Una muy apreciable, ya caudalosa y creciente, corriente de pensamiento económico viene afirmando doctrinalmente y sosteniendo empíricamente que el crecimiento económico, ahora y siempre, ha estado soportado por dos factores: la innovación tecnológica y la idoneidad institucional.
Si desde hace tiempo –aunque no tanto– abundan los estudios y referencias a la (ahora popular) I+D y su robusta relación con la creación de riqueza, la ‘calidad institucional’, es decir, la idoneidad de las reglas de juego –en este caso leyes– para facilitar la creación de riqueza, es cada vez más protagonista del análisis de lo que podríamos llamar sostenibilidad del crecimiento económico.
La crisis que hoy asuela España hunde sus raíces en dos debilidades estructurales de nuestra economía: déficit de ahorro, traducido en una enorme e insostenible deuda externa, y exigua y decreciente productividad y competitividad de nuestra producción económica, lo que genera un déficit comercial que realimenta nuestra deuda externa.
Estas flaquezas se ven empeoradas por otras dos ‘enfermedades’ que se suman negativamente a aquellas: cuentas públicas del Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos insostenibles, y rigideces en los mercados de factores –especialmente el laboral– que entorpecen la actividad económica.
En una economía globalizada y careciendo de soberanía monetaria, lo que puede, y debe, hacer España para salir de esta crisis y crecer sostenidamente es, simple y llanamente, “protocolario”; es decir, lo que manda la razón económica, soportada por una ciencia especialmente sólida en el ámbito que nos ocupa.
Productividad y salarios
Aunque, asombrosamente, todavía hoy se escuchan voces en España –incluidas algunas que se dicen empresariales– que ponen en cuestión la mejora de la productividad –un asunto alemán, dicen algunos– y su necesaria relación con la evolución de los salarios, la recuperación y sostenibilidad de nuestro crecimiento económico exige necesariamente, entre otras medidas estructurales, equilibrar las cuentas públicas, sanear las instituciones financieras insolventes, reformar el marco de relaciones laborales y optimizar nuestros costes energéticos.
Pero ello no sería suficiente para el propósito que tanto nos preocupa. Es obligado, además, llevar a cabo otras políticas: acrecentar nuestras inversiones tecnológicas, especialmente TIC; redoblar el esfuerzo innovador, particularmente el privado; otorgar a la educación y la formación ocupacional la máxima prioridad estratégica, y fomentar la exportación e internacionalización de nuestras empresas.
No es posible disfrutar de un crecimiento sostenible en nuestro país sin innovar y exportar cada vez más. Sin embargo, aunque se están tomando algunas medidas políticas en la buena dirección: disminución del déficit presupuestario de las cuentas del Estado y reforma del sistema de pensiones, ello no será suficiente para crear las bases institucionales necesarias para impulsar el crecimiento económico y del empleo que todos anhelamos.
La economía española, es decir, nuestras empresas, siempre han respondido bien a los desafíos del reciente pasado, entre los que cabría destacar el plan de estabilización de 1959, la adhesión a las Comunidades Europeas en 1986 y la integración monetaria en el Euro en enero de 2002. En los tres casos, España hizo lo que tenía que hacer y tras cumplir ‘el debido protocolo’, los resultados positivos no tardaron en llegar.
