En los últimos treinta años, el sector eléctrico se ha visto sometido a cambios regulatorios frecuentes y profundos. Los cambios introducidos como consecuencia de la decisión sobre la moratoria nuclear y el Plan Energético de 1983, el Protocolo de acuerdo de 1986, el llamado Marco Legal Estable, la LOSEN (1994), la LSE (1997) y, posteriormente, las disposiciones orientadas a atajar el déficit de tarifa (2009, 2010 y 2011) –consecuencia de una inadecuada regulación de la generación a partir de fuentes renovables y cogeneración y de la ausencia de revisiones regulatorias- habían puesto de manifiesto una necesidad, sentida ya anteriormente, de poner orden en la regulación del sector.