Por el costosísimo y muy endeudado Estado de las Autonomías nos estamos acercando cada vez más a la insolvencia, tanto estatal como de las comunidades autónomas. Para financiar las Autonomías ha sido necesario aumentar los impuestos, hacer recortes sociales y establecer copagos en la prestación de ciertos servicios. Al no recortar sustancialmente la estructura político-administrativa de las CCAA, ha sido necesario adelgazar más todavía el ya debilitado Estado del Bienestar.
El modelo autonómico no es viable por sus altísimos costes y sus exigencias financieras, que no se corresponden con su escasa eficiencia en la prestación de servicios al ciudadano.
Las autonomías se establecieron para integrar a las fuerzas nacionalistas en el marco constitucional de 1.978, pero los nacionalismos catalán y vasco no aceptan actualmente con la debida lealtad esa Constitución, rechazan el Estado autonómico y, más o menos explícitamente, aspiran a la independencia de sus territorios.
Además, el desarrollo autonómico ha roto la unidad normativa nacional con la consiguiente quiebra de la unidad de mercado que encarece nuestros productos hasta hacerlos no competitivos a nivel europeo. También ha afectado negativamente a la unidad educativa y cultural, así como al fomento de la lengua castellana. El mito de las ventajas de las autonomías para los ciudadanos se ha venido abajo. El Estado de las Autonomías ha sido un fracaso político, económico y social, que ha fragmentado España en vez de mantenerla unida, como era su objetivo. La enfermedad que aqueja al Estado de las Autonomías es terminal y su bancarrota parece inevitable: el Estado autonómico es un modelo de Estado fallido.
Por ello, actualmente, la eliminación de las autonomías es deseable para la mayoría de los españoles, según las diversas encuestas, salvo la del Centro de Investigaciones Sociológicas que dice que solo el 40 % de la población quiere dicha eliminación.
Sin embargo los políticos, por su propio interés, se obstinan en mantener un modelo autonómico que es ruinoso para el ciudadano; pero que, en cambio, es muy provechoso para los partidos políticos ya que las autonomías son una fuente de poder y de puestos de trabajo para la clase política y para sus enchufados.
Desde luego la existencia de las insostenibles CCAA imposibilita que España cumpla sus objetivos de déficit presupuestario y que salga de la crisis. La persistencia de la recesión y de la elevada cuantía del número de parados hará que Europa nos obligue a elegir entre el mantenimiento de nuestras ruinosas autonomías o nuestra pertenencia a la desarrollada Europa del euro. Efectivamente, si lo antes posible no se reduce drásticamente el gasto y la estructura político-administrativa de las CCAA, la desaparición del Estado de las Autonomías llegará a ser inevitable, por una mera cuestión de supervivencia colectiva.
Pero todavía estamos a tiempo de salir voluntariamente del ruinoso laberinto autonómico, antes de que Europa tenga que rescatarnos traumáticamente, para poder seguir en el selecto club del euro. Menos mal que existen salidas de ese laberinto. En mi reciente libro El Ocaso de las Autonomías expongo algunas de esas salidas. Unas son más factibles que otras, dado que la eliminación o la reforma sustancial del Estado de las Autonomías exige una modificación esencial de nuestra Constitución de 1.978, que reconoce a “las nacionalidades y regiones” el derecho a la autonomía política.
Ciertos partidos políticos afirman ahora que lo mejor para salir del laberinto autonómico es implantar en España un Estado federal, lo que supone el reconocimiento de que el autonómico “café para todos” ha fracasado si bien, a pesar de ello, quieren sustituirlo por un federal “café con leche para todos”, igualmente ruinoso e inviable.
Si no se quiere modificar nada de la actual Constitución, la única pero insuficiente salida factible del laberinto autonómico sería que, como la autonomía es un derecho renunciable, las CCAA que lo acordasen devolvieran al Estado todas sus competencias a cambio de grandes incentivos o ventajas, como la asunción de sus deudas públicas por el Estado y la concesión a ellas de excepcionales y voluminosas inversiones creadoras de puestos de trabajo.
Sin embargo, la óptima y más urgente salida de ese ruinoso laberinto es la eliminación de las autonomías mediante la implantación de un Estado unitario -para lo que es conveniente que se llegue previamente a un acuerdo entre el PP y el PSOE para modificar el Título VIII de la Constitución-, dado que un número creciente de españoles somos partidarios de una plena recentralización política que tenga en cuenta los hechos diferenciales de algunos territorios españoles. Para que España se convierta en un Estado unitario habrá que celebrar elecciones a Cortes constituyentes.
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Escribe el profesor Ignacio Sotelo, catedrático de sociología y referente de la izquierda ilustrada española: “parece que hemos llegado a la etapa final del régimen que creó la Transición. Siguen abiertas, junto con la cuestión republicana, las que atañen al modelo socioeconómico de producción y a la organización del Estado. En esta tesitura cabe tan solo una renovación a fondo de las instituciones, a lo que sin duda empuja la gravedad de la crisis, pero es algo que un régimen moribundo no está en condiciones de acometer (…) es probable que en los próximos años asistamos impasibles al desmoronamiento del orden institucional que, como ha ocurrido tantas otras veces en nuestra historia, desemboque en un nuevo período de inestabilidad en el que todo puede ocurrir” (El País de 11 de mayo). Ayer, los exministros Jordi Sevilla y Josep Piqué coincidían: “Es muy probable que el proyecto político de la Transición, en cuyo marco hemos vivido, esté agotado” (diario El Mundo).
