vez más con un problema de educación. Lo primero que necesita un Estado que pretende llamarse de Derecho es educar a sus ciudadanos en el respeto a la ley y en la exigencia de su puntual cumplimiento. Tener que hacer una ley para que la ley se cumpla resulta difícil de entender.

Los problemas de nuestra más reciente historia, por no irnos más lejos, se basan fundamentalmente en que quienes más obligados estaban a cumplir las leyes no lo han hecho, y estamos encarando un problema de enorme trascendencia para el futuro del país, precisamente porque esa culpable tolerancia hacia quienes incumplen las leyes les permite ir creciendo audazmente en su incumplimiento hasta límites que posteriormente constituyen barreras casi infranqueables que ponen de manifiesto la extraordinaria dificultad de superarlas.