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El Tratado de la Unión atribuye a los órganos jurisdiccionales de los 27 Estados miembros la facultad de dirigirse al Tribunal de Justicia cuando, teniendo que aplicar una norma europea en el asunto que están juzgando, consideren que existen dudas sobre su validez o interpretación. Es lo que se conoce como procedimiento de decisión prejudicial.

El juez nacional pregunta al Tribunal Europeo si es de aplicación al caso una norma europea o cómo debe interpretarse la misma. El Tribunal contesta a su pregunta y con la respuesta, que tiene fuerza de cosa juzgada, el juez dicta su sentencia. El magistrado, titular del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Barcelona, señor Fernández Seijo, planteó al Tribunal la cuestión de si el sistema de ejecución hipotecaria previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil española restringe la protección contra las cláusulas abusivas en los contratos prevista en el ordenamiento jurídico europeo.

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Al menos un par de veces al año suelo regresar a la casa paterna en Sevilla para –como Anteo- recuperar energías en contacto con la madre tierra, y disfrutar de la compañía de mi hermana y de los buenos amigos de los lejanos tiempos de la Universidad. Nada más cruzar Despeñaperros, me topo con la “sombra de Rebeca” de  los falsos Expedientes de Regulación de Empleo, que me recuerdan La historia interminable de Michael Ende. En el anterior viaje, el fantasma de los ERE parecía haberse evaporado, coincidiendo con la ausencia por enfermedad de la juez instructora del caso, pero –tras seis meses de baja- Mercedes Alaya ha vuelto plena de ánimo y con las pilas recargadas y ha retomado el proceso. Como en el caso de las comedias de Lope de Vega, en 24 horas -el tiempo que dedicó a interrogar ininterrumpidamente en su despacho a 22 sospechosos de la ‘Operación Heracles’, para evitar que se excediera el breve y perentorio plazo previsto por la ley procesal para la detención preventiva-, varios de ellos pasaron de las Musas, no al teatro, sino a la trena. Con esto, son ya 68 los imputados en el caso y 7 los encarcelados, y el fantasma ha reaparecido.

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Tras las II Guerra Mundial, Alemania quedó derrotada, ocupada y maltrecha física y moralmente. Su economía se hundió y el marco se devaluó hasta límites insospechados. Los alemanes aún no han superado del todo este trauma y siguen obsesionados por el control de la inflación y del excesivo gasto público.

¿Una Alemania europea o una Europa alemana?

Con la ayuda inicial de Estados Unidos y el ulterior apoyo de Francia y Gran Bretaña, Alemania inició su recuperación política y económica en medio de un clima de desconfianza. El Pacto de Bruselas de 1948 -que dio lugar a la UEO- se firmó para impedir un posible rearme germano. La OTAN se estableció un año más tarde para -en frase atribuida a Churchill- “mantener a los americanos dentro, a los rusos fuera y a los alemanes abajo”. Igual ocurrió en el plano económico con la creación en 1951 de la CECA, cuyo objetivo era controlar el carbón y el acero, los productos básicos de la industria bélica. No obstante, con visión de futuro, los padres de Europa –los Monnet, Spaak, Schumann y Adenauer- superaron este temor y sentaron las bases de la cooperación e integración europeas, con la constitución en 1957 de la Comunidad Económica Europea.

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Hace ya bastantes años, cuando cursaba mis estudios de Economía, me impresionó mucho una de las clases del profesor Fuentes Quintana. En ella explicó las características de los Presupuestos en un régimen democrático, su significación y valor como compromiso público respecto a la política económica y los principios que debían dirigir su formación, aprobación, ejecución y control. Pero lo que auténticamente me impresionó fue cómo mi maestro resaltó la soledad de todo ministro de Hacienda que se decidiese por el equilibrio entre gastos e ingresos, es decir, que aplicase la conocida receta del «santo temor al déficit» del ministro D. José de Echegaray. Se encontraría solo a la hora de preparar un Presupuesto riguroso, pues sus colegas de Gobierno, su partido y sus posibles aliados parlamentarios se mostrarían reticentes con las limitaciones de gasto que supondría tal equilibrio. La oposición pediría más gastos públicos para atender a su electorado y los analistas considerarían poco verosímiles sus predicciones sobre la situación económica cuando no coincidiesen con las que ya ellos hubieran formulado. Incluso podrían aparecer revueltas populares contra los Presupuestos.

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En mi última columna destacaba el creciente movimiento de opinión favorable a una reforma de la Constitución de 1978 para modificar el régimen autonómico en ella previsto.

Seudo-federalismo del Estado de las Autonomías

Según Luis López Guerra, el Título VIII de la Carta Magna no dibuja un mapa preciso sobre la configuración de las CCAA o la atribución de competencias a las mismas. Se limita a establecer un marco jurídico que se ha visto completado por las fórmulas de organización diseñadas por los Estatutos de Autonomía, las leyes orgánicas estatales y la jurisprudencia del TC. Se ha ido creando así un “acervo autonómico”, que ha llevado a la ampliación del techo competencial a los niveles máximos permitidos y que ha adquiridostatus cuasi constitucional. El modelo territorial presenta un carácter abierto, pues el Estado ha renunciado en la práctica al procedimiento de “armonización” y ha recurrido generosamente al artículo 150-2, que permite transferir a las CCAA “facultades correspondientes a materias de titularidad estatal que, por su propia naturaleza, sean susceptibles de transferencia o delegación”.

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