Entre la población afectada por la prolongación de la jubilación a los 67 años se encontrarán principalmente los empleados de más alta cualificación y los empleados de cierto nivel en el sector de servicios, que comienzan a trabajar tarde, pero estos serían precisamente el tipo de trabajadores que prolongarían su trabajo si el retiro fuera voluntario, como sucede con los funcionarios o los autónomos y estuviera incentivada la prolongación. Ya hemos señalado que normalmente los obreros manuales y las categorías inferiores del sector servicios empiezan a trabajar pronto y podrán seguir jubilándose a los 65 años. Esto es muy relevante. La diferencia en la esperanza de vida entre los más ricos y los más pobres es de 10 años, debido a su distinto nivel de salud. Sería injusto que la prolongación del periodo de trabajo afectara en la práctica a los trabajadores manuales y menos cualificados pues ello significaría que las personas de menos nivel y menor esperanza de vida serían forzadas a trabajar más tiempo para sostener las pensiones de los que menos lo necesitan y van a vivir más. Por lo tanto no deberíamos obligar a trabajar más a los que ya han trabajado suficientemente. Un operario que haya empezado a trabajar a los 18 años -y hay muchos- habrá estado empleado a los 65 años ¡45 años!, más dos de servicio militar, que no se tiene para nada en cuenta…
La oposición de principio a la jubilación obligatoria a una edad, no significa en absoluto estar en contra de la necesidad de trabajar más años, de una prolongación de la edad real de jubilación. En esto la coincidencia es total con la Comisión parlamentaria de evaluación del Pacto de Toledo cuando dice que “es necesario incentivar la prolongación voluntaria de la vida laboral más allá de la edad ordinaria de jubilación”. Para ello se proponen incentivos sociales, fiscales y laborales, incrementando las pensiones, incluso las máximas, se defiende la coexistencia de salario y pensión y el trabajo a tiempo parcial. El reciente Acuerdo para la reforma de las pensiones recoge sin ambages estas propuestas, cuando señala que “uno de los objetivos prioritarios de la reformas es hacer posible el alargamiento voluntario de la vida laboral y de las carreras de cotización de los trabajadores”. Así los incentivos para el trabajador serán de un incremento del 2 % anual en carreras inferiores a 25 años y del 2,75 % para carreras entre 25 y 37 años, a partir de los 67 años y en el caso de carreras completas del 4 % anual a partir de los 65 años. No hay límite de edad. Aquí estamos muy cerca del concepto de jubilación voluntaria. Pero echamos de menos unos incentivos más agresivos como han hecho en Suecia. Allí el conjunto de derechos devengados de la pensión en el momento de la jubilación se dividen por el número de años de esperanza de vida para el grupo de edad en cuestión. Esa sería su pensión anual. Si quiere retrasar su jubilación, esta aumentaría porque el divisor, el número de años de expectativa de vida, sería menor cada año que siguiera trabajando.
Los incentivos como hemos señalado anteriormente deben de estar dirigidos muy especialmente a los empresarios. Cuando una persona mayor de 50 años pierde su trabajo le es muy difícil recuperarlo. Por ello también según aumenta la edad crece el porcentaje de las personas que trabajan por cuenta propia, de tal forma que la inmensa mayoría de los que siguen trabajando después de los 65 años no son asalariados. Desde el punto de vista de las empresas existe una oposición generalizada a contratar personas maduras. El 64% de los empresarios están en contra de la prolongación (Fundación Ortega-Marañón, febrero 2011) No importan las declaraciones de buena voluntad. Hay una lógica económica en la búsqueda del beneficio, por la cual si un trabajador cobra por encima de su contribución marginal, perderá su empleo y los premios a la antigüedad en todas sus formas pueden actuar en contra del trabajador de más edad. Se prefiere una persona joven, con escaso salario y en muchos casos con formación más al día que un empleado de más edad “más caro” y quizás obsoleto. Y en caso de crisis de la empresa los maduros son los que saltan antes. Es por tanto imprescindible reducir las cargas de la seguridad social que soportan las empresas, los llamados impuestos al trabajo, para las personas a partir de 55 años, como recomienda el Pacto de Toledo. Las subidas salariales en esos tramos de edad deberían ser restrictivas por el bien del propio trabajador de edad. Con estas dos medidas los trabajadores mayores no serían cada año más caros para la empresa. Los incentivos para la contratación de parados de larga duración, aprobados por el Gobierno español están en esta línea. Por supuesto, complementariamente hay que hablar de las penalizaciones al anticipo del retiro, de lo que se tratará en otro momento.
Eduardo Rodríguez Rovira es Presidente del Grupo Bayard en España, accede a su blog.
