Hace aproximadamente un mes, asistía a una reunión en la que un ilustre y muy bien preparado catedrático de Derecho Administrativo de una prestigiosa universidad de nuestro país nos informaba con detalle de la extraordinaria proliferación de leyes y disposiciones legales de todo tipo con “fuerza de obligar” que están vigentes en España y cuyo número aumenta cada día. Lo peor, nos decía, no es sólo la existencia de 17 parlamentos autonómicos con capacidad legislativa y otros tantos gobiernos con capacidad normativa, además de las Cortes y el Gobierno de la nación, con el extraordinario coste que esto ya supone. Lo peor es que quienes forman parte de esas instituciones se consideran en cierto modo obligados a dejar constancia de su dedicación a las mismas produciendo sin parar leyes, normas y disposiciones en muchos casos innecesarias, en la mayoría mal redactadas, en bastantes ocasiones incumplibles y en muchas incumplidas.